En pleno agosto, cuando los incendios arrasaban amplias zonas de España, los presidentes autonómicos del PP optaron por protagonizar una petición de recursos que, en términos prácticos, parecía aspirar a lo imposible. Castilla y León solicitó 30 helicópteros, Extremadura pidió 10 aviones y 10 helicópteros, y Galicia reclamó “todos los medios aéreos de ala fija o helicópteros” que el Gobierno central tuviera disponibles. En conjunto, se trataba de un despliegue que duplicaba la flota europea destinada a la extinción de incendios para toda la campaña de 2025.
La flota europea contra incendios
Bruselas, por su parte, dispone de 26 aeronaves para toda Europa. Para ponerlo en contexto: España aporta solo dos de los 14 aviones Canadair CL-415 de la flota europea, que se completan con seis Fireboss y dos Air Tractor, mientras que los helicópteros comunitarios disponibles se limitan a cuatro. La solicitud simultánea de 40 helicópteros y 10 aviones por parte de autonomías gobernadas por el PP no solo superaba la capacidad del Mecanismo Europeo de Protección Civil, sino que generó un intenso cruce de reproches entre el PP y el PSOE.
La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, fue clara al describir la petición como “imposible de satisfacer”. Sin embargo, el PP nacional respondió con ataques personales: Elías Bendodo calificó sus palabras de “pirómanas”, mientras Feijóo utilizaba redes sociales para acusar al Gobierno de retrasos en la llegada de medios aéreos, a pesar de que varios aviones cisterna ya habían aterrizado en España desde días antes, enviados por Francia e Italia.
El despliegue de medios aéreos solicitado por las autonomías del PP superó con creces lo que Bruselas tiene disponible, desatando un cruce de acusaciones con el Ejecutivo central.
Castilla y León
El caso más llamativo se produjo en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco aseguró el 14 de agosto que la Junta contaba con “suficientes medios” para combatir los incendios, pero apenas un día después remitió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una lista que incluía 20 helicópteros de transporte, 10 helicópteros bombarderos, mil soldados, 25 bulldozers con conductores especializados, 15 vehículos nodriza y 15 puestos de mando avanzado. Mañueco incluso pidió que el Gobierno solicitara más medios al Mecanismo Europeo de Protección Civil, aunque no existía posibilidad de duplicar la flota comunitaria en tan poco tiempo.
Extremadura
En Extremadura, la petición fue igualmente desmesurada. Abel Bautista, consejero de Presidencia, solicitó el despliegue de 100 camiones ligeros con bomberos forestales, 10 aviones anfibios y 10 helicópteros ligeros. Además, reclamó maquinaria pesada y medios del Ejército para reforzar las tareas de extinción. Mientras tanto, Galicia optó por una petición genérica: “todos los medios aéreos que tenga el Gobierno central”, sin especificar cantidades, reflejando la improvisación que ha marcado estas actuaciones.
Los recursos europeos llegaron de forma puntual
A pesar de las solicitudes, los recursos europeos llegaron de forma puntual. Dos helicópteros Chinook ofrecidos por Países Bajos, cuatro helicópteros adicionales procedentes de República Checa y Eslovaquia, y equipos de bomberos a pie y con vehículos desde Finlandia, Rumanía, Grecia, Francia y Alemania reforzaron la respuesta española. Sin embargo, la percepción generada por los presidentes autonómicos del PP fue la de un Ejecutivo central desbordado y lento, una narrativa que Feijóo y Dolors Montserrat han repetido insistentemente, responsabilizando al Gobierno de la gravedad de los incendios y criticando la gestión de fondos europeos destinados a prevención.
Los datos oficiales desmienten la crítica: el Ministerio de Transición Ecológica ha transferido 253 millones de euros a las comunidades autónomas para la inversión en prevención y extinción, y otros 149 millones se han destinado a modernizar las bases de operaciones de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y la aviónica de los medios aéreos. Sin embargo, la estrategia del PP se ha centrado en generar alarma y reprochar al Gobierno retrasos que no se correspondían con la realidad.
El episodio deja al descubierto varios problemas: primero, la falta de previsión y planificación de las autonomías gobernadas por el PP, que pasaron de asegurar contar con suficientes recursos a exigir cantidades imposibles en 24 horas. Segundo, la utilización de los incendios como herramienta política para criticar al Gobierno central, un ejemplo de cómo la crisis se convierte en arma de propaganda. Y tercero, la falta de coordinación entre administraciones, que en situaciones extremas como los incendios forestales es vital para salvar vidas y proteger el patrimonio natural.
Los incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura han arrasado más de 400.000 hectáreas en apenas quince días, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). La gravedad de la situación requería coordinación, planificación y realismo, no listas de deseos imposibles que duplican los recursos de toda Europa. La crítica política, aunque comprensible, no debe eclipsar la necesidad de cooperación efectiva entre administraciones, ni tampoco justificar el alarmismo basado en exageraciones.
Este episodio debería servir de lección para el PP: no basta con pedirlo todo y culpar a otros de los retrasos. La gestión de emergencias requiere criterio, planificación y responsabilidad. Mientras tanto, los ciudadanos y los equipos de extinción continúan trabajando bajo presión, enfrentándose a llamas que no entienden de disputas políticas, y cuyo control depende de la coordinación real y efectiva de todos los recursos disponibles.
En definitiva, la historia de agosto evidencia que los presidentes autonómicos del PP y su dirección nacional pueden dominar los titulares, pero los incendios no se apagan con propaganda ni con listas de deseos imposibles; se necesitan decisiones concretas, planificación y cooperación con todos los recursos disponibles.