El Ministerio de Justicia, liderado por Pilar Llop, ha planteado una subida de las indemnizaciones por la prestación de Asistencia Jurídica Gratuita del 5% para 2024. Esta propuesta, aunque representativa, no llega a cumplir las expectativas y necesidades de los profesionales involucrados en este servicio esencial. Debe recordarse que esta subida no ha sido propuesta de manera arbitraria, sino que ha surgido tras constante presión y negociación entre el Ministerio y el Consejo General de la Abogacía.
El núcleo de la discordia radica en la brecha entre la propuesta del Ministerio y las realidades económicas a las que se enfrentan los profesionales del Derecho. Desde 2018, año de la última revisión, los precios han aumentado cerca de un 17%. La cifra propuesta por el Ministerio no refleja adecuadamente este cambio, y se queda considerablemente corta. El Consejo General de la Abogacía, representando las preocupaciones y necesidades de sus miembros, ha sostenido que cualquier aumento debería al menos ser proporcional al crecimiento del IPC desde 2018.
A menudo, las retribuciones por la Asistencia Jurídica Gratuita apenas cubren los gastos generados por el profesional. Estamos hablando de uno de los pagos más bajos en España por un servicio esencial que garantiza el derecho fundamental de acceso a la justicia. La solicitud del Consejo no es excesiva ni injustificada, sino un llamamiento a la equidad y reconocimiento del valioso trabajo que realizan estos profesionales.
Más allá del aspecto económico, el Consejo busca una revisión más amplia. Esta incluye la actualización del catálogo de intervenciones profesionales indemnizables. Así, se aboga por incluir servicios como la asistencia a personas jurídicas en proceso penal, ejecuciones de sentencias, presentación de recursos, entre otros. Estas solicitudes no se reflejan en la propuesta del Ministerio, que ha optado por mantener el status quo, aplicando únicamente el aumento lineal propuesto.
Es relevante destacar que más de 42.000 abogados se encuentran en el Turno de Oficio. De ellos, al menos 6.000 trabajan en el territorio Ministerio, abarcando diversas comunidades y ciudades autónomas. Cada uno de ellos desempeña una labor fundamental, garantizando que el sistema judicial sea accesible para todos, independientemente de su capacidad económica.
Los abogados siempre se kejan x todo. Q si lo suyo va lento, q si un impulso judicial, q si cobran poco en el turno de oficio, el caso es q siempre se quejan. Pues q se salgan dl turno de oficio q hay abogados jovenes q quieren mas trabajo y x tanto mas dinero. Y tb hay abogados q no son jovenes y si no esta el q corresponde se cojen el vaso, normalmente en VG. Los abogados y procuradores son los dannificados de los profesionales dl mundo judicial. Ea! Pues q le vamos a hacer. Ese dinero el dl turno de oficio sale d los impuestos d toda la ciudadania. Y seguro q los abogadxs no kerran pagar mas impuestos. Pobres abogados! Nunca estan conformes.