La defensa de la educación pública en Andalucía que pregona el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla contrasta con los datos publicados este viernes por el sindicato de enseñanza Ustea, que eleva a más de 300 las aulas cerradas el próximo curso académico en la red de centros públicos de Andalucía, que se suman a las 1.457 ya suprimidas en la pasada legislatura de cogobierno entre Partido Popular y Ciudadanos. Esta tendencia se mantiene ahora que el PP gobierna con mayoría absoluta la comunidad más poblada del país y la segunda más extensa. Este sindicato ha anunciado que llevará a los tribunales esta política de reducción progresiva de aulas públicas que ejecuta año tras año el equipo de gobierno de Moreno Bonilla.
“Los centros escolares cierran en estos días las plantillas para el próximo curso y se confirma la tendencia de la que Ustea viene alertando en los últimos meses, con la supresión masiva de aulas públicas, la generalización de ratios ilegales, la proliferación de aulas mixtas y la extensión de los conciertos educativos”, señala este sindicato de educación en una nota. Los datos han sido recabados por el propio sindicato “ante la opacidad y falta de información por parte de la administración educativa”, denuncia Ustea.
Proliferación de “aulas mixtas”
Una de las consecuencias inmediatas más graves que ocasiona esta clausura masiva de aulas públicas en Andalucía es la proliferación de “aulas mixtas”, donde convive el alumnado de distintas edades, con los inconvenientes educativos que esta realidad plantea a todos los niveles. Ustea considera que esta situación supone “la amenaza real de desaparición de centros completos a medio plazo”. La proliferación de estas aulas mixtas en las ciudades y localidades medianas y grandes para mitigar el cierre progresivo de aulas en toda la comunidad supone, según Ustea, un importante perjuicio al funcionamiento de los colegios, aunque añade que la amenaza mayor se produce en el mundo rural, ya que implica un deterioro de la calidad de la enseñanza que afecta, precisamente, “a las zonas más castigadas de la Andalucía vaciada”.
Asimismo, la Consejería de Desarrollo Educativo ha generalizado al unísono las ratios ilegales, tanto en la enseñanza Infantil y Primaria como en Secundaria. La legislación estatal vigente es clara al respecto y establece que las clases en los colegios no pueden superar los 25 alumnos y alumnas, mientras que en Secundaria el tope máximo se eleva hasta los 30 alumnos. Según Ustea, el departamento que dirige la consejera Patricia del Pozo ha informado a sus delegaciones territoriales de que no se autorizará el desdoble de clases hasta superar los 29 alumnos y alumnas en Primaria y 34 en ESO. “Esto quiere decir que el curso comenzará en decenas de centros educativos de toda Andalucía con ratios ilegales, por orden expresa de la propia Consejería”, denuncia el sindicato, cuyos servicios jurídicos ya estudian la posibilidad de denunciar esta práctica anunciada por la Junta.
Los gobiernos del PP en Andalucía han eliminado ya unas 2.000 aulas desde 2019 mientras aumentan de manera constante los conciertos con los colegios privados
Estos datos de clausura de aulas públicas en Andalucía “desmienten” las afirmaciones de los responsables de la Consejería de Desarrollo Educativo cuando aseguran que “sobran” plazas escolares y que la “ratio media” está descendiendo progresivamente, todo ello como consecuencia de la bajada de natalidad. “El descenso demográfico está sirviendo como excusa para reducir la red de centros públicos, mientras se generalizan y normalizan las ratios ilegales, al tiempo que se extienden los conciertos educativos”, denuncia Ustea.
La publicación reciente del listado de nuevos centros privados concertados con la Administración y la renovación de los ya concertados en Andalucía confirman esta denuncia del sindicato de educación. De este modo, mientras en la red pública se pierdan aulas de forma masiva, la red de centros concertados no solo no pierde unidades escolares, sino que las aumenta, con la puesta en marcha de nuevos conciertos en todos los niveles educativos, incluyendo los postobligatorios como Bachillerato y FP y, en particular, en educación especial. La Consejería de Desarrollo Educativo ha establecido nuevos conciertos de aulas de educación especial en centros privados de todas las provincias: Nuestra Señora de los Milagros (Almería), María Auxiliadora (Cádiz), Trinidad (Córdoba), Escolapios (Granada), SAFA-Funcadia (Huelva), Pedro Poveda (Jaén), Nuestra Señora de la Victoria (Antequera, Málaga) o el colegio Claret de Sevilla.
“La política educativa del gobierno de la Junta va claramente dirigida a favorecer a los centros privados, a través de la extensión de los conciertos, en detrimento de la educación pública que sufre una continua sangría de unidades escolares y recorte de recursos humanos y materiales”, denuncia Ustea.
