Los resultados de las elecciones en Andalucía, con una debacle histórica del PSOE, y los datos que están dando las encuestas, incluso la del CIS de Tezanos, de intención de voto, en las que el PP de Alberto Núñez Feijoo está ampliando la distancia con los socialistas, está provocando un cambio en el modo de gobernar de Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno sabe perfectamente que tiene mucho trabajo que hacer en el año y 4 meses que restan hasta diciembre de 2023, fecha en la que están previstas las próximas elecciones generales. En comparecencia de ayer en el Palacio de la Moncloa, Sánchez reconoció que tenían mucho trabajo que hacer para «dar la vuelta a las encuestas».
El problema que tiene Pedro Sánchez, y eso lo sabe, es que no se trata sólo de una cuestión de credibilidad, sino que tiene que recuperar la esperanza y la ilusión que depositaron los votantes de izquierda en él en noviembre de 2019. Sánchez sabe que el único modo de reconducir la actual situación de «derechización» del voto de la ciudadanía es hacer política realmente progresista, no las medias tintas que ha implementado hasta ahora.
En un escenario como el actual, el pueblo pide hechos muy concretos que impacten en sus necesidades reales y eso sólo se resuelve con la maximización de las políticas de izquierda. La socialdemocracia no sirve, el centro es el invento de los poderes para terminar con el espíritu de clase que tanto daño hizo a los poderosos en el pasado.
Sánchez tiene muchos defectos, es un líder autoritario, un narcisista de manual, un secretario general del PSOE alejado de las bases ideológicas del Partido Socialista. Sin embargo, no es un ingenuo y sabe que tiene que dejar de lado las aguas templadas, que tan cómodas y relajantes son, para dar el paso que sus votantes esperaban que hubiera dado desde enero de 2020.
Por eso parece que está abriendo los ojos para ver la luz. Ayer dio un ejemplo de que se ha quitado la venda y se está dando cuenta de que quienes querían venderle que eran sus aliados, en realidad, formaban la peor banda de enemigos. El anuncio de un impuesto a la banca ha mostrado a Pedro Sánchez la verdadera cara de quienes, desde el sector financiero, le daban golpecitos en el hombro e, incluso, apoyaron su reforma laboral «Zero».
José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, durante la presentación de resultados del primer semestre de 2020, no dudó en lanzar un dardo que, incluso, podría ser interpretado como una amenaza contra el gobierno: «Si salen 3.000 millones de capital, se resta capacidad de prestar por un importe de unos 50.000 millones».
La semana pasada la propia Ana Patricia Botín dejó plantada a Nadia Calviño en la reunión celebrada para explicar el impuesto a la banca.
Ante amenazas, críticas y desaires, Pedro Sánchez ha apuntado directamente a la presidenta del Santander: «Si protesta, vamos en la buena dirección».
Es una lástima que hayan sido necesarios más de 4 años para que Sánchez se haya dado cuenta de lo que significa y de lo que representa Ana Patricia Botín porque desde que llegó al Ejecutivo tras la moción de censura el gobierno que él preside ha tomado decisiones (o ha dado marcha atrás) favoreciendo al Santander.
El Caso Popular, donde el banco presidido por Ana Patricia Botín se llevó por un euro un banco solvente, viable y con capacidad de generar beneficios, fue la primera gran decisión económica del gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, Nadia Calviño, que tan efusivamente fue recibida por Ana Patricia Botín tras su nombramiento como ministra de Economía, aprobó la fusión por absorción que derivó en la eliminación de la personalidad jurídica del Popular. Esta decisión del gobierno de Sánchez se tomó en septiembre de 2018 sin esperar a que los tribunales determinaran si las gravísimas irregularidades que se perpetraron en el proceso de resolución de la entonces sexta entidad financiera eran causa de nulidad de toda la operación.
Sin embargo, el gobierno de Sánchez fue más allá y mantuvo a la Abogacía del Estado a defender los intereses del Santander en los tribunales europeos. En ese proceso, los abogados que, en teoría, tienen que defender los intereses del pueblo español, llegaron a justificar la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía.
Por otro lado, cuando el gobierno de Sánchez anunció en octubre de 2018, un mes después de que se diera luz verde a la fusión por absorción del Popular por el Santander, que iba a aprobar una tasa consistente en que un 5% de los dividendos de las filiales en el extranjero de las empresas españolas tributaran en España, al igual que ocurre en Francia o en Italia.
