La administración Trump y las mayorías republicanas en ambas cámaras del Capitolio han apostado por una ambiciosa agenda económica y fiscal que, según diversos expertos y análisis, amenaza con socavar la capacidad de millones de familias estadounidenses para afrontar sus gastos básicos.
Mientras se persiguen reducciones de impuestos que favorecerán exclusivamente a los más ricos, se proyectan recortes profundos a programas esenciales como Medicaid y la ayuda alimentaria SNAP, además de imponer aranceles sin precedentes en décadas. Este enfoque se traduce en una redistribución de ingresos que agravará la desigualdad, disminuirá el nivel de vida de quienes más dependen de la asistencia estatal y, en última instancia, aumentará el riesgo de crisis económica.
Un Eje de Tres Pilares
El núcleo de la estrategia económica promovida desde la Casa Blanca se apoya en tres frentes fundamentales: la legislación fiscal y presupuestaria, las medidas ejecutivas y el incremento de los aranceles.
Por un lado, se planea aprobar una legislación de amplio alcance mediante el proceso acelerado de «reconciliación», que ya se analizó profundamente en Diario16+. Esta vía legislativa permitirá extender las disposiciones de los recortes de impuestos de 2017, que fueron ampliamente promocionados para estimular el crecimiento económico, pero cuyos beneficios para la mayoría de los trabajadores nunca se materializaron a la altura de las expectativas. Sólo ganaron los más ricos, tanto familias como grandes corporaciones.
Acompañando a la ley fiscal, la Administración ha implementado un conjunto de acciones que buscan cortar de forma ilegal la financiación a servicios públicos e inversiones críticas. Estas medidas afectan no solo la sostenibilidad de la red de seguridad social, sino también la eficacia y despolitización de la función pública.
En un intento por nivelar la balanza fiscal, Donald Trump ha impuesto aranceles –los más altos en más de un siglo– que, según los analistas, terminarán encareciendo la vida de las familias de ingresos bajos y medios en cientos o incluso miles de dólares mensuales. Realmente, estos aranceles parecen ser la cortina de humo perfecta porque, mientras el mundo tiene la mirada fijada en ellos, Trump está aplicando la agenda presupuestaria que le han impuesto sus financiadores.
Esta agenda de tres partes se pretende justificar bajo la premisa de generar un crecimiento económico acelerado que, en teoría, favorecería a todos los estratos sociales. Sin embargo, el análisis de sus aplicaciones y efectos practicados apunta a lo contrario: la redistribución ascendente del ingreso beneficiará a los más acomodados mientras que los hogares de ingresos modestos se enfrentarán a un serio deterioro en su calidad de vida.
Impacto directo en el bolsillo de los trabajadores
La terrible magnitud de las consecuencias de las políticas de Trump se muestra en las cifras oficiales que muestran cómo la combinación de la extensión de la ley tributaria de 2017, junto con recortes a programas sociales como Medicaid y SNAP, y el incremento de aranceles, repercutirá de forma dispar sobre distintos niveles de ingreso.
Según estos datos, los hogares ubicados en el 60% inferior de la distribución de ingresos verían reducidos sus ingresos en promedio en 1.550 dólares, lo que se traduce en el equivalente a aproximadamente tres meses de comestibles. Mientras tanto, el 1% superior de los hogares experimentaría un aumento medio en sus ingresos de casi 3 millones de dólares. Esta evidente polarización no solo evidencia una falacia en la noción de que los recortes fiscales pueden impulsar el crecimiento económico general, sino que también subraya cómo la política implementada aumenta la disparidad en un momento en que las familias de bajos ingresos ya se enfrentan a elevados costes de vida.
El impacto no se limita a las cifras. En una economía donde cada dólar cuenta, para millones de familias que dependen de Medicaid para tener acceso a servicios de salud o del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para complementar la compra de alimentos, estos recortes implican no solo una disminución de ingresos, sino también una pérdida directa de calidad de vida. En efecto, cuando se reduce el acceso a la asistencia médica y se elevan los costos de bienes esenciales, se crea una situación de vulnerabilidad en la cual los trabajadores con salarios bajos son los que más sufren las consecuencias.
Un supuesto millonario contra los más vulnerables
Una dimensión importante del análisis es el impacto diferenciado que esta agenda tendrá en las comunidades negras y latinas. Durante décadas, se han enfrentado históricamente a barreras estructurales en áreas como la vivienda, la contratación y la educación. En este contexto, los recortes en programas de asistencia social y la imposición de aranceles excesivos agravarán aún más las disparidades existentes. La reducción del acceso a servicios fundamentales no solo afecta la capacidad de estas familias para superar la pobreza, sino que también perpetúa la discriminación y marginalización que históricamente han sufrido.
El riesgo de que la economía se incline hacia una redistribución de ingresos de manera ascendente, concentrando mayor poder económico en las élites, es especialmente preocupante. Lejos de ser un sacrificio compartido, las medidas de Trump están diseñadas para beneficiar a los sectores más acomodados, dejando a las comunidades más vulnerables con menores recursos, limitadas oportunidades de crecimiento y un acceso restringido a servicios básicos. Este escenario no solo contraviene principios de equidad y justicia social, sino que además sentará las bases para una mayor inestabilidad social y política a largo plazo.
Efecto cascada
El proceso legislativo a través de la «reconciliación» presupuestaria se ha convertido en el vehículo principal para aprobar esta serie de recortes y medidas fiscales. La resolución presupuestaria aprobada por el Congreso contempla la eliminación o reducción de una amplia gama de programas, con un total de recortes estimados en 4,5 billones de dólares. Este amplio margen presupuestario se utilizará para extender los recortes de impuestos vigentes que solo benefician a los hogares de ingresos altos.
