Miles de personas han quedado con secuelas a causa del covid persistente. Muchas de ellas han perdido su empleo y otras están trabajando en condiciones penosas, con fatiga, cansancio y trastornos respiratorios y neurológicos. La lucha de todas ellas por ser reconocidas como víctimas de la pandemia comienza ahora. El Sindicato de Enfermería SATSE ha solicitado al Gobierno que reconsidere su postura y mantenga el derecho de los profesionales sanitarios a la asimilación de la covid como enfermedad profesional, informa la organización sindical.
La iniciativa podría abrir el camino a que otros colectivos profesionales reclamaran compensaciones por los daños que han sufrido. Vendedores, dependientes de supermercados, transportistas, personal de servicios públicos esenciales y otros empleos que estuvieron en primera línea de combate durante lo peor de la pandemia han pagado un alto precio por su altruismo. ¿Quién se ocupa ahora de ellos, quién los compensa por los estragos del virus que han sufrido mientras ellos se jugaban el tipo y la población estaba segura en sus casas durante el confinamiento? Sin duda, se abre una puerta a un cambio legal y a acciones judiciales, sobre todo teniendo en cuenta que miles de personas sufren este trastorno en nuestro país.
Sólo el 15,6 por ciento de los afectados por covid persistente trabaja en condiciones de normalidad, frente al 46 por ciento que está de baja o trabaja con mucha dificultad, según los resultados preliminares de la encuesta de seguimiento que ha realizado la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) junto con los colectivos de pacientes. Elena Hernández, vecina de Tudela, fue diagnosticada de covid en octubre de 2020. “Lo cogí con una carga bastante alta y en ese periodo perdí 4 kilos, he perdido 17 kilos desde entonces. Piensas que se va a pasar, pero cuando me dieron mi PCR negativa yo seguía sin encontrarme bien y hasta ahora ha sido así”, cuenta en la Cadena Ser. Cansancio, ahogo, arritmias, fatigas, mareos… “Muchos días me tengo que meter directamente en la cama” asegura.
“Nos mandan a trabajar y no estamos bien”. Esa es la principal queja que refieren las víctimas de este gran drama nacional del que nadie quiere hablar ya. Ahora tratan de organizarse para defender sus derechos y conseguir una vida más digna.
Cartas a Yolanda Díaz
El covid persistente presenta una elevada prevalencia y una importante afectación negativa en la salud física y mental de los profesionales sanitarios. En sendas cartas dirigidas a la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así como al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, SATSE traslada su rechazo al hecho de que se haya derogado tácitamente, y sin mención a ninguna norma, la asimilación del covid como enfermedad profesional para aquellos sanitarios que la contraen en el desempeño de su trabajo.
El sindicato resalta que la enorme variabilidad de las secuelas y la diferente gravedad de estas, junto con el desconocimiento de la evolución que tendrán en el futuro, obliga a un tratamiento diferencial que mejore la protección de los profesionales. Por ello, considera especialmente injusta la medida adoptada por el Gobierno
Esta derogación se hizo efectiva tras la publicación, el pasado 5 de julio, del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declara la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid, y el cese en la aplicación de las medidas extraordinarias establecidas, recuerda SATSE.
El Sindicato se dirigió en julio a la Secretaría de Estado de Seguridad Social para aclarar esta cuestión, y su respuesta fue que entienden que la vigencia de este derecho finalizó en el momento en el que se levantaron todas las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria.
Lucha política y judicial
Satse no entiende que un organismo gubernamental pueda interpretar y dar por hecho que las normas no se derogan expresamente, “sino según el contexto”.
Por ello, y mientras no se publique en una norma lo contrario, el Sindicato considera que el derecho le asiste para entender que sigue en vigor el Real Decreto donde se estableció que el personal que trabaja en los centros sanitarios y sociosanitarios, y haya contraído el virus en el ejercicio de su profesión, tiene las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional.
La organización sindical reafirma su postura, además, en el hecho de que el Gobierno, en su acuerdo del 5 de julio, reconoce que la primera recomendación que se hace a la ciudadanía y a las distintas administraciones es la protección a la población vulnerable, entre la que se integran los profesionales del ámbito sanitario y socio-sanitario, entre otros.
El Sindicato de Enfermería reitera la elevada prevalencia del covid persistente entre los profesionales sanitarios y sociosanitarios, y que sus perjudiciales consecuencias llegan, en muchas ocasiones, a causarles incapacidad para realizar actividades de la vida diaria.
Otro argumento esgrimido por SATSE es que la Estrategia Española 2023-2027 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo del INSST (dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social), señala, entre otras líneas de actuación y de conformidad con las recomendaciones de la Unión Europea, que se incluirá la COVID-19 como enfermedad profesional en el Real Decreto que aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social.