Rápidamente, el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, amenazó con marcharse de España si ese impuesto se aplicaba. «Si sobre el dividendo de Brasil tenemos una nueva tasa, no me parece justo», afirmó Álvarez porque el Santander depende de manera crítica de los dividendos de sus filiales. «Eso no nos aplica solo a nosotros, aplica a cualquier multinacional en España, por lo que naturalmente puede afectar a la morfología de las entidades».
Tras las elecciones de 2019 y el pacto de gobierno con Unidas Podemos, la pandemia azotó a todo el mundo. ¿Permitió el gobierno de Pedro Sánchez que Ana Patricia Botín saliera de España con las fronteras cerradas a su residencia en Gstaad (Suiza)? Distintas fuentes aseguraron a Diario16 que la presidenta del Santander, presuntamente, sí había salido el país en pleno confinamiento en el avión privado del banco.
En septiembre de 2020, Pedro Sánchez convocó a todo el IBEX35 y a los principales empresarios de España para presentar en la Casa de América de Madrid el Plan de Recuperación del Gobierno. Fuentes consultadas por Diario16 confirmaron que, ante posibles situaciones incómodas con Pablo Iglesias Turrión y algún que otro miembro del Ejecutivo de Unidas Podemos, Sánchez dio orden de sonreír y ser amables con Ana Patricia Botín. Las fotos de aquel día mostraron la incomodidad del entonces vicepresidente y la amplia sonrisa de Irene Montero al saludar a la presidenta del Santander.
Además, ese mismo día, Sánchez compartió mantel exclusivamente con Ana Patricia Botín y el presidente de Telefónica.
Un historial que se ha roto, precisamente, cuando el gobierno de Sánchez ha tomado una decisión tan justa y progresista como que los que más dinero están ganando en esta crisis aporten más al esfuerzo de todo y que el peso de la economía no vuelva a recaer, una vez más, en las clases medias y trabajadoras mientras el 1% más rico sólo recoge las ganancias.
¿Qué hará Ana Patricia Botín si el gobierno da un paso más y aprueba la reforma fiscal para que los ricos paguen los impuestos que les corresponden?
Exagera, sí. Lo que aprovecha el PP para, sin programa, sin proyecto, sin perspectivas, dedicarse a lo de siempre, que se iba a acabar expulsando Casado; y que sigue como estaba. Cambiaron la cara para que en el ínterin en que descubríamos la realidad que soporta la nueva, cambiara la desesperanza de una derecha anclada en la nada.
Ardemos en deseos de conocer, aparte de bajar impuestos y gastar más ingresando menos a base de ahorrar en el chocolate del loro, cuales son las propuestas de gobierno de quienes se sostienen en la ideología que nos hundió en la crisis, y trató de recuperarla cargándola a la espalda de los débiles, se resistió a las ayudas europeas, e insistió en que el camino de parón de la pandemia se había se salvar repitiendo el austericidio, trabajó a Europa contra España.
No tenemos un problema de sobre demanda sencillamente porque no tenemos una economía con salarios para tenerla, y ni siquiera un exceso de crédito que la genere desplazando a largo plazo un agujero financiero. Tenemos un ahorro, de “perra gorda” de la época de la pandemia gastándose ahora lo que no pudo entonces, y una falta de oferta consecuencia la restricciones de materias primas a causa de la guerra, a lo que se suma una especulación desaforada trasladando sus márgenes a la inflación del resto de los productos en segunda ronda.
El acomodado y anquilosado pensamiento económico, igual que en la recuperación de la primera crisis fracasó en la aplicación de medidas “austericidas” que luego tuvieron que corregir en la pandemia para no provocar el mismo paro y el mismo hundimiento, vuelve a aplicar recetas clásicas porque el único temor que lo abruma es que sus privilegiados no pierdan posición. Que no se pare la economía, que se siga creciendo, que los beneficios empresariales estén disparados mientras la inflación generada en la energía, se traslada al resto de sectores, nos avisa de la respuesta burocrática de la maquinaria económica, pendiente solo de que la reducción de beneficios a corto plazo y sean los que sean las causas del problema no se produzca ninguna reducción de privilegios: cuando fracasen cambiaran y rectificaran la apariencias manteniendo su situación aunque en la nuestra no sea posible.