Nueva polémica en torno al procès con diferente criterio entre los soberanistas y los constitucionalistas. En esta ocasión, la Fiscal General del Estado responde a la idea de la Generalitat de multar hasta con 30.000 euros a quien retire los lazos amarillos instalados de forma simbólica para reivindicar la libertad de los presos por el 1-O.
La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha opinado este lunes que «no hay delito alguno ni en quitar ni en poner» símbolos en la vía pública, porque es algo que «forma parte de la libertad de expresión».
Segarra se ha expresado así, a preguntas de los periodistas sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra que identificaron días atrás a varias personas, entre las que estaba un agente de la Guardia Civil, por quitar lazos amarillos de la calle en varias localidades de Tarragona.
«No estoy juzgando sobre una legislación que no me toca a mí responder sobre aplicación», ha matizado Segarra, subrayando que «son las autoridades gubernativas catalanas las que tomaran las decisiones, seguramente las más oportunas». Y ha añadido que «por ahora no hay ningún procedimiento penal abierto», insistiendo en que, a su juicio, «tan lícito es publicitar una opinión ideológica, como manifestar una opinión contraria retirando material que se ha depositado».
Si el asunto se adapta a su ideología fascista es libertad de expresión, sino es delito de odio. Se puede meter su opinión por donde le entre