Adiós, González-Trevijano, adiós

Las nuevas vacaciones de invierno en la Justicia le van a permitir cobrar una mensualidad más. Pero se le acabó el chollo. Llegó a pensar que se le podría prolongar algunos meses. Hasta que Núñez Feijoo gane las elecciones en noviembre próximo, –eso es lo que él sueña más con el corazón que con la razón–, y lo nombre ministro o alto cargo para agradecerle los servicios prestados. Pedro González-Trevijano dejará el Tribunal Constitucional con el dudoso honor de haber destrozado la dignidad y, sobre todo, la imagen de la Alta Magistratura del Estado.

González-Trevijano es presidente. Y lo será durante unos días más. Toda la semana próxima, hasta que termine el periodo vacacional navideño que, además, este año es inhábil judicialmente. El nombramiento de los nuevos magistrados, tras ser “examinados” por los salientes, deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Pero antes, deberán ser informados el Gobierno, la Jefatura del Estado que, a fin de cuentas, es la institución que los nombra, el Congreso y el Senado. Una vez se hayan cumplido esos trámites protocolarios deberán jurar o prometer ante Felipe VI. Cosa que sucederá el 9 de enero. Y entonces será el momento. González-Trevijano dará su último discurso después de imponer a los nuevos las medallas que les acredita como miembros del Tribunal Constitucional, y se irá. Pasará a la historia como el peor presidente después del golpe de mano que ha dado. En el PP le deben un favor.

Su última firma ha sido la que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra las reformas de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, con “medidas cautelarisimas” incluidas, que paralizaron el trámite parlamentario de esas iniciativas legislativas. Un auto que, para vergüenza de todos, destaca que por encima del TC no hay nadie. Ni siquiera el depositario de la soberanía popular, el Parlamento. “Resulta inexcusable el respeto escrupuloso de las normas que rigen los procedimientos, incluido por supuesto el legislativo, pues todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución”, dice la resolución de los magistrados conservadores. Nunca, en la historia de la democracia, el tribunal de garantías había frenado la votación de una ley. Para ello argumenta que «la expresa voluntad del constituyente» le sitúa como «garante último del equilibrio de poderes constitucionalmente establecido, incluyendo por tanto la posibilidad de limitar la capacidad de actuación del legislador cuando exceda de los márgenes constitucionales (…) en el ejercicio de su irrenunciable responsabilidad constitucional».

La interpretación que los magistrados conservadores dan a las garantías constitucionales traspasa toda línea roja. Muchos juristas han señalado que, con esta resolución, el verdadero poder del Estado queda en manos de unos funcionarios que cobran de nuestros bolsillos y que no han sido elegidos por nadie.  Ahora habrá que ver lo que, al final, queda de ella con la nueva composición porque este país pasa a convertirse en una “democracia vigilada”. A partir de ahora, cualquier acto parlamentario deberá ser examinado con lupa no vaya a ser que lleguen los señores del Constitucional y, sacando del archivo esta resolución, lo prohíben. La autonomía parlamentaria ha quedado tocada definitivamente. A saber si no hay otra resolución judicial que acaba por hundirla.

Pero lo más grave sigue siendo el rechazo a la recusación que presentaron los diputados de Unidas Podemos y PSOE contra los dos magistrados salientes, el propio González-Trevijano y Narváez, los cuales, cuando apoyaron la ponencia, se encontraban con mandatos caducados.  Para rechazarla, se argumenta que “las recusaciones han sido planteadas respecto de dos de los cuatro magistrados que tienen el mandato caducado y que serán cesados tras la renovación parcial del órgano”. Por ello consideran que la petición “tiene un carácter abusivo”. Y, sin más argumentos, “debe inadmitirse”. Se puede interpretar como que los grupos que recusaron a González-Trevijano y Narváez lo hicieron para evitar que ambos participasen en la decisión final que la inclinaría en favor de la opción conservadora. Eso es lo que denominan “carácter abusivo”.

Si González-Trevijano y Narváez hubiesen tenido un mínimo de ética y estética profesional, se habrían abstenido. Ni siquiera habría hecho falta la recusación. Pero no lo hicieron. Se rebajaron a las presiones efectuadas por el ponente, Enrique Arnaldo, magistrado convertido en la correa de transmisión del Partido Popular en el Constitucional y cuya carrera judicial queda en entredicho después de analizarse estos sucesos. Pero ese es otro cantar. Por supuesto el Partido Popular es el menos indicado a la hora de denunciar las injerencias en la justicia del gobierno progresista. Ellos tienen a “su” magistrado que hará el trabajo sucio que haga falta todas las veces que haga falta. Y que será el “vigilante” de las actuaciones de Campo y Díez, tal y como ha amenazado Feijóo.

Por eso Rajoy nombró a González-Trevijano y a Narváez en 2013. Al mismo tiempo que maniobró para renovar el Consejo General del Poder Judicial a su medida. Se había descubierto la operación Kitchen. La famosa “policía patriótica” que ya no era una cuestión de corrupción sino de algo mucho más grave. El uso ilegal de las “cloacas del Estado”

Había que minimizar el coste de esta operación. Y para ello había que controlar la Justicia. Desde el órgano de gobierno de los jueces hasta la alta magistratura representada en el Tribunal Constitucional. Narváez y González-Trevijano eran conscientes de por qué se les colocaba ahí. Y lo han sido hasta el último momento de su ya caduco mandato.

El problema personal que tienen es que han salido tan quemados que será muy difícil que levanten cabeza. Pero puede suceder. Un juez que estuvo en parecidas circunstancias, Enrique López, hoy es consejero de Interior del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y asesor en materia judicial de Génova.

Eso es lo que debe pensar González-Trevijano. Que, al final, alguien le recompensara por el flaco favor que ha hecho a las instituciones pero que ha salvado al PP del mayor de los ridículos.