El auto del juez Ángel Hurtado, que propone juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, ha desatado una polémica sin precedentes en el ámbito judicial. A lo largo de sus 51 páginas, el magistrado construye un relato en el que las pruebas parecen escasas y las suposiciones, numerosas. Sin embargo, lo más llamativo es que, mientras el juez otorga credibilidad a la versión de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ignora las declaraciones de los periodistas implicados, favoreciendo una acusación basada en indicios que aún no han sido probados.
La versión de los periodistas es desestimada
En su relato, Hurtado afirma que el fiscal general filtró un correo confidencial de la pareja de Ayuso a un medio de comunicación con el fin de difundirlo y así desmentir una información incorrecta. Sin embargo, el testimonio del periodista Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, contradice esta acusación. Campos explicó ante el juez que conoció el contenido del correo antes de que este llegara a manos de García Ortiz, y negó que fuera el fiscal quien le facilitara la información. A pesar de su testimonio, el juez decidió desestimar su declaración y sugirió que podría haber mentido por el deber de proteger su fuente de información, sin aportar ningún argumento sólido para respaldar tal afirmación.
Los testimonios de EL PAÍS y la Cadena SER también son pasados por alto
El auto también ignora las declaraciones de cuatro periodistas de EL PAÍS, quienes afirmaron haber recibido la misma información sobre el caso antes de que el fiscal general del Estado tuviera acceso a los correos. Sin embargo, en lugar de profundizar en esta contradicción, el juez considera que lo relevante es la filtración del correo del 2 de febrero de 2024 a la Cadena SER, y resta importancia a otros testimonios que contradicen su línea de investigación.
Esta misma mañana, Miguel Ángel Campos, en la Cadena SER, ha retado al magistrado a imputarlo si cree que mintió en su declaración de hace cuatro meses. Pero el juez Hurtado no lo hará, porque sabe que dijo la verdad.
El papel de la filtración en el caso
Aunque el juez menciona que la filtración del correo sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador fue un acto deliberado por parte de la Fiscalía, omite un hecho crucial: el papel de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, quien también filtró el mismo correo al diario El Mundo. Sin embargo, para Hurtado, este acto no tiene relevancia, ya que fue autorizado por el propio González Amador, quien también ha sido implicado en la causa. Este contraste en el tratamiento de las filtraciones pone de manifiesto un trato desigual hacia los distintos actores involucrados.
El desfase horario y la falta de pruebas
Otro de los puntos débiles del auto de Hurtado es el desfase horario que se observa en la atribución de la filtración. El periodista de la Cadena SER había recibido el correo antes de que, según el relato del juez, García Ortiz solicitara la información a la fiscal provincial de Madrid. A pesar de esta contradicción, Hurtado insiste en que el fiscal pudo haber filtrado el correo antes de recibir toda la información sobre el caso, lo que resulta difícil de sostener sin pruebas claras.
La credibilidad de la pareja de Ayuso
Lo que más sorprende de este auto es que, mientras el juez desestima la versión de los periodistas, otorga total credibilidad a la declaración de González Amador y su abogado. A pesar de que el correo en el que el comisionista reconocía los delitos fiscales fue filtrado sin su conocimiento, el juez no contempla la posibilidad de que la filtración haya sido realizada por el propio abogado. En lugar de profundizar en la posible autoría de este hecho, el juez simplemente avala la versión del abogado y la acepta como un hecho probado.
El caso del borrado del móvil
El auto también aborda el borrado de datos en el móvil de García Ortiz, un acto que el fiscal justificó por razones de seguridad. Sin embargo, el juez utiliza este hecho como un indicio de que el fiscal intentó ocultar pruebas. El propio García Ortiz ha afirmado que no hubo intención de destruir pruebas y que el borrado se hizo por cuestiones técnicas. A pesar de esto, Hurtado le atribuye una intención oculta que aún no ha sido probada.
La acusación política contra la Moncloa
Una de las afirmaciones más controvertidas del juez es que García Ortiz actuó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno". Esta acusación, que nunca antes había sido mencionada en la investigación, ha sido utilizada por la oposición para implicar al Gobierno en el caso. Sin embargo, el juez no ha aportado pruebas que sustenten esta afirmación, lo que la convierte en una especulación sin fundamento. De hecho, la declaración del fiscal de que la filtración se produjo para desmentir un bulo sobre la Fiscalía parece haberse desvirtuado para incluir una posible manipulación política, sin que se haya comprobado.
Las consecuencias políticas
El auto de Hurtado ha generado una gran controversia política, especialmente entre los partidos de la oposición, que han utilizado la acusación de que el Gobierno estuvo involucrado en la filtración para exigir explicaciones a Pedro Sánchez. Sin embargo, las implicaciones políticas del caso no deben eclipsar la cuestión central: ¿existen pruebas suficientes para acusar al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid? La falta de indicios sólidos y la desestimación de pruebas clave plantean serias dudas sobre la veracidad de la acusación.
En conclusión, el auto del juez Ángel Hurtado ha dejado más preguntas que respuestas. La credibilidad otorgada a las versiones de la pareja de Ayuso y el trato desigual hacia los testimonios de los periodistas sugieren que el caso podría estar siendo manejado de manera parcial y sin una base sólida. La investigación aún está en curso, pero lo que está claro es que la decisión del magistrado ha abierto un frente judicial y político que podría tener repercusiones a largo plazo para la justicia española.