Francia y España priorizan las flotas a gran escala frente a las artesanales a la hora de asignar oportunidades de pesca, según ha revelado la organización Oceana, que pide a los Estados miembros de la UE que sean más transparentes en cuanto a los criterios que aplican a la hora de asignar oportunidades de pesca a sus flotas y que se centren más en evitar los daños al hábitat causados por los buques, reducir su huella de carbono y aumentar el empleo.
El estudio de Oceana concluyó que, a pesar de los avances de Francia y España, ambos países se basan predominantemente "en los registros de capturas históricas", es decir, las de los buques que tienen un historial de pesca más extenso (96% y 70% de la ponderación de la asignación en Francia y España, respectivamente). Al hacerlo, en su mayoría no tienen en cuenta las consideraciones medioambientales (ponderadas sólo con un 1% y un 10%, respectivamente) ni las socioeconómicas, incluida la contribución de la flota al empleo y a la economía de las comunidades locales (ponderadas sólo con un 3% y un 20%, respectivamente).
Arielle Sutherland-Sherriff, asesora de políticas para la pesca sostenible en Oceana en Europa, afirma que "las prácticas pesqueras que son menos perjudiciales para el medio ambiente y que aportan mayores beneficios a la sociedad deberían tener acceso preferente a los recursos públicos, en este caso, el pescado. Pero, en la actualidad, no es así. En Francia y España, las dos mayores naciones pesqueras de Europa, los barcos que históricamente han pescado más obtienen más cuotas. Esto limita los incentivos para avanzar hacia una pesca sostenible y discrimina a los pescadores artesanales que son parte integral de las comunidades costeras”.
Falta de transparencia
Además, ambos países no son totalmente transparentes en sus procesos de asignación. Ninguno de ellos es transparente en su metodología para determinar qué buque debe tener más acceso a las oportunidades de pesca, al no publicar sus criterios y su ponderación o al dificultar el acceso a ellos.
“Francia y España deben cambiar sus prácticas de asignación para garantizar una explotación más justa y sostenible de los recursos pesqueros, en consonancia con sus obligaciones legales y con beneficios para el sector pesquero, las comunidades locales y el medio ambiente marino”, añade Sutherland-Sherriff.
Las posibilidades de pesca, incluidas las capturas totales admisibles en el océano Atlántico y las restricciones del esfuerzo pesquero en el mar Mediterráneo, son acordadas por los ministros de pesca en el Consejo de la UE. A continuación, cada Estado miembro decide cómo distribuir las cuotas o los días de pesca entre sus flotas pesqueras nacionales. El artículo 17 de la Política Pesquera Común exige legalmente que utilicen criterios transparentes y objetivos, incluidos los de naturaleza medioambiental, social y económica, al asignar las posibilidades de pesca. Sin embargo, los Estados miembros no aplican esto en la práctica.
Oceana recomienda a los Estados miembros de la UE, y en particular a Francia y España, ajustar, en su legislación, la ponderación de los criterios de asignación de oportunidades de pesca, para depender menos de los registros históricos de capturas y poner más énfasis en criterios ambientales y socioeconómicos, como el impacto en el medio marino (daño al hábitat, selectividad de los artes de pesca, huella de carbono) y la importancia del buque para la comunidad pesquera local (oportunidades de empleo y contribución a las economías locales), así como ser más transparente en los procesos de asignación, divulgando públicamente información sobre los criterios, la metodología y la ponderación utilizados, así como el resultado de todos los procesos de asignación.