Mientras en el Congreso se discutían un montón de cosas y, el espectáculo que ofrecieron sus señorías fue deplorable, usted tenía reunión en Bruselas y se libró del griterío. Entonces, estando allá, hizo una rueda de prensa, muy pero que muy tranquila, donde quiso destacar dos cosas, que el proceso catalán se había acabado y que no se haría ningún referéndum en Cataluña. Todo esto lo decía con una gran sonrisa, pero solo por salir favorecido en la foto.
Usted no puede asegurar el fin del proceso, un edificio se acaba cuando el arquitecto responsable lo certifica. Una persona ha fallecido cuánto el médico lo certifica. ¿De qué certificado dispone usted para avalar estas afirmaciones? Mientras quede un solo ciudadano que quiera la independencia de su país, como por ejemplo yo mismo, el proceso seguirá vivo y, ni usted ni nadie, no podrá impedirlo.
Dice: Un referéndum no cabe dentro de la constitución. Que esto lo diga un presidente de gobierno es del todo lamentable y demuestra el desconocimiento que tiene sobre el derecho internacional. Querría añadirle unas cuántas notas más, que ignora o no le gustan, para rebatir sus afirmaciones.
Los catalanes, según el derecho internacional y español, tienen que poder decidir libremente sobre su estado político y organizar, en libertad, su desarrollo económico, cultural y social. Este derecho no se les puede negar con la indicación que el Estado español ya se les concede una ‘autonomía’ parcial. Según el artículo 19 del ICCPR, los catalanes tienen además el derecho humano a una ilimitada libertad de opinión. Así, el Estado español estaba y está legalmente obligado a dar a los catalanes la posibilidad de expresarse, en forma de un referéndum.
A la pregunta de si el pueblo catalán, de acuerdo con la Constitución española, tiene el derecho de emitir el voto en un referéndum sobre una posible independencia, se tiene que responder afirmativamente y sin reservas, puesto que el superior derecho internacional, reconocido a la Constitución española como obligatorio y vinculante, anula toda disposición en contra que se encuentre en la Constitución y al derecho español.
Querría recordarle también, que los Pactos Internacionales son parte integrante del ordenamiento jurídico español. España no solo se ha sometido completamente y sin condiciones a los pactos internacionales de derechos humanos de la ONU, sino que además han fijado, en su Constitución, que los derechos fundamentales y las libertades que define la Constitución española tienen que ser interpretados de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados de Derechos Humanos ratificados por España (Arte. 10.2 de la Constitución Española del 1978).
Cuánto concedió los indultos a los presos condenados por el proceso, es cierto que no lo hizo por ellos, pero tampoco lo hizo por la convivencia entre catalanes; lo hizo por la vergüenza que sentía por las opiniones expresadas más arriba de los Pirineos y por la presión de algunos líderes europeos.
Habla de convivencia, pero, ¿dónde está la amnistía y la desjudiciliación? ¿Qué pasará con los miles de jóvenes que son llamados a juicio por protestar contra la sentencia del proceso? Me preocupa que lo más importante para muchos de sus ministros sea la posible extradición de Carles Puigdemont y hacerle pagar la deshonra que para España significó el referéndum del 1-O del 2017. Si se produjera ¿cómo lo justificará usted después? su cantinela de diálogo, convivencia y reencuentro no le servirá.
Si tiene algunas dudas de todo cuanto le he expuesto, puede preguntar a su ministro Bolaños, ya que dispone de mucha documentación e informes que le envié la semana pasada.
Si a todo lo que he expresado hasta ahora, añado su apoyo a Mariano Rajoy para establecer el 155, tiene que comprender que su credibilidad democrática, por lo que a mí respecta, es prácticamente inexistente.
