Caso Popular: el Banco de España aprobó el Plan de Negocio de 2012

Mientras que desde distintos sectores se está defendiendo la operación que arruinó a más de 305.000 familias para, indirectamente, intentar proteger los intereses del Santander, los documentos y análisis de algunos organismos oficiales muestran cómo las cosas que se hicieron antes de la llegada de Saracho tenían la autorización de los reguladores y los supervisores.

En esa estrategia de intentar desviar la atención hacia hechos que nada tuvieron que ver con las causas de la resolución, se está mirando hacia el pasado en vez de centrarse en las verdaderas razones por las cuales la sexta entidad financiera del país fue resuelta y vendida al Santander por un euro: crisis de liquidez generada en el segundo trimestre de 2017, tal y como refirieron los peritos del Banco de España en su informe.

Se ha puesto en duda la ampliación de capital de 2016 y, en los tiempos previos al inicio de las declaraciones en la Audiencia Nacional, la del 2012, una operación con la que, por cierto, mucha gente ganó mucho dinero. Si los defensores de la operación siguen mirando hacia atrás, se llegará incluso a poner en duda la gestión de Luis Valls Taberner que colocó al Popular como el mejor banco del mundo.

Respecto a la ampliación de 2012, un documento del Banco de España fechado el 26 de marzo de 2019, al que Diario16 ha tenido acceso, indica que en el año 2012 el Popular «remitió al Banco de España […] un plan de recapitalización (Plan de octubre 2012). Este plan cumplía con lo establecido en el Memorando de Entendimiento para su clasificación en el grupo 3, de forma que la Comisión Ejecutiva del Banco de España aprobó, el 19 de octubre de 2012, remitir a la Comisión Europea el citado plan junto con la propuesta inicial de calificar al Banco Popular en el grupo mencionado. El citado Plan de octubre 2012, con alguna modificación posterior efectuada por la entidad (recibida el 29 de octubre de 2012), fue aprobado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España el día 31 de octubre de 2012. El Plan octubre de 2012 se consideró adecuado en la medida en que contemplaba una serie de medidas a ejecutar en el ejercicio 2012 que le permitirían cubrir el déficit de capital que había resultado en la prueba de esfuerzo. Entre ellas, la entidad incluía: una ampliación de capital de 2.500 M€; ventas de activos que generaban plusvalías por 328 M€, más otras medidas que suponían cobertura de necesidades de capital por un importe conjunto de 417 M€. En total, las medidas suponían un importe de 3.245 M€, que cubrían el requerimiento exigido y confirmaban la posibilidad de atender el incremento de capital estimado en la prueba de resistencia sin necesidad de ayudas públicas».

Este informe se une al que ya adelantamos en estas páginas semanas atrás con referencia a los presuntos déficits de provisiones, contemporáneo a los hechos y en el que se afirmaba claramente que «El Banco de España toma nota de plan de negocio aprobado por la Entidad [Popular] y valora positivamente las medidas contempladas en el mismo».

Por otro lado, si Saracho detectó algún tipo de deficiencia en las cuentas, más allá de la re expresión que apenas tuvo impacto en las mismas, ¿por qué no aplicó una estrategia de banquero comercial para intentar relanzar al banco?  ¿Por qué Saracho no continuó con el plan de negocio de 2016 que, precisamente, incluía normas para evitar que las provisiones de los activos improductivos siguieran lastrando las cuentas del Popular? Hay que recordar que, en primer lugar, esta decisión de Saracho de no continuar con el plan de negocio fue calificada por los peritos de Banco de España como de incomprensible y, en segundo término, los resultados del primer trimestre de 2017 mostraban beneficios netos en el negocio principal sin contar las provisiones. Entonces, si Saracho tenía estos datos, ¿por qué no hizo nada? La respuesta es sencilla: su única intención, como banquero de inversión que es, era la venta especulativa de la sexta entidad financiera. Bajar el valor para que el comprador tuviera más beneficios…, como pasó.

Ahí está el quid de la cuestión y lo que realmente se determinará en la Audiencia Nacional y en los tribunales europeos. Hay que recordar un hecho: de momento, el juez Calama está interrogando a los imputados dentro de la instrucción del Caso Popular. Posteriormente, una vez se abra juicio oral, éste lo celebrará la Sala de lo Penal, el lugar donde pidió el traslado el juez Andreu. Esperemos, por el bien de la democracia y de los afectados, que todo no esté atado y bien atado.