Carles Puigdemont tiene miedo a presentarse en España y que sea detenido

Es por eso por lo que miran con lupa todos los pasos que da el gobierno, incluso es el motivo para rechazar la llamada “ley ómnibus” porque en ella se escribe negro sobre blanco lo que ya se viene haciendo en la práctica: que, si un juez presenta una cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un acto concreto, este queda suspendido cautelarmente. Carles Puigdemont tiene miedo a que los magistrados que se la tienen jurada le detengan y le metan en la cárcel si se aprueba la ley de amnistía y se atreve a poner pie en territorio español. Sobre él pesa una orden nacional de busca y captura. Y ello a pesar de que el instructor del sumario del procès, Pablo Llarena, ha manifestado, eso sí en privado y a través de medios de comunicación afines, que retirará dicha orden cuando la amnistía sea aprobada en el Parlamento, porque no tiene sentido adoptar ninguna medida contra una persona a la que, tarde o temprano, beneficiará la medida de gracia. Pero el expresident no se fía. Y por eso toma todas las precauciones posibles, incluido el rechazo en el Congreso de los diputados de la ley donde se refleja esa posibilidad que puede acabar por dejar en suspenso la medida de gracia hasta que se pronuncie el TJUE. En Junts reconocen que tal circunstancia ya está contemplada pero que, si se plasma legalmente, las posibilidades de represalias pueden ser mayores.

La presentación de una cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo siempre ha supuesto la suspensión del asunto penal que se estuviera tramitando. Y está muy claro que algún juez español la pedirá. Toda la judicatura está habilitada para ello, desde un juzgado local hasta el Supremo. Y a nadie se le escapa la posibilidad de que alguno lo hará con la intención de paralizar la ejecución de la ley de amnistía. Por eso extraña que en Junts hayan recibido la orden desde Waterloo contra el decreto ómnibus en el que lo único que se hace es transponer legalmente un procedimiento que se utiliza siempre en Europa y que ya está reflejado en el ordenamiento de los países de la UE. Además, es alimentar el argumento del PP de que Pedro Sánchez no persigue apaciguar Catalunya sino obtener los votos que necesita para seguir en La Moncloa.

La formación nacionalista rechaza, también, el decreto ómnibus porque dice que la normativa en materia de digitalización en la administración de justicia invade las competencias de Catalunya. Es cierto que se establecen nuevos criterios para facilitar los trámites como la posibilidad de firmar digitalmente el poder “opud acta” para designar procurador, que hasta ahora se tenía que hacer presencialmente en el juzgado correspondiente o ante notario. Y, por ello, se crea una oficina judicial digital central. Pero eso, que Puigdemont y los suyos rechazan, es perfectamente negociable y así lo señalan desde el ministerio de Justicia. Además, el número tres del PSOE, Santos Cerdán, se lo explicó al secretario general de Junts, Jordi Turull. Pero, de momento, no ha habido nada que hacer. No se mueven de sus posiciones. Hay que retirar la normativa en materia de digitalización y rehacer los decretos que se someterán a la consideración del pleno del Congreso de esta semana, a pesar de que ese es uno de los puntos que Bruselas exige para desembolsar los 10.000 millones de euros de los Fondos de Recuperación y Resiliencia.

La adopción de medidas cautelares en el supuesto de la presentación de una cuestión de prejudicialidad ya se tuvieron en cuenta en asuntos como la nulidad de la revisión de las hipotecas variables utilizando el IRPH, o las cláusulas suelo en la banca. Y que se sepa, según señalan en Justicia, nunca se paralizó la normativa al respecto. Y ahora puede suceder lo mismo. Pero Carles Puigdemont no acaba de fiarse sobre todo porque tiene la intención de regresar a Catalunya, una vez se haya aprobado la ley y se haya publicado en el BOE. La estrategia que han diseñado en Waterloo es la de que el expresident haga campaña en las elecciones al europarlamento instrumentalizando a su favor los efectos de la amnistía argumentando, para ello, que todo lo que hizo, desde octubre de 2017 cuando declaró la independencia unilateralmente, fue lícito y así lo ha reconocido, ahora, el Estado español. Es el relato que utilizará para pedir el voto.

El entorno de Puigdemont no tiene claro qué puede pasar si el expresident de la Generalitat se presenta en España habiendo sido suspendida la ejecución de la ley por la cuestión prejudicial y existiendo, sobre él, una orden de detención que puede acabar en prisión preventiva. Lo que no dicen es que existe jurisprudencia del TJUE en la que se señala que se debe de tener mucho cuidado en la afectación de los derechos fundamentales de los encausados por lo que se puede interpretar que una orden semejante no sería posible en un asunto pendiente de resolver por el tribunal de la UE.

Ese mismo entorno cree que la introducción en el decreto ómnibus de la novedad legal puede restar fuerza a la jurisprudencia anterior que, a su juicio, les es favorable porque dificulta el mantenimiento o aplicación de las medidas cautelares. Pero los juristas consideran que están exagerando. Que la introducción del nuevo artículo en la legislación no cambiará nada.

Aun así, la oposición frontal de Junts sigue ahí. Y mientras tanto, la derecha se frota las manos preparando a sus leales “soldados judiciales” para que, en el mismo momento en que la amnistía se publique en el BOE, haya un juez que demande la cuestión prejudicial al TJUE. De esa manera, y con la orden de detención en la mano, esperan que Puigdemont se lo piense dos veces antes de regresar a Barcelona.

Es otra manera de seguir boicoteando al gobierno de Pedro Sánchez. Pero esta vez, encima, con el apoyo de Junts Per Catalunya.