Hoy es el último día de plazo para que el gobierno de Murcia reaccione y retire su iniciativa sobre «el pin parental». Una medida, ya por todos conocida, impulsada por Vox, que ha puesto en marcha el gobierno murciano, liderado por el Partido Popular y Ciudadanos.
Por parte de la Consejería de Educación de Murcia, a pesar de que se les avisó desde el Gobierno de que se tomarían las medidas legales oportunas, se plantan: no tienen previsto atender al requerimiento del Gobierno que fue emitido hace un mes desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
La ministra ha dado ya varios avisos en la línea en que si Murcia no reacciona en el sentido que le indica el Gobierno, el Ministerio pondrá en marcha la vía judicial, haciendo que los tribunales suspendan como medida cautelar la activación del «pin parental» hasta que se dicte la sentencia definitiva.
Vox ha querido utilizar esta medida para mostrar su presencia e influencia en los gobiernos que han podido salir adelante gracias a su apoyo. Sin embargo, en Andalucía y Madrid no les ha salido bien «la jugada», puesto que los ejecutivos de ambas regiones han rechazado de plano ponerla en marcha. Solamente Murcia ha accedido, y se encuentra ahora en una situación límite.
Por su parte, Fernando López Miras, presidente de Murcia, ha avisado ya de que no piensa dar un paso atrás, «a menos que se lo exijan instancias judiciales», que es precisamente lo que ocurrirá en próximas horas. Ha defendido que ya se tomó una decisión al respecto, que desde su punto de vista es «legal», puesto que cuenta con informes favorables tanto de los servicios jurídicos de la Consejería de Educación de Murcia como del servicio de Inspección de Educación.
«Si las instancias judiciales nos dicen que hagamos otra cosa, lo haremos. Pero no lo haremos porque nos lo diga un Gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres», señaló el pasado viernes el presidente Miras.
