El pasado 4 de diciembre de 2024, la Asociación de Empleados Públicos en Abuso (EPA) se reunió con el consejero económico de la Comisión Europea en Madrid, Eduardo Gómez Casado.
En dicho encuentro, que duró más de dos horas, se trasladó al representante comunitario la queja por la negligente y nefasta gestión de la Comisión Europea respecto a sus obligaciones, tras más de 25 años permitiendo un pseudo esclavismo en la contratación en fraude de ley de los trabajadores públicos en España.
Por otra parte, se reclamó que se informe de cuál es la cuantía total que España está pagando por incumplir directivas europeas y a qué se destina ese dinero.
Es importante incidir en este dato porque, además de multas millonarias, los incumplimientos conllevan paralización/retirada de fondos europeos, que también deberían de repercutir en mejoras para el país y sus ciudadanos. Por ello, siempre son los ciudadanos españoles los que pagan los platos rotos varias veces, mientras ningún cargo político tiene responsabilidad penal ni de ningún otro tipo.
Si un ciudadano denuncia una vulneración sobre su persona, la respuesta de la Comisión Europea no puede ser multar al ciudadano y que el Estado pague del erario público la ilegalidad cometida por los políticos responsables de gestionar y que, sin sonrojo alguno, declaran que “no se sabe lo que España paga en multas a la UE”.
Por esta razón, EPA planteó al representante de la Comisión la cuestión de a qué se destina el dinero recaudado en multas millonarias a los Estados incumplidores. La respuesta es sencilla: a lo que ellos quieran. En consecuencia, todo parece indicar que a la Comisión Europea le interesa multar a los países incumplidores y que podría existir una supuesta connivencia entre políticos, una presunta venta de favores a costa de los ciudadanos.
El hecho de que España sea un Estado miembro que se empecina en incumplir Directivas de obligado debería de ponerle en una situación directa de expulsión de la Unión Europea.
Respecto a la situación de los trabajadores interinos, la dilación de la Comisión en resolver una denuncia que lleva presentada desde hace 25 años es inconcebible. Por esta razón, desde EPA exigen que la Comisión dicte una «resolución de obligado cumplimiento al Gobierno de España, en base a las sentencias del TJUE de los pasados meses de febrero y junio. El tiempo se ha agotado y los ‘mamoneos’ también. Y tal y como se confirmó en la reunión, por parte de D. Eduardo Gómez Casado, las Cláusulas 4 y 5 son de aplicación directa», lo que desmonta la versión manipulada que dan desde distintos organismos públicos y sindicales.
Con el caso de los interinos, España vuelve a demostrar que es un presunto Estado democrático y de derecho fallido sin igualdad entre los ciudadanos, con una justicia politizada que ha generado una inseguridad jurídica tal, un ensañamiento con las víctimas y permisividad con los delincuentes, que ha llevado a que se haya rebajado el grado de democracia y a que los ciudadanos no confíen en este sistema. Luego se quejan de que crecen los movimientos antisistema, antiglobalistas y populistas de extrema derecha. Que se miren a ellos mismos como responsables.