En su reclamación ante el turoperador británico Jet2holidays una familia del Reino Unido reclamaba 50.000 euros por, según adujeron, haber sufrido una intoxicación alimentaria durante su estancia en el hotel Aqua Magic Rock de Benidorm en 2015. Según los reclamantes, en esos días sufrieron náuseas, vómitos, dolor de estómago e incluso diarreas. Mediante este requerimiento obtenían el dinero abonado para sus vacaciones y una propina.
Pero ahora ha sido un tribunal de Justicia de Liverpool el que ha dado la vuelta a la situación que presentaba la familia presuntamente trastornada y tras estudiar el caso ha condenado a cada uno de la “banda de los cuatro” a penas de tres meses de prisión y al pago de 842 euros. Esta importante decisión judicial aporta cierto horizonte positivo a la industria hotelera española, muy afectada por este fenómeno basado en una mentira de difícil refutación.
Las indagaciones de los magistrados se centraron en las comunicaciones de “pandilla diarreica” a través de las redes sociales, encontrando abundantes testimonios que relataban lo bien que se lo pasaban en el Levante español y lo mucho que soplaban. La medicina señala que la resaca producida por una fuerte ingesta de alcohol puede provocar una sintomatología en algún aspecto similar a la intoxicación alimentaria. Quiere esto decir que intoxicación sí, pero no de sólido, sino de líquido.
Este tipo de denuncia ha causado desde hace muchos años enormes perjuicios a los hoteles españoles que lo han tenido bien difícil para defenderse de estas falsas acusaciones en gran parte por lo costoso de los procesos. El demandado era el operador que generalmente paga para evitar el proceso y éste repercute sobre el hotel lo abonado.
60 millones de euros en Palma
En enero de este mismo año 2018 el Juzgado de Instrucción Número 2 de Palma de Mallorca levantó el secreto de sumario sobre sus actuaciones centradas en este tipo de denuncias falsas contra los establecimientos hoteleros baleares. Una trama organizada encabezada por bufetes de abogados británicos podría haber estafado hasta un total de 60 millones de euros, de los cuales se quedaban el 60% del botín y el “cliente” el 40%. Garantizaban, e priori, 18.000 euros al falso reclamante. La Guardia Civil detuvo en septiembre de 2017 a siete individuos que en la isla mediterránea actuaban como elementos de gestión de reclamaciones.
Existe otra razón también importante para no actuar contra los fingidos indispuestos: actualmente funcionan un importante número de páginas que registran la satisfacción o no de los clientes de los hoteles, siendo así que una mala calificación puede suponer la pérdida de reservas tanto de particulares como de operadores. Comentarios que se vierten al conocimiento público sin que nadie exija o compruebe la veracidad de las mismas.
Los precios hoteleros afectados
Estas estafas no son nuevas ni desconocidas en el sector hotelero español. A mediados de los años 90 del pasado siglo proliferaban en Canarias las denuncias por robo, principalmente de cámaras de vídeo. El turista interponía la denuncia ante la Policía o la Guardia Civil, recogía su resguardo y al llegar a su país, la mayor parte de las veces Gran Bretaña, se la endiñaba al seguro que le abonaba lo “sustraído”, equivalente al precio pagado por su vacaciones “todo gratis”. Y este alto “índice de delitos” era convenientemente aireado por la prensa amarilla (la que consume el turista low cost) tanto de Gran Bretaña como de Alemania y en las épocas previas a los procesos de negociación de los precios de las camas con los turoperadores, lo que inducía a la rebaja de los mismos. Curiosa esta perversa concatenación.
