Más de una década después de la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), la comunidad internacional sigue enfrentándose a un panorama desolador. Las normas, que deberían haber sido un pilar para la paz y la seguridad global, se han convertido en un papel mojado para muchos de los mayores exportadores de armas del mundo. El resultado es una devastadora pérdida de vidas humanas en zonas de conflicto como los Territorios Palestinos Ocupados, Sudán y Myanmar, donde las armas ilegítimamente transferidas siguen alimentando la violencia y la destrucción.
El Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado el 2 de abril de 2013 por 155 Estados, fue un hito histórico al establecer por primera vez normas globales, jurídicamente vinculantes, para regular el comercio internacional de armas y municiones convencionales. Este tratado vinculó la legalidad de las transferencias de armas a las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con el objetivo de prevenir atrocidades como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, Amnistía Internacional sigue denunciando que muchos gobiernos ignoran descaradamente estas normas, propiciando la pérdida de innumerables vidas.
El caso de Israel: una vergonzosa omisión de responsabilidad
La situación en los Territorios Palestinos Ocupados, particularmente en la Franja de Gaza, ilustra de manera alarmante cómo los Estados Partes y signatarios del TCA siguen permitiendo el flujo de armas a Israel, a pesar de las abrumadoras pruebas de crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas. Amnistía Internacional ha documentado el uso de armas fabricadas en Estados Unidos, como las municiones de ataque directo conjunto (JDAM), en mortíferos ataques aéreos ilegítimos que han cobrado decenas de vidas civiles, incluidos niños y mujeres.
A pesar de estos informes, Estados Unidos, el mayor proveedor de armas a Israel, junto con otros Estados, continúa autorizando estas transferencias, ignorando flagrantemente las obligaciones del TCA. La repetida omisión de estos países en suspender el comercio de armas con Israel refleja una preocupante falta de compromiso con la protección de los derechos humanos y el respeto del derecho internacional humanitario.
Sudán: armas ilegales en un conflicto olvidado
El impacto del comercio ilegal de armas también se siente con fuerza en Sudán, donde desde la escalada del conflicto en abril de 2023, el país se ha sumido en una de las peores crisis humanitarias y de derechos humanos del mundo. Los enfrentamientos entre las Fuerzas de la Alianza de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han resultado en más de 16.650 muertes y han desplazado a millones, haciendo de Sudán el epicentro de la mayor crisis de desplazamiento interno global.
A pesar del embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU a la región de Darfur, Amnistía Internacional ha seguido documentando la llegada de armas y material militar de reciente fabricación a Sudán, provenientes de países como China y Serbia, ambos Estados Partes en el TCA. Estas armas no solo perpetúan el conflicto, sino que también subrayan la incapacidad o falta de voluntad de los Estados de cumplir con sus obligaciones bajo el tratado, contribuyendo así a un ciclo interminable de violencia.
Myanmar: un ejército armado hasta los dientes en contra de su propia población
El caso de Myanmar es otro ejemplo inquietante de cómo el incumplimiento del TCA por parte de sus Estados Partes y signatarios está fomentando graves violaciones de derechos humanos. Desde el golpe militar de febrero de 2021, el ejército birmano ha importado al menos 1.000 millones de dólares en armas y equipamiento militar, incluso de China, utilizando estas armas para llevar a cabo ataques contra la población civil y destruir infraestructuras esenciales, como escuelas y edificios religiosos.
Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional, ha destacado que estas acciones constituyen violaciones flagrantes del TCA y del derecho internacional. Sin embargo, a pesar de las pruebas, las transferencias de armas a Myanmar continúan, subrayando la impotencia del tratado frente a la falta de voluntad política de los Estados.
Una llamada urgente a la acción
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones no gubernamentales, lleva décadas luchando por la implementación de normas globales y jurídicamente vinculantes sobre el comercio de armas para prevenir que estas fomenten atrocidades. Sin embargo, la realidad es que, mientras los Estados sigan incumpliendo sus obligaciones, el sufrimiento humano continuará.
Con la próxima 10ª Conferencia de Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas, que tendrá lugar en agosto de 2024, Amnistía Internacional pide urgentemente a los Estados que cumplan con las disposiciones del tratado. Es imperativo que se prohíban las transferencias de armas a países donde se sepa que serán utilizadas para cometer crímenes atroces, y que se detenga el flujo de armas que están causando un sufrimiento indescriptible en zonas de conflicto.
El décimo aniversario de la entrada en vigor del TCA debería ser un momento de reflexión y acción. Los Estados Partes y signatarios no pueden permitirse seguir ignorando sus responsabilidades. Es hora de que el Tratado sobre el Comercio de Armas sea plenamente implementado y respetado, para que finalmente pueda cumplir con su propósito de proteger vidas humanas y reducir el sufrimiento global.
Un tratado en peligro de irrelevancia
La relevancia y efectividad del Tratado sobre el Comercio de Armas penden de un hilo. Si los Estados no actúan con la urgencia y el compromiso que la situación requiere, este tratado corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía, incapaz de evitar futuros derramamientos de sangre.