Sánchez recula y ahora quiere negociar con el PP la renovación del CGPJ

La idea de Pedro Sánchez de modificar la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial ha quedado descartada, al menos por el momento. No se reformará la ley orgánica del Poder Judicial y el presidente pretende llegar a un acuerdo con el Partido Popular para utilizar el viejo sistema que se antoja caduco. Y más, todavía, con las consecuencias vividas últimamente, con un CGPJ que cumple cinco años en funciones gracias al bloqueo de la derecha a la que le conviene la actual situación. Y si no que se lo digan a los socios de gobierno de Sumar, que han presentado una querella contra los vocales conservadores del máximo órgano de los jueces por aprobar, de manera irregular según dicen los juristas, una declaración contra la amnistía. Su instrumentalización ha sido tan descarada que se hace impensable que el PP vaya a ceder la influencia que ha ido obteniendo desde que Mariano Rajoy entró en La Moncloa.

Habrá que ver lo que ofrecen los socialistas a los populares para que éstos accedan a una renovación exprés, y con el actual sistema, como pide Bruselas. Porque la otra alternativa, la que sí estaría dispuesta a pactar Alberto Núñez Feijóo, dejaría en manos de las asociaciones judiciales la designación de los 20 vocales del máximo órgano de los jueces. Esta alternativa no sólo no es aceptada por el PSOE y la izquierda en general, sino que habría que buscar una fórmula para hacerla compatible con la Constitución que deja bien claro que son el Congreso y el Senado los que tienen la competencia exclusiva de elegir a los miembros del Consejo. Cabría el sistema consistente en que los candidatos fuesen elegidos por los jueces y nombrados por el Parlamento. No es una idea que sea bien vista por los grupos parlamentarios de la izquierda.

En cuanto a la posibilidad de retornar al sistema de cuotas, la actual composición parlamentaria obligaría a designar no sólo a los candidatos del PP y del PSOE sino también de Sumar, PNV, ERC, Junts, Bildu y no se sabe si Vox entraría en este juego. Demasiada atomización como para lograr un reparto proporcional de vocalías. Demasiadas en una legislatura ya de por sí bastante conflictiva como para alcanzar un consenso en este tema.

El presidente “por sustitución  del sustituto” del CGPJ, Vicente Guilarte, ya ha tratado este tema con el ministro Bolaños el cual se ha mostrado muy receptivo a buscar una solución que suponga la renovación del órgano, lo que confirma la voluntad del gobierno de negociar en lugar de aprovechar la mayoría que tiene en el Congreso para cambiar la ley orgánica del Poder Judicial. Guilarte se ha comprometido a mediar, dialogar con unos y otros, y “desenquistar las dos posiciones para buscar fórmulas intermedias”. Esperemos que Guilarte no insista en su idea, expresada hace unas semanas, cuando dijo que tenía “un grupo de expertos” estudiando una fórmula de elección de los vocales del Consejo.

La propuesta nunca se ha llegado a conocer, pero Guilarte si llegó a adelantar una parte de ella, la referida a un nuevo sistema de designación de los magistrados del Tribunal Supremo y de las instancias superiores territoriales mediante concursos de méritos. Aunque pueda parecer que esta idea nada tiene que ver con la elección de los vocales, lo cierto es que una de las potestades del CGPJ es la designación discrecional de esos magistrados y, por lo tanto, la clave para entender por qué la derecha no quiere perder su influencia en el Consejo.

Durante su mandato, el conservador Carlos Lesmes logró designar 32 jueces del Supremo con perfiles afines. Destacan, sobre todo, los integrantes de la sala de Lo contencioso Administrativo, la Sala Tercera del TS, que ha adoptado las decisiones judiciales más controvertidas, la última de las cuales ha sido anular el ascenso de Dolores Delgado como fiscala de sala.

Histórica metedura de pata fue la que cometió bajo la presidencia de Luis Díez Picazo quien, en contra de toda la opinión pública, cambió el criterio de quién debe abonar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de una hipoteca. En un principio se decidió que el impuesto lo debían pagar los bancos, pero la sala que presidía Díez Picazo, un reconocido hombre de Génova, cambió de criterio ordenando que fuesen los deudores los que pagasen el impuesto.

En ese periodo también se incorporó a la Sala Tercera del Supremo José Luis Requero, considerado muy conservador. Pertenece al Opus Dei y fue el magistrado que comparó el matrimonio homosexual con “la unión de un hombre y un animal”. Su llegada al Alto Tribunal en abril de 2014 abrió una brecha entre los dos sectores del CGPJ, que habían pactado repartirse las dos vacantes que estaban en juego en ese momento. Pero el nombre propuesto por los progresistas, Ángel Arozamena, no gustó a Carlos Lesmes, que amenazó con poner a Requero si no respaldaban a otro candidato. Los progresistas no cedieron y el CGPJ acabó eligiendo a este juez por once votos, los de los vocales elegidos a propuesta del PP, y el propio Lesmes. Finalmente, quince meses después,  Arozamena accedió al Alto Tribunal.

Así pues, la renovación del CGPJ no es importante sólo por el reparto del poder en su seno, sino también porque el organismo tiene la llave del funcionamiento del Tribunal Supremo y las instancias superiores territoriales. Por eso, en la última negociación se acordó igual número de vocales conservadores, 10, y progresistas, 10. La designación de presidente era lo que quedaba pendiente cuando el PP decidió echar marcha atrás en protesta por la supresión del delito de sedición en el Código Penal y la reforma del de malversación. Ahora, Bolaños quiere recuperar esa negociación donde quedó, pero es muy probable que los populares reiteren su rechazo al pacto. En esta ocasión tienen una nueva excusa: la amnistía es su caballo de batalla contra el gobierno.

Las alternativas para llegar a un acuerdo de renovación del CGPJ son pocas y no exentas de obstáculos que parecen insalvables. Sánchez y Bolaños buscan el acuerdo, pero mucho nos tememos que será imposible y habrá que legislar un nuevo modelo de elección. Y urgentemente porque Bruselas aprieta.