Por ejemplo, extender las provisiones de la ley tributaria de 2017 tendrá un costo anual aproximado de 400.000 millones de dólares para recaer en la base tributaria. Las proyecciones indican que este costo se traducirá en recortes fiscales de gran magnitud para las familias ricas, que verán millonarias reducciones impositivas y un aumento relativo en sus ingresos netos cercano al 3%. De este modo, aunque se anuncien exenciones y deducciones que aparenten ser populistas, en la práctica, la estructura del paquete crea una brecha cada vez mayor entre los beneficios para los más ricos y el impacto negativo para los de ingresos modestos.
Los recortes presupuestarios se dirigen a áreas vitales como el cuidado de la salud, la alimentación y la educación. Desde el Comité de Energía y Comercio hasta el de Agricultura, las instrucciones son claras: recortar lo indispensable para compensar los recortes fiscales a los ricos. Esto obligará a recortar programas esenciales como Medicaid y SNAP, que hoy en día atienden a decenas de millones de estadounidenses. El Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale ya ha advertido que tales medidas reducirían notablemente los ingresos de las familias en el 40% inferior de la distribución, mientras que el 1% superior prácticamente mantendría intactos sus beneficios.
Riesgo de una mayor escisión
Aunque el Congreso insiste en unos recortes profundos para alcanzar objetivos de ahorro de hasta 2 billones de dólares, el Senado ha ofrecido instrucciones menos severas para los recortes en algunos comités. Por ejemplo, en áreas relacionadas con el SNAP y los préstamos estudiantiles, el Senado solo ha exigido recortes de al menos 1.000 millones de dólares, a diferencia de las cifras astronómicas planteadas por la Cámara. Esta discrepancia legislativa añade incertidumbre al proceso, ya que, a pesar de las diferencias, nada en la resolución presupuestaria evita que, en última instancia, se impongan recortes significativos a áreas de salud, asistencia alimentaria y educación.
El riesgo es que, al utilizar la reconciliación presupuestaria, el resultado final es un paquete de medidas que profundizará la pobreza y aumentará el precio de la vida para los trabajadores de ingresos bajos y moderados. Algunos senadores conservadores han abogado incluso por recortes adicionales a los ya propuestos, lo que podría traducirse en una reducción adicional de la red de seguridad social y en un incremento en la desigualdad económica.
Camino a la recesión
Uno de los argumentos recurrentes de los defensores de esta agenda es que los recortes de impuestos, sumados a otras medidas de estímulo, generarían un crecimiento económico acelerado. Sin embargo, los análisis realizados por diversos centros de estudios y economistas señalan que los supuestos beneficios económicos han resultado ser modestos y, en algunos casos, han puesto en riesgo la estabilidad económica general. Los aranceles impuestos, por ejemplo, no solo encarecen productos básicos, sino que también incrementan el riesgo de una recesión, afectando primordialmente a los trabajadores con salarios bajos.
La idea de que los beneficios para las grandes corporaciones y los ricos se verían compensados con recortes para los de ingresos altos ignora la dinámica fundamental de una economía saludable, en la que el crecimiento debe estar sustentado en el bienestar general y en el poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos. Si los beneficios se concentran en la cúspide de la pirámide económica, el efecto dominó llevará a una disminución del consumo interno, una caída en la demanda y, en última instancia, a una crisis de crecimiento económico.
¿A quién beneficia realmente la agenda de Trump?
El panorama es claro: la estrategia económica y fiscal impulsada por la Administración Trump y apoyada por las mayorías republicanas en el Capitolio parece diseñada para favorecer a los sectores más acomodados, dejando a las familias de ingresos modestos en una posición cada vez más precaria. Mientras los recortes de impuestos se traducen en beneficios sustanciales para los hogares de la élite, la misma fórmula, al mismo tiempo, reduce drásticamente la financiación de programas esenciales de salud, asistencia alimentaria y educación.
El efecto combinado de estos recortes, junto con el incremento de aranceles, crea una situación en la que cientos o incluso miles de dólares adicionales se desembolsarán por bienes y servicios básicos, lo que podría ser el último recurso para quienes apenas logran cubrir sus necesidades. Este escenario no solo amenaza con aumentar la desigualdad, sino que, al debilitar la red de seguridad social, pone en riesgo el bienestar general y la estabilidad económica del país.
A pesar de las promesas de un crecimiento económico rápido, la evidencia sugiere que los supuestos beneficios no se materializarán en la práctica. Lejos de ser una estrategia para impulsar la prosperidad general, la redistribución ascendente del ingreso –un reflejo de los recortes favorecedores a los ricos y de la eliminación o reducción de apoyos para los más vulnerables– podría, en cambio, marcar el inicio de una era de mayor polarización económica y, posiblemente, de recesión.
En conclusión, el plan de recortes y medidas fiscales presentado por la Administración Trump y sus aliados en el Capitolio es, en esencia, un reflejo de las prioridades de un modelo económico que, en lugar de apuntar a la equidad y al bienestar general, se enfoca en concentrar el poder adquisitivo y los beneficios en un segmento reducido de la población.
Las consecuencias de esta política son devastadoras para las familias de ingresos bajos y moderados, que verán erosionada su capacidad para acceder a servicios básicos como salud y alimentación, al mismo tiempo que se les impone un coste de vida cada vez mayor.