El Ingreso Mínimo Vital para las familias en situación de mayor vulnerabilidad parece cada vez más próximo. Su puesta en marcha es considerada por Oxfam Intermón “un avance trascendental en la lucha contra la desigualdad en España”, que es hasta ahora el único país de la Unión Europea que carece de una renta estatal para lugares en riesgo de exclusión, como la que el actual Gobierno se ha comprometido a implantar, según el comunicado emitido por la ONG dedicada a la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Oxfam Intermón recuerda que, en estos momentos, “España es el sexto país más desigual de la Unión Europea, y que esto es consecuencia, entre otras cosas, de las políticas públicas practicadas hasta ahora”. Liliana Marcos, experta en políticas públicas y desigualdad de la organización, afirma que “en 21 de 27 países de la UE las ayudas públicas contribuyen a reducir la pobreza en mayor proporción que en España”, y destaca que “estamos ante un ejercicio trascendental de justicia social que puede por fin doblegar la curva de la desigualdad” en el Estado español.
La organización calcula que para poner fin a la pobreza severa en España “serían necesarios unos 6.000 millones adicionales” mientras que el Gobierno apunta a la puesta en marcha de una prestación con un presupuesto mucho menor. “Nos preocupa que eso signifique que el umbral de acceso sea demasiado bajo, generando agravios comparativos entre familias que viven situaciones de vulnerabilidad extrema muy similares y que se quedarían sin prestación por unos pocos euros de diferencia”, apunta Marcos. Además, la ONG reclama que “el objetivo del Ingreso Mínimo Vital sea acabar con la pobreza severa entendida como todos los hogares que viven por debajo del 40% de la mediana de ingresos”.
La otra preocupación de la organización radica en el decreto y la posible discriminación por su situación administrativa a las familias con grandes necesidades. “La vulnerabilidad de las personas migrantes en situación irregular debe de ser tenida en cuenta, especialmente la de hogares con niños y niñas o la de personas que tienen su solicitud de refugio admitida a trámite”, explica Oxfam. “Junto a cientos de colectivos y organizaciones estamos reclamando una regularización extraordinaria de personas migrantes y el cambio de la actual Ley de Extranjería”, comenta Marcos, “pero mientras esto ocurre, debemos al menos garantizar que hogares con menores, solicitantes de asilo o víctimas de trata puedan percibir ese Ingreso Mínimo Vital”.
Oxfam Intermón recuerda su defensa para el establecimiento de una renta garantizada o ingreso mínimo vital desde la salida de la crisis de 2008 y espera que “la renta que finalmente se apruebe haga las veces de suelo estatal que homogeneice criterios y derechos en todo el Estado, y sobre el que las comunidades autónomas puedan complementar cubriendo a más colectivos o con más fondos”. De igual forma, espera que “se cumplan otras características, como que la prestación se conceda sin límite de tiempo, que sea complementaria a ingresos laborales hasta cierto umbral, que su tramitación sea lo más sencilla posible para las familias y que no esté condicionada a participar de forma obligatoria en programas de inclusión laboral”.
