Podemos ha interpuesto una querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y contra el magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6, Joaquín Gadea, por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas durante la instrucción del caso Dina. Se trata de la pieza 10 del Caso Tándem, conocido más comúnmente como Caso Villarejo.
En noviembre de 2015, en los meses previos a las negociaciones para formar Gobierno, Dina Bousselham, asesora de Iglesias, sufrió el robo de su teléfono móvil, suceso que denunció a la policía ese mismo día. En 2016, una parte de la información contenida en la tarjeta mini SD de Bousselham llegó a la revista Interviú. Finalmente, la revista no publicó los contenidos. Sin embargo, algunos documentos del móvil robado salieron publicados en medios de comunicación de la llamada caverna mediática en 2016, cuando PSOE y Unidas Podemos tenían posibilidades de formar gobierno junto a las fuerzas nacionalistas e independentistas. En esa época, además, Podemos adelantaba al PSOE en intención de voto, según algunas encuestas.
En enero de 2021 el Tribunal Supremo rechazó imputar a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez, y devolvió el caso Dina al juez García Castellón de la Audiencia Nacional. La investigación actual intenta dilucidar si las llamadas cloacas del gobierno de “M. Rajoy”, encabezas por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, coordinaron la publicación de noticias falsas con el fin de impedir una investidura alternativa a la del expresidente del Gobierno del Partido Popular.
Hoy, Podemos quiere ajustar cuentas con todo aquello. El coportavoz estatal del partido, Pablo Fernández, ha anunciado la denuncia, formalizada en la sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra ambos jueces que instruyen la denominada pieza Dina del caso Tándem, en la que se ha indagado en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora del partido desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios, según Europa Press.
Fernández asegura que la actuación de ambos jueces es un caso “paradigmático” y “palmario” de lawfare (guerra sucia policial y judicial), al operar al margen de las normas que regulan la actuación judicial y recurrir a una investigación “prospectiva” cuyo “único objeto” ha sido “perjudicar reputacionalmente” a Podemos.
En la querella, según el coportavoz morado, se alude a la filtración de cada uno de los hitos de esa investigación con vistas a perjudicar a su organización política, hasta que a instancias de la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se decretó el archivo de las actuaciones.
“Hay que señalar el papel fundamental y absolutamente decisivo que han tenido muchos medios de comunicación después de que se hayan dedicado horas y horas de televisiones y de radios, portadas y páginas de periódicos a esparcir y a difundir los bulos de imanados de esa investigación realizada por ambos jueces (…) Esto pone de manifiesto de forma palmaria esa connivencia, esa simbiosis entre determinados jueces y determinados medios comunicación entre el Poder Judicial y el poder mediático que se alían y que trabajan conjuntamente para atacar y para perjudicar a Podemos”, agrega el portavoz morado. Finalmente, Fernández acusa a ambos magistrados de perpetrar una “auténtica infamia” y “una absoluta vergüenza” en su actuación judicial.
El anuncio de la querella se produce después de que Podemos haya roto con Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, que es tanto como desligarse de cualquier compromiso con el Gobierno de Sánchez. Finquitado el pacto, ahora Podemos se siente libre de iniciar las acciones oportunas que tuvo guardadas en un cajón durante años.
Restaba el hecho, éste muy claro. Es así como hay que actuar, a por ellos.