Ayer se conocieron los datos de inflación correspondientes al mes de enero. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios subieron un 2,9%, lo que refleja una importante presión inflacionaria con el nivel más alto desde junio de 2024.
Los datos están ahí, son cifras oficiales que escapan a cualquier interpretación sesgada, sectaria o ideológica. Pedro Sánchez se está mostrando como un presidente incapaz de generar bienestar en su ciudadanía, dado que estos niveles de inflación, sumados a la gravísima crisis salarial que sufren las clases medias y trabajadoras, llevan inequívocamente hacia incrementos pronunciados de la pobreza. Esto se demuestra en otras cifras oficiales, las de la Unión Europea, que colocan a la España de Sánchez en los primeros puestos de pobreza a pesar de ser la cuarta economía de la UE y la que lidera el crecimiento macroeconómico. Algo no cuadra en esa ecuación.
A pesar de que se ha incrementado el salario mínimo interprofesional (SMI) un 60% desde 2018, esto no ha evitado que las remuneraciones que perciben los ciudadanos de clase media y trabajadora sean aún más bajas, además de que la capacidad adquisitiva se esté desplomando como nunca, proporcionalmente, desde la posguerra.
Los datos de la inflación demuestran que Sánchez debe afrontar el hecho de que es crucial que los aumentos salariales en los convenios colectivos se alineen con el IPC o lo superen para garantizar el poder adquisitivo de las familias. Ninguno de los gobiernos de Sánchez se ha planteado el impulso de cláusulas de garantía salarial en los convenios para, de este modo, asegurar que los trabajadores se beneficien de mecanismos automáticos de ajuste salarial en función de la inflación.
El transporte es fundamental para el desplazamiento de los empleados a sus centros de trabajo. La anual aumentó siete décimas, alcanzando el 1,3%, principalmente por el encarecimiento de los carburantes. La vivienda registró una variación anual del 7,9%, cinco décimas más que el mes anterior, influenciada por la subida de los precios de la electricidad. Es decir, cuestiones básicas para la vida que impactan en el poder adquisitivo de las personas. Salarios que no se adecúan a la realidad, que no recogen los beneficios del crecimiento macroeconómico ni las ganancias netas de las empresas, pero que sufren la subida de los precios es un cóctel que lleva a que los ciudadanos de clase media y trabajadora se empobrezcan sin que se vea una solución efectiva.
La subida en el precio de los carburantes afecta directamente a las personas trabajadoras que dependen del transporte privado o público para desplazarse, gravando su coste de vida. Y, por otro lado, el incremento del precio de la electricidad y otros gastos relacionados con la vivienda aumenta la presión económica sobre los hogares.
Por otro lado, la inflación subyacente se situó en el 2,4 %. La tasa, que excluye alimentos no elaborados y energía, refleja un encarecimiento estructural en bienes y servicios básicos. Para frenar esta tendencia, es indispensable que el gobierno Sánchez implemente políticas que controlen el aumento de precios básicos y protejan a las familias vulnerables mediante incrementos salariales y prestaciones sociales.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario más repetido en España es de 14.586 euros anuales. Actualmente, con la nueva reforma aprobada por el gobierno el SMI se situará en 16.576 euros anuales. Por tanto, los españoles están recibiendo unos sueldos por debajo del SMI mientras que la inflación continúa subiendo.
Además, desde el año 2018, el salario mediano ha crecido cuatro veces menos que el SMI, situándose, siempre según el INE, en 22.383 euros brutos anuales (1.598,79 euros mensuales). Este hecho es la confirmación de que hay una mayor concentración de salarios bajos o muy bajos respecto a los medios o los altos.
Esta pérdida de poder adquisitivo de las familias es la causa principal del incremento imparable de la pobreza, hecho que se agrava con la tributación del SMI provocada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un país con salarios dignos no tendría ese problema.
La situación de pobreza que vive España obliga a Pedro Sánchez a aplicar medidas que garanticen salarios dignos, condiciones laborales justas y entornos económicos que permitan una vida digna para las familias de clase media y trabajadora.