Los problemas de la jueza Alaya

Mercedes Alaya, la jueza que instruyó los casos Ere, Mercasevilla, y Betis está destinada en la Audiencia Provincial de Sevilla y sueña con obtener una plaza en la Audiencia Nacional. Lo ha intentado en dos ocasiones y en ambas ha sido rechazada. Primero, para sustituir a Carmen Lamela, una plaza que, al final, obtuvo María Tardón. La otra, para ocupar la vacante que dejó Fernando Andreu y que se adjudicó a José Luis Calama. Va a seguir insistiendo porque su objetivo es volver a instruir casos que es lo que le gusta, según ella misma reconoce. Pero Alaya se va a encontrar con problemas. Los exconcejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla entre 2007 y 2014, Antonio Torrijos y José Manuel García, estudian presentar una querella criminal contra ella por prevaricación.

En el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional del 24 de octubre al 1 de noviembre por la supuesta adjudicación irregular de unos campos de futbol de césped artificial de titularidad municipal a la empresa Fitonovo, el fiscal decidió retirar la acusación contra Torrijos y García porque no había constancia de que hubiesen participado en dicha adjudicación, sino que se efectuó a través de una mesa de contratación en la que, ni siquiera, estaban ellos.

Para llevar a Torrijos y a García a juicio, la jueza Alaya utilizó el mismo argumento que la tiene obsesionada jurídicamente y que ha llevado a la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán: la “responsabilidad jerárquica”. En palabras entendibles para el profano en materia judicial se trata de hacer responsables penalmente a los superiores políticos de todas las irregularidades penales que puedan producirse en las administraciones públicas. Si Alaya hubiese instruido los casos Lezo o Púnica, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se sentaría en el banquillo de los acusados.

Una figura de difícil encaje penal. Aunque el Tribunal Supremo ha ratificado la tesis de Alaya, se han generado serias dudas expresadas en dos votos particulares de la sentencia y, ahora, en la Audiencia Nacional donde el Ministerio Público no ve delito alguno por “jerarquización” a los responsables políticos de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla entre 2007 y 2014. Tanto Torrijos como García quedan “exonerados” de la comisión de cualquier delito en relación con este caso. No es que hayan sido absueltos, es que, tal y como dijo la presidenta del Tribunal, “no hay acusación alguna contra ustedes. Pueden irse a sus casas”. No hacen falta pronunciamientos favorables.

Y es por esa razón por la que los abogados de Torrijos y García estudian llevar a cabo acciones penales contra Mercedes Alaya “en defensa de la dignidad de la justicia española”, ha señalado García.

Los perjuicios han sido muy graves. García presentó la dimisión al declarársele imputado, – entonces se llamaba así-, en el sumario abierto por Alaya. Tuvo que retirarse de la vida política. Incluso pasó una buena temporada sin ingresos ya que no pudo acceder al paro al haber sido una baja voluntaria. En cuanto a Torrijos, que era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla de un gobierno de coalición con el PSOE, fue imputado pocos días antes de unas nuevas elecciones locales. Iba de cabeza de lista por IU. La acusación y el ruido mediático que originó provocó un retroceso electoral muy importante. Y tuvo que renunciar. Además, también estaba imputado en una de las piezas del Caso Mercasevilla. Otra imputación que se quedó en nada al ser absuelto junto con otros altos cargos, entre ellos el concejal del PSOE, Gonzalo Crespo.

Alaya ha sufrido otro importante revés en torno al Caso Mercasevilla. No se pudo probar que el principal acusado, el ex delegado de empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas, pidiese una comisión a la empresa del grupo hostelero La Roza por la gestión de la escuela de hostelería promovida por el mercado central de abastos. El Supremo lo absolvió de un delito de cohecho. Este asunto fue el que dio lugar a la apertura del sumario de los Eres cuyo resultado de todos es conocido.

La jueza Alaya fue muy criticada, en su día, por todos los partidos políticos. En especial por el PSOE, en donde sospechan que existe cierta inquina por parte de la Magistrada. Y, sobre todo después de unas declaraciones suyas al periódico ABC en las que dice, textualmente, que “había un acuerdo político evidente que consiste en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP el resto de sus comunidades autónomas”. Por menos, otros jueces fueron expedientados por el Consejo General del Poder Judicial. Y no es de extrañar, por tal motivo, que en el PSOE y en IU hablen de “linchamiento político”. Ahora se quiere ir mas lejos. Cortar las alas a Mercedes Alaya. La izquierda andaluza tiene la sensación de que la magistrada ha cometido demasiados errores en sus instrucciones.