España tendrá que desmontar un sistema laboral en la administración pública que ha normalizado la precariedad y el fraude de ley durante décadas. Tras una sucesión de sentencias contundentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el país está obligado a transformar radicalmente su modelo de contratación temporal en todas las administraciones. La justicia europea no solo exige la estabilización de cientos de miles de puestos, sino también indemnizaciones millonarias para quienes llevan años atrapados en la temporalidad. El gobierno de Pedro Sánchez navega ahora con fuertes presiones comunitarias.
El Estado español no es solo el país de la UE con mayor temporalidad en el sector privado. También lidera, paradójicamente, esta lacra en su administración pública. Según informes de Eurostat, a los que los diferentes gobiernos del PSOE y del PP no han hecho ni caso durante décadas, el 28,6% de los empleados públicos españoles son interinos, una cifra que supera el 40% en sectores críticos como educación y sanidad. Muchos de ellos desempeñan funciones permanentes durante años, incluso décadas, renovando contratos temporales de forma sucesiva, sin acceso a formación, promoción interna o indemnizaciones al término de su servicio.
Este sistema, denunciado reiteradamente por las víctimas de un sistema cruel, choca frontalmente con la Directiva 1999/70/CE, que limita los contratos temporales a causas «objetivas y concretas» y garantiza derechos equivalentes a los trabajadores fijos. Desde 2020, el TJUE ha emitido al menos tres sentencias clave que condenan a España por incumplir estas normas, marcando un antes y un después en la lucha contra la precariedad institucionalizada.
Las sentencias que cambiaron las reglas
En octubre de 2020, el TJUE sentó un precedente histórico: España había violado la Directiva europea al permitir que más de 800.000 empleados públicos acumulasen más de tres años en temporalidad sin justificación. El fallo no solo ordenó corregir esta práctica, sino que abrió la puerta a reclamaciones masivas. Un año después, el tribunal fue más allá: declaró discriminatorio que profesores interinos cobrasen menos que sus colegas fijos por idénticas funciones, exigiendo equiparación salarial retroactiva.
La sentencia más reciente añadió otra capa de complejidad: los interinos tienen derecho a indemnizaciones equivalentes a las de un despido improcedente al finalizar su contrato. Un terremoto jurídico que, según distintos análisis, podría costar al erario público hasta 20.000 millones de euros en compensaciones.
La ley contra el gobierno
La respuesta española ha sido ambivalente. En 2021, el Gobierno aprobó la Ley 20/2021, que ha sido absolutamente insuficiente. Un año después, la Ley de Empleo Público prometía convertir 300.000 plazas temporales en fijas. Sin embargo, en Europa se consideran estos avances «insuficientes», y los datos de diferentes organismos públicos lo corroboran.
El obstáculo no es solo legal, sino económico. Las comunidades autónomas, responsables de gestionar educación y sanidad, alertan de que regularizar masivamente a interinos, algo que es perfectamente legal y que está avalado por doctrina constitucional, exigiría incrementar su gasto estructural en un 7-10%. Al final, se pretende que la cuestión de la fijeza de los interinos pase del ámbito laboral al económico, es decir, desde los diferentes gobiernos pretenderán afirmar que no se trata de falta de voluntad, sino de capacidad presupuestaria.
Mientras tanto, hay tribunales en España que ya aplican el criterio europeo. En enero de 2024, un juzgado de primera instancia ordenó convertir 1.200 plazas de enfermeros temporales en fijas, mientras que existen sentencias favorables a docentes que reclaman salarios equiparados al del personal funcionario. Cada sentencia en primera instancia es un martillazo al gobierno y un recordatorio de que está obligado a acelerar la fijeza.
Ciudadanos de segunda
En cambio, tras las cifras hay rostros y familias. Una profesora de inglés de un instituto madrileño acumula 19 años como interina. «Cada septiembre es una incertidumbre. Hago el mismo trabajo que un funcionario, pero sin seguridad ni antigüedad reconocida», señala a Diario16+. Como ella, miles de profesionales de las diferentes administraciones relatan experiencias similares: jornadas ampliadas sin compensación, exclusiones de planes de formación y pensiones más bajas por cotizaciones irregulares.
Europa no espera: sanciones
El reloj corre para España. La Comisión Europea, guardiana de los tratados, ha incluido la reducción de la temporalidad pública entre las «recomendaciones país» para 2024. Si el Gobierno no acelera los cambios, Bruselas podría activar procedimientos de infracción con multas millonarias. Un escenario que Madrid intenta evitar.
Sin embargo, son los propios interinos los que están exigiendo a la Comisión que cumpla con su obligación y sancione a España. Tal y como publicamos en Diario16+, ya se ha interpuesto una demanda contra la Comisión por, precisamente, abandono de su obligación de hacer cumplir los tratados y las directivas.
Se trata de un problema estructural que no se solucionará con parches. Hay sectores de la administración en el que cerca del 60% de los interinos llevan más de 15 años concatenando contratos. Esto no es temporalidad, es un fraude de ley.
Las sentencias del TJUE han desnudado una verdad incómoda: España ha construido servicios públicos esenciales sobre los hombros de una fuerza laboral precaria. Regularizar a los interinos no es solo una obligación legal, sino una deuda social.