Pedro Sánchez parece que no calculó las consecuencias judiciales de los contenidos de sus pactos con el independentismo catalán que le garantizaban seguir en la Moncloa. Según lo afirmado extraoficialmente a Diario16+ por fuentes del PSOE y del Partido Sanchista, pensaron que la situación iba a ser la misma que con los indultos, que habría revuelo inicial, con cuatro manifestaciones en la Plaza de Colón, y que el suflé bajaría. Se equivocaron porque no son lo mismo los indultos que la Ley Sánchez de Amnistía.
Esa diferencia se ha podido comprobar con el número de recursos de inconstitucionalidad presentados contra esa ley, que Sánchez pretende venderla como una medida de gracia y de normalización, cuando, en realidad, fue la llave para que los dos partidos independentistas catalanes le permitieran continuar apalancado en la Moncloa.
El Tribunal Constitucional ha comunicado que ninguna ley en la historia de la España democrática había acumulado un número de recursos tan elevado. Un absoluto récord: 16. No sólo ha sido el Partido Popular y sus comunidades autónomas, sino también el propio partido de Sánchez con el presentado por el gobierno de Emiliano García-Page.
La Ley Sánchez de Amnistía es absolutamente inconstitucional, y esto no es algo que diga el Partido Popular, fue el propio Ministerio de Justicia de Pedro Sánchez el que presentó un informe jurídico impecable que también concluía en la ilegalidad de la ley aprobada sólo para que el presidente se mantenga en su sillón. En democracia, los cargos electos se ganan, no se compran.
En 2021, el Ministerio de Justicia señaló en su informe que la amnistía era «claramente inconstitucional». Ese documento, realizado por un gabinete del propio Ejecutivo, era absolutamente opuesto a lo que ahora defienden Pedro Sánchez y toda su tropa de palmeros alienados.
El informe de Justicia aseguraba que la base de la convivencia en Cataluña radica en el «imperio de la ley». Por tanto, el hecho de que Sánchez lograra mantenerse en la Presidencia del Gobierno a través de la concesión de una amnistía es la prueba de que no tiene límites en su mitomanía y que ha hecho y hará lo que sea, incluso aprobar una ley que Justicia definió como inconstitucional, para mantenerse en el poder. Eso, en esencia, sí que va en contra de la democracia.
Una cosa fueron los indultos a los políticos condenados por el Supremo. Fue una medida polémica, pero necesaria, y los líderes independentistas se sometieron al peso de la ley. Eso es democracia, no hay duda, porque el indulto no elimina lo que sí se hizo. Pero el informe del Ministerio de Justicia era contundente cuando señala que «la democracia española dio una respuesta dentro de la ley a quienes se situaron fuera de la ley […] quienes actuaron en contra de la Constitución, tuvieron que asumir sus responsabilidades de acuerdo con lo que determina la ley».
Los indultos no vaciaban de contenido las sentencias del Tribunal Supremo. Sin embargo, la Ley Sánchez de Amnistía coloca a las instituciones democráticas españolas como represoras y contrarias al Estado de Derecho. Esos organismos tienen gravísimas fallas y, en algunos casos, están corrompidas, pero de ahí a colocarlas en el lugar en que las ha ubicado Pedro Sánchez hay un enorme trecho.
Por otro lado, el Tribunal Supremo, en el año 2021 dio en el clavo al afirmar las amnistías han sido el medio propio de regímenes autoritarios para eliminar gravísimos delitos. «De la memoria colectiva forman parte decisiones políticas de amnistía que sirvieron para ocultar delitos cuyo perdón y consiguiente impunidad pretendieron disfrazarse mediante el eufemismo de leyes de punto final, que tuvieron que ser neutralizadas, precisamente, por los tribunales», sentenció el Alto Tribunal.
La Fiscalía, cuando no estaba bajo el control absoluto de Sánchez, por su parte, en ese mismo año emitió diferentes informes en los que señalaba doctrina del Supremo por la que se deja muy claro que en la Constitución no caben las amnistías.
A esto hay que añadir el rechazo, desprecio y asco que despierta en la ciudadanía la Ley Sánchez de Amnistía. Según sondeos publicados en medios próximo o privilegiados por el Partido Sanchista, un 60% de la ciudadanía española considera la amnistía injusta y un privilegio. Además, un 25% de las personas que apoyaron a Sánchez en las elecciones generales afirman que no volverán a votar al PSOE.
Europa también mostró la ilegalidad de la Ley Sánchez de Amnistía y fue puesta en cuestión por la Comisión de Venecia. En primer lugar, consideró el marco de aplicación demasiado amplio y muy difuso. «No se estipula qué delitos están cubiertos por la amnistía sino cualquier acto considerado un delito penal que estuviera encaminado a promover la secesión o la independencia. Son cláusulas bastante abiertas que restan claridad y precisión. Por eso la Comisión de Venecia recomienda limitar y definir mejor el ámbito de la amnistía», afirmó Marta Cartabia, vicepresidenta de la Comisión, en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.
Respecto a quiénes se favorecerán de la Ley Sánchez de Amnistía, la Comisión de Venecia también fue muy crítica, puesto que no dudó en señalar que este tipo de medidas de gracia son impersonales, jamás personalistas, razón por la cual los criterios aplicados no deben estar condicionados por la situación de una persona concreta, hecho que, evidentemente, impregna toda la Ley Sánchez de Amnistía, un texto creado ad hoc para la situación de Carles Puigdemont.
Además, respecto a la inclusión de delitos de terrorismo, también fue censurada por la Comisión de Venecia. «Nuestro principio rector tendría que ser que sólo se ajusta a las leyes internacionales si la violación de derechos humanos queda excluida», expresó Cartabia.
Otro de los temas en los que la Comisión de Venecia volvió a a ser muy crítica fue el sistema de tramitación de la Ley Sánchez de Amnistía, dado que se insiste una vez más en que la aprobación de la misma tendría que ser por mayoría cualificada, es decir, dos tercios del Congreso, la misma mayoría necesaria para una reforma constitucional. En consecuencia, aunque no la Comisión de Venecia no lo dijo, lo que se demuestra es que Pedro Sánchez pretendió colar una reforma constitucional encubierta.
Uno de los puntos en los que más se apoyan los aparatos de propaganda sanchistas y monclovitas es que la Ley Sánchez de Amnistía busca la reconciliación. Una hermosa palabra, desde todos los puntos de vista que se quieran mirar. Qué bello es reconciliarse. Sin embargo, en España lo que ha provocado la amnistía es una mayor división, no sólo por el rechazo y el desprecio que esta ley ha generado entre las personas conservadoras, sino también entre la mayoría de los votantes socialistas.
La Comisión de Venecia, en este punto, también fue muy contundente. «El Parlamento español, al decidir si aprueba el proyecto de amnistía, con qué contenido y por qué mayoría, tendrá que abordar la cuestión de si la normalización de Cataluña puede lograrse a pesar de que la proposición de ley de amnistía ha ahondado la profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en la judicatura, en los ámbitos académicos y, sobre todo, en la sociedad española».
En consecuencia, si la Ley Sánchez de Amnistía ha batido el récord de recursos de inconstitucionalidad ha sido por algo. Las ansias de poder tienen un precio que, muchas veces, no se puede pagar porque va en contra de la ley. Seguir adelante, a pesar de las evidencias jurídicas, como ha hecho Pedro Sánchez, es propio de tiranos.