Banco Santander ha presentado hoy sus resultados de los primeros nueve meses de 2022 y, en principio, han sido buenos: 7.316 millones de euros en los nueve primeros meses de 2022, un 25% más en euros corrientes con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin contar el cargo extraordinario de 530 millones de euros en el mismo periodo de 2021, el beneficio ordinario creció un 15% en euros corrientes.
En el tercer trimestre estanco, el beneficio atribuido fue de 2.422 millones de euros, un 2% más (+11% en euros corrientes), tras incorporar un cargo neto de 181 millones de euros por la nueva normativa de moratorias en Polonia.
Sin embargo, estos resultados, que podrían ser calificados de espectaculares, no han tenido efecto en el mercado porque, a la hora en que se escribe esta crónica, el valor de la acción del Santander está cayendo un 4,44%, lo que podría indicar una falta de confianza en la situación real de la entidad presidida por Ana Patricia Botín.
Esta reacción del mercado contrasta con la que ha tenido con Unicredit, cuyo CEO es Andrea Orcel. El banco italiano ha tenido que modificar al alza sus objetivos para 2022 tras unos resultados espectaculares. Mientras el Santander cae un 4,44%, el valor de la acción de Unicredit sube un 3,30%:
Insolidaridad y falta de compromiso social
Los beneficios de 7.316 millones demuestran también la insolidaridad y la falta de compromiso social del Santander con la ciudadanía, en el sentido de que ha sido uno de los más duros contra el impuesto a la banca aplicado por el gobierno. Con unas ganancias netas como las presentadas por el banco presidido por Ana Patricia Botín es absolutamente injustificable que estén liderando una rebelión contra una tasa que está destinada a que las consecuencias de las actuales crisis no las paguen los mismos de siempre.
En primer lugar, el impuesto a la banca es temporal. En segundo término, hay un consenso internacional, previo a la crisis y a la pandemia, de que las grandes corporaciones deben aportar más a las economías reales a través del mantenimiento del estado del bienestar.
Por otro lado, estos beneficios, de los que los grandes accionistas se llevarán un dividendo multimillonario, demuestran la falta de compromiso social. En primer lugar, con su propia plantilla, a la que han masacrado desde que el Santander está presidido por Ana Patricia Botín con ERE salvajes. En segundo término, el cierre compulsivo de oficinas ha dejado a la España vaciada sin servicios bancarios o en manos de agentes externos que, tal y como se ha comprobado en Valle de la Serena, pueden cometer estafas que arruinen a todo un pueblo.
Estos más de 7.000 millones de beneficios indican que el Santander tiene capacidad para pagar el impuesto del gobierno, para no haber despedido a decenas de miles de trabajadores y para mantener abiertas las oficinas de la España rural.
