Uno de los responsables del protocolo de la vergüenza en las residencias de Ayuso culpa ahora a los médicos

Carlos Mur, director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en 2020, ha afirmado en el juzgado que los protocolos de derivación no eran obligatorios, pero además ha afirmado que la negativa a ingresar a los mayores fue decisión de residencias y hospitales, no una imposición de la Consejería.

Este exalto cargo de Ayuso abandonó los juzgados de la capital sin hacer declaraciones y entre gritos de “¡Asesino!” de varias decenas de familiares de los fallecidos en residencias, convocados por Marea de Residencias.

Con su declaración, pone más difícil el futuro de la presidencias de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su futuro político para sustituir a Feijóo y llegar a liderar a su partido.

Mur acudió como testigo, ante el juez que investiga estos fallecimientos en varios centros de Madrid. Pero no estar imputado, no le faculta no decir la verdad. Además, ha acusado a los médicos de urgencias de la decisión de derivar o no a ancianos a hospitales.

El protocolo de la vergüenza, que fue revelado por Infolibre, y que les envió la Comunidad de Madrid, ha dicho, “no era obligatorio”, aunque dos geriatras hospitalarias han declarado que “sí era su documento de referencia”.

Mur ha comparecido en el juzgado de instrucción número cuatro de la Plaza de Castilla, uno de los que investiga el fallecimiento de decenas de mayores residentes en dos residencias de la capital, Amavir de Arganzuela y la Adolfo Suárez de San Blas.

Ayuso “permitió” la muerte de mayores en las residencias a través del “protocolo de la vergüenza”

Ayer en el juzgado, según ha explicado el abogado de la acusación Andrés Ollero, Mur reiteró que los protocolos de emergencia puestos en marcha en marzo de 2020 no eran obligatorios y que su aplicación, en última instancia, dependía de hospitales, residencias de ancianos y sus geriatras. Protocolos que en la práctica impidieron la hospitalización de miles de ancianos que fallecieron en las residencias.

El exalto cargo del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha justificado que los protocolos respondían a la necesidad de dar información a los geriatras “que estaban preguntando que qué pasaba con las derivaciones, también cuando pedían material o sanitarios”. Mur, según su testimonio, ha definido la situación “como una ola” y destacó la necesidad de establecer esos protocolos “para que no pasara lo que pasó en Italia donde había cuatro enfermos y un respirador, el protocolo estaba diseñado para evitar eso”.

Dos geriatras, de dos hospitales públicos de referencia de las dos residencias investigadas, han comparecido para reconocer que no recuerdan ningún caso en particular, pero han afirmado que el protocolo era su documento de referencia, ha explicado Ollero.

“Analizaban caso por caso con el protocolo encima y decidían quienes eran trasladados y quiénes no en función de las patologías que tuvieran”, añadieron, según el letrado. Uno de las geriatras habló de “medicina de guerra”.

Carlos Mur fue cesado por Ayuso en mayo de 2020 después de ocho meses en el cargo de director general de coordinación sociosanitaria. Fue el responsable de firmar las órdenes de Sanidad en marzo de ese año que impidieron el traslado de residencias a hospitales de miles de ancianos que terminaron falleciendo en estos geriátricos.

Responsabilidades de Ayuso y los altos cargos

El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, con Ciudadanos, Alberto Reyero tiró de la manta y contó en la Cadena SER cómo “había una mano negra en la Presidencia de la Comunidad de Madrid buscando culpables de lo que ocurrió en las residencias”.

Ayuso “permitió” la muerte de mayores en las residencias durante la pandemia

Durante la pandemia murieron en España casi 35.000 personas en las residencias de mayores. Solo en Madrid fallecieron 7.200 ancianos. Muchos no recibieron la atención sanitaria que merecían, ante unos sistemas de salud desbordados y con falta de medios y personal. Dos años y medio después de lo peor de la enfermedad, poco o nada ha cambiado en el modelo de cuidados a la tercera edad. Las causas judiciales abiertas no han prosperado y tampoco ha habido ningún tipo de responsabilidad política.

Alberto Reyero era uno de los responsables del Gobierno de Ayuso cuando los mayores morían en las residencias sin recibir ningún tipo de atención. Por eso, ha decidido contarlo todo, aunque muchas de estas cuestiones ya se sabían.

Morirán de forma indigna o como actuó Ayuso durante la pandemia

Reyero publica en unos días Morirán de forma indigna (Libros del KO), un relato sobre aquellos días tan complicados. Una bomba mediática contra Isabel Díaz Ayuso, pero también contra Ciudadanos. El exconsejero terminó dimitiendo cuando se atrevió a decir en público lo que estaba pasando en las residencias.

El protocolo de la vergüenza

Reyero comenzó recordando que sí conocía ese protocolo. “Estaban muy nerviosos por lo que significaba. El gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social me lo enseñó y me explicó lo que significaba. Suponía excluir a personas que tuvieran no solo COVID, sino cualquier otra dolencia que tuviera un nivel de dependencia del dos o del tres”.

El ‘protocolo de la vergüenza’ era la imposibilidad de que las residencias derivaran a hospitales a personas que lo necesitaban, discriminando por su edad, sexo o grado de incapacidad.

“Había una serie de requisitos: las personas que estaban en condiciones aceptables no entraban en la exclusión, pero como nos dijo una directora de una residencia, por el simple hecho de estar en una residencia y estar en una silla de ruedas ya no podías ir a un hospital” dice Reyero.

Reyero continúa desgranando las vergüenzas que sucedieron aquellos días durante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: “Es algo que yo siempre me he preguntado y la única explicación que yo creo que puede ser verosímil es que empezaran con estas exclusiones de manera verbal y debió haber algún tipo de rebelión interna y pedir que fuera por escrito”, dejando claro que todo estaba por escrito. Además, el exconsejero avisó y le informaron de que el protocolo no se estaba aplicando. Sin embargo, como después se demostró, sí se estaba haciendo. Reyero cuanta como “el bajón era considerable en el traslado a hospitales”.

Responsabilidad política

“Hubo una reunión en la que estuvieron el consejero de Sanidad, la presidenta, el consejero de Hacienda, Lasquetty, muy relacionado con la Sanidad, el jefe de gabinete de la presidenta y Burgueño (exdirector regional de hospitales) Debieron tomar alguna serie de decisiones porque al día siguiente medicalizaron las residencias. Yo no sé de dónde partió este protocolo, pero los documentos son reales porque están firmados, sabemos quién lo firmó. Sabemos que informó a sus jefes, a la viceconsejera de Sanidad y al consejero de Sanidad. De dónde partió no lo sé, sería una de las preguntas que haría en una comisión de investigación”, explica Alberto Reyero.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba decidió la semana pasada reabrir la investigación por la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero en las muertes de mayores en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia de la Covid-19, según adelantó ayer por la tarde ‘El Salto’