El modelo agrario hiperintensivo tiene repercusiones socioambientales muy negativas (como la sobreexplotación de las tierras o la contaminación de las masas de agua superficiales y subterráneas) en las zonas donde se implanta, que se ven agravadas por la crisis climática. Además, este modelo de producción vulnera los derechos de quienes trabajan en el campo por cuenta ajena, generan empleo precario y no aportan de manera significativa al PIB de las regiones donde se realiza. Estas son las principales conclusiones del informe "El verdadero precio de los alimentos. La cara oculta de la agroindustria en la península ibérica", presentado por Ecologistas en Acción.
El documento recoge cuatro estudios de caso, todos ellos en el territorio peninsular del Estado español. Los tres primeros afectan al hábitat prioritario europeo 1150, denominado lagunas costeras —Mar Menor, Doñana y La Albufera de Valencia, que representan el 90 % del territorio nacional de este hábitat, muy amenazado—, y el cuarto a una provincia entera, Almería.
Sin embargo, este modelo dedicado principalmente a la exportación se extiende también por otros territorios de la península ibérica (como el valle del Ebro, la costa tropical de Málaga y Granada o el Noroeste murciano, entre otros), a menudo afectando a espacios y paisajes formalmente protegidos sobre el papel, pero desprotegidos en la práctica.
España, con el 26 %, es el primer productor de frutas y hortalizas de la UE, y el séptimo a nivel mundial. Hasta más de tres cuartas partes de esos alimentos se destinan a la exportación y terminan en los estantes de las grandes cadenas de supermercados europeas —en Estados de la UE como Alemania, Francia y Países Bajos, y también en el Reino Unido—, que a nivel nacional llegan a repartirse más del 85 % de la cuota total de mercado de producto fresco.
La “uberización” de la producción
En términos generales, el informe de Ecologistas en Acción concluye que la agroindustria agrava las amenazas que ya sufre cada uno de los cuatro territorios estudiados con respecto a la crisis climática. Así las cosas, esta producción hiperintensiva provoca sobreexplotación y contaminación de las masas de agua, tanto superficiales —humedales, lagunas costeras, ríos y otros cauces— como subterráneas, y deficiencias en su gestión y gobernanza.
Como ejemplo, en palabras de Natalia Llorente, portavoz de Ecologistas en Acción, “la Doñana desecada o el Mar Menor eutrofizado se han convertido en tristes símbolos del extractivismo agrario, cuyas consecuencias ya estamos viviendo de primera mano”.
Sin embargo, la insostenibilidad de este sistema no sólo radica en la explotación de los recursos naturales. Según el informe, también se manifiesta en la vulneración de los derechos humanos de las miles de personas trabajadoras por cuenta ajena, en su mayoría jornaleras/os migrantes en situación de vulnerabilidad.
"Son personas que llegan a trabajar en condiciones de semiesclavitud y malviven en asentamientos sin las más mínimas condiciones de habitabilidad, cuyos derechos laborales son negados para poder mantener los márgenes de beneficio en un mercado global que cada vez presiona más", añade Llorente.
Además, Ecologistas en Acción incide en que las cifras regionales obtenidas muestran que este modelo contribuye al aumento de la desigualdad en la población local, ya que su aportación al PIB no es significativa: a pesar de los altos rendimientos del sector, la agricultura industrial crea, sobre todo, empleos precarios. Así, según los datos sobre la distribución de la renta, las economías provinciales basadas en la agricultura industrial ocupan los últimos puestos en la clasificación de la renta.
A su vez, según denuncia el informe, la agroindustria fomenta la “uberización” de la producción: son las grandes comercializadoras y/o minoristas las que deciden qué, cómo, cuándo y a cuánto se produce; y qué precios percibirán quienes producen. En consecuencia, en estas comarcas donde impera la agroindustria, "agricultoras y agricultores tienen ínfima o nula capacidad de decisión sobre el manejo de sus tierras y están a merced de las grandes cadenas de supermercados del norte que, acaparando tierras, pueden llegar a conseguir que la cadena alimentaria tenga un único eslabón".
El caso del Mar Menor: un colapso anunciado
Según el documento, desde 2015, el Mar Menor sufre crisis ambientales periódicas provocadas por los nutrientes procedentes del regadío intensivo, entre las que se contabilizan unas 9.500 hectáreas de regadío ilegal, y la salmuera de la desalación de aguas subterráneas. La eutrofización del ecosistema único del Mar Menor ha provocado la extinción masiva de especies animales autóctonas.
La Albufera de Valencia: el paisaje del arrozal
Por su importancia y diversidad ornitológica (más de 350 especies de aves), este ecosistema es uno de mayor interés biológico de la Comunidad Valenciana. Desde los años sesenta, se utilizan cada vez más fertilizantes químicos y pesticidas sintéticos. Parte de esos fertilizantes sintéticos ricos en nitratos acaba en el lago, aportando más nutrientes al fitoplancton y aumentando el problema de la eutrofización y dulcificación de sus aguas.
Doñana: paradoja ecosocial
El Parque Nacional de Doñana, con su flora y fauna únicas, está gravemente amenazado por la agricultura intensiva de regadío en su cuenca hidrográfica. La explotación ilegal y la degradación de las aguas, así como la pérdida de biodiversidad, han provocado una disminución del 70,7 % del número de lagunas entre 1920 y 1987.
La provincia de Almería
En el mar plástico de Almería los acuíferos están sobreexplotados y salinizados, los humedales, rodeados de invernaderos, sufren contaminación química y continuos vertidos plásticos. Cada año se vierten hasta 15.000 toneladas de plástico procedente de los invernaderos a la naturaleza.
La necesaria transformación del modelo agroalimentario
A la luz de los datos obtenidos en el informe, Ecologistas en Acción reitera que "es imprescindible transformar el actual modelo agroalimentario global por uno más sano, justo, sostenible y local: agroecológico en suma".
Elena Alter, portavoz de la organización ecologista, ha declarado: "Sin sobreexplotación de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo propia y ajena, el modelo agroexportador no funciona. Por ello, exigimos que la UE, los productores y la cadena de suministro asuman los costes medioambientales y humanos y transiten paso a paso hacia un modelo agroalimentario sostenible".