La organización Nofumadores ha denunciado públicamente la "creciente interferencia" de la industria tabaquera en la política española, en un momento crucial en el que se está tramitando modificaciones legislativas en la ley Antitabaco, tras conocerse "una serie de contrataciones de ex altos cargos del Gobierno y de la Administración por parte de compañías como Philip Morris, Japan Tobacco International y Logista". La asociación reclama una reforma urgente de la normativa de incompatibilidades para "prohibir que políticos y funcionarios públicos, con acceso a información sensible y contactos claves dentro de la administración, trabajen en esta industria durante al menos 10 años después de abandonar sus responsabilidades públicas".
Las tabaqueras refuerzan sus filas con ex cargos públicos
El caso más reciente es el de Rubén Baz Vicente, ex subsecretario de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha sido nombrado responsable senior de Relaciones Institucionales en Philip Morris apenas unos meses después de dejar su cargo. Asimismo, Japan Tobacco International ha incorporado a Antonio José Olivera Herrera, ex jefe de gabinete del ministro de Política Territorial.
Por su parte, Logista, el mayor distribuidor de tabaco en España, mantiene en su Consejo de Administración a varias figuras procedentes de altos niveles de la política y la administración, como la ex ministra Cristina Garmendia, la ex presidenta de SEPI Pilar Platero y la ex responsable del Ministerio de Cultura María Echenique.
Para la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, estas contrataciones no son casuales, sino parte de una estrategia de presión política: “Estamos ante un escándalo democrático y sanitario. La industria del tabaco busca comprar influencia en los pasillos del poder y frenar reformas que salvarían miles de vidas para poder salvaguardar sus intereses comerciales y seguir vendiendo, a una muy alta rentabilidad, productos que matan y enferman. España necesita una ley de incompatibilidades contundente que blinde la política sanitaria frente a los intereses de una industria letal”.
Fernández Megina advierte de que estos fichajes se producen en un contexto en el que tanto el Ministerio de Sanidad como la Comisión Europea están preparando reformas decisivas para el futuro del control del tabaco.
Una oportunidad histórica para reducir el tabaquismo
La asociación subraya que España se encuentra ante una oportunidad generacional de reducir el tabaquismo a niveles similares a los de Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, donde el consumo ha caído por debajo del 10%. El Ministerio de Sanidad anunció, a la entrada como ministra de Sanidad de Mónica García, su intención de ampliar los espacios sin humo, aumentar los impuestos del tabaco y avanzar en la introducción del empaquetado neutro. "Sin embargo, la enorme interferencia de la industria tabaquera en las instituciones públicas ha conseguido de momento, evitar que se pongan en marcha, o al menos frenar, estas dos últimas medidas que la comunidad sanitaria, científica y ciudadana de control de tabaco considera claves para frenar la pandemia del tabaquismo".
En paralelo, la Comisión Europea trabaja en una reforma fiscal que contempla subidas del 139% en los impuestos mínimos sobre los cigarrillos, del 258% para el tabaco de liar y del 1.090% para los puros. Para España, esto supondría un incremento medio de 1,40 euros en el precio de la cajetilla.
“Las tabaqueras saben que todas estas medidas socavan su modelo de negocio”, explica Fernández Megina. “Por eso intentan infiltrarse en los centros de decisión con ex políticos que disponen de información privilegiada y contactos estratégicos. Si no actuamos ahora, perderemos la oportunidad de dar un salto histórico en la lucha contra el tabaquismo”.
La interferencia como estrategia empresarial
Los fichajes recientes no son hechos aislados. Según el Índice de Interferencia de la Industria Tabaquera, los casos de ex ministros y altos cargos en órganos de dirección de empresas vinculadas al tabaco son numerosos y persistentes en España. Esta práctica contradice las recomendaciones del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, que obliga a los gobiernos, en su artículo 5.3, a proteger sus políticas de salud frente a la injerencia de la industria tabaquera.
“Estamos viendo cómo las tabaqueras utilizan las puertas giratorias como una herramienta más de lobby”, denuncia Fernández Megina. “Quienes ayer ocupaban cargos de máxima responsabilidad en la administración pública hoy trabajan para empresas que tienen como objetivo impedir cualquier avance en salud pública. Esto pone en cuestión la neutralidad de las políticas públicas y abre la puerta a la captura regulatoria”.
Una ley para proteger la salud y la democracia
Nofumadores.org insiste en que es urgente aprobar una reforma legislativa que cierre de manera efectiva estas puertas giratorias. La medida, según la asociación, no sólo protegería las políticas de salud pública, sino también la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
“El Parlamento y el Gobierno deben elegir: o defienden la salud de los ciudadanos o protegen los privilegios de una industria que mata a más de 60.000 personas cada año en España”, concluye Fernández Megina. “No se puede tolerar que quienes ayer tenían responsabilidades públicas hoy cobren de las tabaqueras para debilitar la política de salud pública. Si realmente queremos una sociedad más sana y libre de tabaco, debemos empezar por garantizar que las decisiones políticas no estén condicionadas por los intereses de la industria tabaquera”.