La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), es un pilar fundamental en la protección de los trabajadores en España. Sin embargo, su aplicación a las personas con discapacidad requiere una revisión y actualización urgente para adecuarse a las necesidades y derechos de este colectivo.
Una clínica jurídica reciente, llevada a cabo por el Centro de Estudios Garrigues, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación Derecho y Discapacidad, ha abordado esta necesidad de adaptación. El estudio se centró en los «Derechos de las personas trabajadoras con discapacidad a la protección de la seguridad y salud en el puesto de trabajo» y propuso modificaciones a la LPRL para alinearla con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La ley actual, aunque ha sufrido reformas, como la del artículo 49, sigue mostrando áreas que requieren mejoras para garantizar la seguridad y salud laborales de las personas trabajadoras con discapacidad. El enfoque predominante ha sido, hasta ahora, restringir el acceso a ciertas posiciones o el manejo de ciertas maquinarias y equipos a las personas con discapacidad, debido a la falta de adaptación de estos recursos. Sin embargo, este enfoque es insuficiente y obsoleto.
Lo que propone la clínica jurídica es un cambio de paradigma: en lugar de limitar las oportunidades laborales para las personas con discapacidad, se debe revisar y adaptar las infraestructuras, instalaciones, equipos y herramientas para facilitar el acceso a una gama más amplia de trabajos. Este enfoque no solo es más inclusivo, sino que también se alinea con los principios de igualdad y no discriminación.
El CERMI, en este contexto, aboga por una inclusividad palpable en toda la normativa, asegurando que las personas con discapacidad tengan un lugar y protagonismo en el entorno laboral. Esto implica garantizar la accesibilidad y la adaptación de los espacios de trabajo, cuando sea necesario, para permitir que las personas con discapacidad trabajen en condiciones de seguridad y salud equiparables a las de otros empleados.
Este esfuerzo de actualización de la LPRL no es solo un paso hacia la igualdad legal y práctica en el lugar de trabajo, sino también un avance significativo en el reconocimiento de los derechos y capacidades de las personas con discapacidad. Al adaptar la legislación a las necesidades de este colectivo, España puede avanzar hacia un mercado laboral verdaderamente inclusivo y equitativo, donde cada individuo tenga la oportunidad de contribuir plenamente según sus capacidades y en condiciones de seguridad y salud adecuadas.
