Marta Carlota Sales Prendes, vinculada a la Fundación Franco y simpatizante de VOX, ha sido detenida dentro de la operación Canvi, por vender carnet de conducir falsos. La trama estaba dirigida por su hijo, Álvaro Prendes, informático contratado en la Dirección General de Tráfico (DGT) de Girona, también ultraderechista.
La organización criminal se dedicada a la expedición fraudulenta de carnés de conducir, y operaba desde Cataluña en varios puntos del resto de España. La operación se ha saldado con 616 detenidos, entre los cuales se encuentran los 14 integrantes de su cúpula. A los arrestados se los relaciona con los delitos de falsedad documental, soborno, blanqueo, pertenencia a organización criminal y contra la seguridad en el tráfico.
Se detecta un carnet de conducir falso
En verano del 2020, se detecta una persona en un control con un carné de conducir auténtico a pesar de que presentaba un hecho discordante. El titular tenía sanciones en su expediente en fecha anterior a la expedición del permiso en la Jefatura Provincial de Girona de la DGT. Las gestiones y comprobaciones posteriores acreditaron que se trataba de un permiso fraudulento, a pesar de su aparente autenticidad.
La estructura y operativa de la organización
El cerebro del grupo era un informático que trabajaba como subcontratado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona desde septiembre del año 2019. Este trabajador usurpó las claves de acceso de funcionarios de la DGT para poder llevar a cabo esta práctica delictiva, en un principio, con familiares y amigos.
En el momento que se empezó a instaurar el teletrabajo en marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia, y ya con un conocimiento de cómo funcionaban las aplicaciones informáticas de la DGT, vio la oportunidad de sacar un rédito económico de sus conocimientos.
Para dar salida a los permisos necesitaba a alguien que le pudiera proporcionar beneficiarios de estos carnés, por lo que contactó con un hombre que le facilitó la red de intermediarios que le hacía falta.
Se trata de una persona que ya tenía un historial delictivo y que actuaba como jefe visible de la organización: captaba los clientes, hacía los cobros de los permisos y le daba protección. Este hombre ejercía el rol de colíder de la organización.
La mecánica de actuación era la siguiente: el colíder tejió una red de intermediarios que hacían de conseguidores de los clientes. Se trata de personas que, en algunos casos, regentaban locutorios a los que acudían personas que no disponían de carné de conducir con intención de conseguirlos.
A pesar de que el alcance principal de la organización estaba en Cataluña, había beneficiarios de cualquier punto del resto de España. Esta red criminal es responsable de la emisión de 1.800 permisos de conducir españoles auténticos de forma fraudulenta.
Por cada permiso se pagaban cantidades entre los 3.000 a los 15.000 euros
Los dos líderes del grupo se repartían los beneficios que se obtenían por permiso, a un precio fijo por carné en función de la categoría. Para obtener cada permiso se pagaban cantidades que podrían oscilar entre los 3.000 a los 15.000 euros.
Con el dinero obtenido, los principales investigados compraban propiedades inmobiliarias, vehículos y otros productos de lujo. Los ultraderechista antenían un ritmo de vida muy alto que no se podía justificar con el sueldo de la DGT en el caso del informático. Una parte del dinero se enmascaraba con la adquisición de criptomodeda.
En la operación Canvi se han detenido a 616 personas relacionadas con el entramado en 29 provincias españolas. Los beneficiarios habían pagado para obtener los permisos fraudulentos, y se espera que la cifra final de detenidos se acerque al millar.
Se encontraron más de medio millón de euros en efectivo en el domicilio de la pareja del informático, que también formaba parte de la organización. Se intervino diversa documentación relacionada con falsificación documental y se intervinieron cinco coches, dos de los cuales de alta gama. Los beneficios obtenidos por la organización investigada son cuantísimos, superando los siete millones de euros.
Los catorce integrantes de la cúpula pasaron el jueves a disposición judicial y la jueza decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos.
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