Ni Pedro Sánchez ni el PSOE son «la democracia»

Las dictaduras más terribles de la historia tenían, y tienen, como uno de los mantras más potentes para manipular el comportamiento de las masas una expresión que se utiliza como coartada para justificar las violaciones de la libertad de la ciudadanía: el bien común o el bien superior.

En el bien común cabe todo. Asesinatos en masa quedan blanqueados porque se hicieron para eliminar traidores y para el bien común de los leales o los silenciosos. Restricciones de las libertades fundamentales se lavan porque se trabaja en pos de un bien superior.

Ejemplos hay muchos a lo largo de la historia. El bien común, o superior, se ha aplicado por parte de los aparatos dictatoriales a cuestiones patrióticas, religiosas, ideológicas, sentimentales o políticas. En los regímenes autoritarios, los líderes, en sus discursos, han apelado (y apelan) constantemente a esos principios elevados para taparlo todo.

Las dictaduras funcionan como cuando los padres le pegan unos cachetes al niño caprichoso y le dicen que lo hacen «por su bien». Esa expresión es muy peligrosa porque lo justifica todo, desde la violencia consentida hasta la más desproporcionada.

El problema surge cuando esa apelación al «bien común» o al «bien superior» se realiza en un régimen democrático de libertades y, con ello, se pretende justificar el impulso de leyes que blanquean la impunidad en todos los tipos posibles.

España lo ha vivido con todos los gobiernos posibles, todo ello, además, con una democracia absolutamente deficitaria en la que hay carencias tan elementales que permiten que personajes autoritarios tengan un poder casi absoluto y justifiquen la búsqueda de la impunidad en base al «bien superior» o a hacer creer que las vulneraciones de los principios fundamentales de cualquier democracia se perpetran por el «bien común».

Eso sucedió con el terrorismo de Estado (UCD y PSOE), la reconversión industrial (PSOE), la implantación de recortes al estado del bienestar (PP), las amnistías fiscales (PSOE y PP) la supresión de derechos de los trabajadores (PSOE y PP) y, ahora, con la ley de amnistía de Pedro Sánchez.

Las actuales negociaciones entre el PSOE y los partidos soberanistas catalanes evidentemente entran dentro de la democracia. Sin embargo, nada de lo que se está negociando fue presentado a los españoles en la campaña electoral. Sólo el número de votos que necesita Sánchez para ser presidente lo ha incluido en la ecuación política. Eso no es democracia, es rendir los procesos democráticos a otros intereses. Evidentemente, todo se plantea desde un escenario en el que se busca un «bien superior».

Por otro lado, se está entrando en un territorio muy peligroso y que en determinados ámbitos de la izquierda española es recurrente: la de asimilar sus intereses o sus aspiraciones como el único camino democrático. Decir eso es absolutamente autoritario, puesto que se niega uno de los derechos fundamentales de cualquier Estado de derecho: la discrepancia. Ahora mismo, desde la militancia del PSOE afiliada al sectarismo más radical del pedrismo, cualquiera que se oponga a la amnistía es un fascista, aunque tenga un reconocido currículum de defensa de los postulados progresistas.

Este escenario es muy de Pedro Sánchez, quien ha convertido a un partido con 140 años de historia en una organización dedicada única y exclusivamente en favorecer las pretensiones del líder supremo y donde se ha eliminado cualquier posibilidad de censurar al secretario general.

Plantear la posible ley de amnistía como un «bien superior» está derivando en que cualquiera que se oponga a ella está atacando a la democracia, sea quien sea.

El actual secretario general del Partido Socialista ha conseguido hacer lo que los mayores dictadores de la historia: convertir su interés personal en el «bien superior» sobre el que asentar unas concesiones a las formaciones soberanistas catalanas que, en cualquier otro momento histórico, habrían sido impensables. El editorial del Financial Times ha sido muy claro en este punto: «El que Sánchez lo considerase «inaceptable» antes de las elecciones solo amplifica la imagen de un político escurridizo que hará lo que haga falta por permanecer en el cargo […] Sánchez no seguiría por este camino si su cargo no estuviera en juego».

Realmente, a quienes llevamos años analizando los comportamientos de Pedro Sánchez no debería sorprendernos que ahora esté actuando del modo en que lo está haciendo. Se ha llegado a meter en la cabeza de mucha gente de izquierdas que como la amnistía no está prohibida en la Constitución, entonces entra dentro del marco constitucional. Por ese mismo razonamiento, el asesinato no está incluido en la Carta Magna, por lo que, en consecuencia, es constitucional.

La realidad es que esta ley ha generado un intenso debate entre los juristas y el mero hecho de que haya unas discrepancias tan grandes ya debería hacer pensar que algo no encaja dentro del ordenamiento de un Estado de derecho.

En el informe hecho público por Sumar se apela a sentencias del Constitucional en referencia a la Ley de Amnistía de 1977, texto legal que, por cierto, hasta las últimas semanas era despreciado por la izquierda porque impedía la investigación de los crímenes del franquismo.

Sin embargo, ahora esa misma ley es puesta como ejemplo del «bien común» y se disfraza de «concordia» y «democracia», cuando, en realidad, lo que tapa es la tabla rasa para quienes incumplieron leyes que no tenían relación alguna con la «intencionalidad política».

La realidad es que todo es un despropósito. La exhortación al «bien superior» provoca que sean legitimados cambios de opinión absolutamente deleznables, que un líder político diga una cosa y haga la contraria porque es por el bien de los españoles.

En democracia no se puede justificar jamás la incoherencia, ni mucho menos que esa incoherencia venga propiciada por la mitomanía de quien hará y dirá lo que haga falta para mantenerse en el poder. España no se merece tener en la Presidencia del Gobierno a un ser tan carente de escrúpulos que, en ocasiones, roza la sociopatía.

La futura ley de amnistía, por más que se apele a que «lo que no está prohibido es lícito», está fuera del marco constitucional. Y así lo señala la doctrina y la jurisprudencia. El Tribunal Supremo así lo señaló al afirmar en sentencia del año 2013 que, tras la amnistía de 1977, una nueva medida de gracia de este tipo quedaría al margen de la Constitución.

Por su parte, el Constitucionalidad, que avala la amnistía de 1977, fue muy claro al afirmar que la adopción legislativa de nuevas medidas de gracia queda taxativamente prohibida por el artículo 62 de la Carta Magna.

Utilizar el «bien común» o el «bien superior» es muy peligroso en democracia porque es una de las armas utilizadas por las dictaduras y sus líderes. No es justificable que se pueda violentar el sistema legal en base a que es mejor o peor una tipología ideológica de un gobierno o que se pretenda hacer ver que ese gobierno es la única salida beneficiosa para el pueblo.

Evidentemente, para las clases medias y trabajadoras de este país es mucho mejor que se mantenga un gobierno de corte progresista. Pero eso no justifica el precio que se está dispuesto a pagar, tanto político como social y económico. No todo vale y, en democracia, mucho menos, porque por un «bien superior» entró Tejero en el Congreso.