A Laura Borrás, ex presidenta del Parlament y presidenta de JxCAT, y Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat valenciana, que se postula como candidato a la alcaldía de València, les han puesto en serios aprietos los otros acusados en los juicios que se están celebrando esta semana. Estos han llegado a acuerdos con los fiscales para señalar a sus ex compañeros en lo que parece el principal objetivo del ministerio público: lograr la condena de los dos significados políticos territoriales.
Por tal motivo, se ha generado una tensa situación en las salas de vistas de la Audiencia Nacional, en uno de los casos, y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el otro. Las descalificaciones de unos hacia los otros que rozan, en ocasiones, lo miserable, dan la medida de la trascendencia de estas causas en las que está en juego la credibilidad de los dos líderes políticos. También de sus formaciones. El independentismo radical de Carles Puigdemont, y el PP valenciano.
Las acusaciones hacia Borrás son de manual. Cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017, presuntamente amañó unos contratos con un amigo, el informático Isaías Herrero, para no tener que someterlos a concurso público. El sistema que utilizaron es de libro. Trocear las contrataciones. 18 por un total de 335.700 euros.
Es una práctica habitual en las administraciones públicas. De esta manera no es necesaria la convocatoria de un concurso público donde pueden aparecer terceros. Pero, a Laura Borrás un sistema tan habitual le estalló en las manos. Cometió el error de dar instrucciones por correo electrónico para la confección de estos presupuestos, que nunca sobrepasaban la cifra de los 18.000 euros. Los correos acabaron en manos de la fiscalía. Y de ahí la acusación de prevaricación y falsedad documental, delitos para los que el fiscal pide 6 años de cárcel y 21 meses de inhabilitación para Borrás
El principal beneficiado de estos contratos, Isaías Herrero, ha confesado haber sido el autor, junto a Borrás, de estos contratos. Admitió que ambos acordaron que él se encargase de la gestión informática de la página web de la institución. Pero, para sortear el trámite del concurso público, decidieron amañar los contratos de prestación de este servicio de tal manera que no sobrepasasen los 18.000 euros. Herrero presentaba a la institución tres presupuestos diferentes, uno con la clave OK. Ese era el bueno. Los otros dos se rechazaban. El autor de los presupuestos era el propio Herrero, según su declaración ante el tribunal. Incluso llegó un momento en el que la propia Borrás, a través de los correos detectados, le planteó que ella misma podía confeccionar esos presupuestos desde la entidad que dirigía.
El otro acusado, el empresario, Andreu Pujol, ratificó las declaraciones de su amigo, Isaías, y manifestó haber colaborado en los amaños facilitando la cobertura de su empresa, e incluso su firma, para esos presupuestos falsos que luego se rechazaban.
Herrero y Pujol han puesto en una situación muy complicada a la dirigente catalana con sus confesiones. Y ello sentó muy mal a los defensores de Borrás. Isabel Elbal y Gonzalo Boyé, que llevan protestando en todas las sesiones alegando irregularidades que son rechazadas por el tribunal, intentaron desacreditar las declaraciones de Herrero cuestionándole su situación personal como toxicómano. Y tocó intervenir a la presidenta de la sala que acabó por retirar la palabra a la defensa “porque las preguntas que está haciendo no tienen nada que ver con los hechos”. Herrero confesó su adicción a los estupefacientes lo que acabó por convertir el juicio en un circo. Mala imagen para Borrás que sigue preconizando su inocencia y calificando este juicio de “político” y de “represalia hacia el independentismo catalán”.
Un circo en el que también se ha convertido el juicio a Francisco Camps. Los otros dos principales acusados, Francisco Correa y Álvaro Crespo, le han señalado como “el jefe” de la trama generada en torno a la empresa Orange Market destinataria de concesiones irregulares, la mas significativa, la que se está examinando en este juicio, la del stand de la feria Fitur por 18 millones de euros. Crespo ha manifestado que durante el registro policial que se llevó a cabo en la sede de la empresa por orden del juez Baltasar Garzón, contactó telefónicamente con Pedro García, entonces director general de la televisión autonómica valenciana, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, y Vicente Rambla, vicepresidente del partido, para que avisasen “al jefe” y le dijesen “que todo va bien. Que todo está controlado”. Cuando el fiscal le preguntó que quien era “el jefe”, Crespo no dudó en contestar: “Paco Camps”.
Correa y Crespo han desmontado la coartada de Francisco Camps quien dice que no tenía relación alguna con ellos. En el transcurso de la boda de la hija de José María Aznar, Correa y Camps acordaron la “prestación de servicios” a través de una empresa, la que luego se llamaría Orange Market, en la comunidad valenciana.
La semana pasada, tras la conclusión de una de las sesiones del juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, Francisco Camps se acercó a Carrea y le dijo “me estás arruinando la vida”. Y, al parecer, según denuncia de su abogado, le llamó “hijo de puta”. El abogado ha puesto en conocimiento del tribunal estos insultos. El tribunal dice que no puede actuar porque “los hechos tuvieron lugar cuando el tribunal ya se había disuelto por haber concluido la sesión” y aconseja a Francisco Correa que presente una denuncia en los juzgados de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, municipio donde se encuentra situada la sede especial de la AN donde se celebra el juicio.
Camps, que hasta ahora ha sido absuelto en todas las causas en las que se ha visto implicado, las llamadas “piezas valencianas” de Gürtel, corre peligro, en esta ocasión de acabar mal. El fiscal pide para él dos años y medio de cárcel, que no cumpliría por ser su primera condena, y 10 de inhabilitación por delitos de prevaricación y fraude a la administración pública. Si es condenado, Camps no podrá llevar a cabo su aspiración de presentarse a la alcaldía de València. Ahora ya lo tiene difícil porque en el PP no cuentan con él. Pero no imposible debido a su popularidad. Sigue insistiendo en su inocencia.
Pero la consecuencia más grave, tanto para Borrás como para Camps, no son las condenas que les puede caer en estos juicios, sino el hecho de que van a quedar muy desacreditados. No son juicios políticos, como ellos quieren hacer ver. Son acusaciones de corrupción. Y esto está muy mal visto por la ciudadanía. Aquí, y en Catalunya y Valencia. Mala imagen, otra vez más para los soberanistas de JxCAT y para los conservadores del PP en pleno periodo electoral.
