Los acontecimientos se han sucedido de manera vertiginosa. El jueves 29 de octubre tres asociaciones (Ecologistas en Acción, ACODAP, y Justicia en Lucha) denunciaron a Antonio Jesús Huélamo García, fiscal jefe provincial de Toledo, y a su subordinado Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de Talavera de la Reina, por los hechos acontecidos antes y durante el juicio que se celebró el 22 de octubre, una semana antes, en Talavera de la Reina.
La denuncia fue interpuesta por la vía disciplinaria, también por la vía penal, ante la Fiscalía General del Estado por haber vulnerado los dos funcionarios el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). El primero actuó e intervino como acusación pública en el juicio por la querella interpuesta por De la Cruz Andrade contra el ex juez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia. Es fundamental resaltar y dejar claro que en el momento de presentar la denuncia aún no se había redactado la sentencia.
Ambos fiscales protagonizaron el affaire que ha dado nombre a la que ya se conoce como “la sentencia del café”.
El contumaz compadreo en los juzgados de Talavera de la Reina es el pan nuestro de cada día. El ínclito fiscal del chalet ilegal, querellante, reconoció durante el desarrollo de la vista ante la jueza Vicente de Gregorio que había estado tomando un café con su colega en el bar cercano, inmediatamente antes del juicio. No se privó de afirmarlo, añadiendo a modo de justificación que le parecía normal que alternen jefe y subordinado.
Así quedó claramente reflejado en la grabación de la vista. Normal podría serlo en condiciones normales ¿Pero alternar minutos antes de este inverosímil juicio donde uno es denunciante y el otro fiscal acusador? Es inadmisible. Debieran saber que se exigía a la esposa del Cesar no solo ser honesta sino parecerlo. Este compadreo recuerda a los famosos “cafelitos” de aquel otro afortunado socialista Juan Guerra.
En este crispado caso se contempla como telón de fondo el obscuro asunto del chalet ilegal del fiscal talaverano con la mezcla de una dudosa hipoteca tramitada por la hija de Lugones, el recaudador de manos largas beneficiado por una curiosa sentencia “negociada” con este fiscal que le libró inexplicablemente de la cárcel ¿Se entiende por donde va el contubernio?
Finalizando la vista, la propia jueza Vicente advirtió veladamente a los inseparables colegas. En lo que puede considerarse evidencia de otro nuevo “favorcete” echó a los fiscales una manita: Amonestó a Demetrio para que no volvieran a meter la pata saliendo juntitos del juzgado como lo habían hecho previamente del bar. Quede sentado que ambos no se separaron el uno del otro en toda la mañana, juntitos y en comandita se les vio en todo momento.
Posteriormente el fiscal del chalet acudió al mismo bar para fanfarronear ante los parroquianos, afirmando conocer la sentencia de antemano y mintiendo sobre el desarrollo de la vista para darse importancia. Eso que hacen los fantasmones cuando cuentan una de sus fantaseadas batallitas.
Sin embargo “el fiscal provincial de Toledo no podía actuar en la causa ya que el querellante-testigo, el fiscal decano de Talavera, era su subordinado. Por ello, existía causa de abstencionismo prevista en el artículo 28 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en relación con el artículo 219.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [LOPJ]”, dice la denuncia firmada entre otros por Luis José Sáenz de Tejada, abogado de Presencia, y por el propio Presencia.
La “sentencia del café” ha sido notificada el viernes 30 de octubre. Lleva fecha del mismo día de su notificación
La jueza Vicente de Gregorio no ha tardado más que 24 horas en redactar y firmar la sentencia para evitar la suspensión del plazo para dictarla. Es evidente que se vio sorprendida por la denuncia contra los fiscales Huélamo y Demetrio que sabía de seguro provocaría la nulidad del juicio. Si no se daba prisa en reaccionar, la jurista pensó que podría verse obligada a suspender el plazo para dictarla. Por esa razón tardó un suspiro en redactar la sentencia, firmarla y notificarla. Tres en uno.
Toda esa premura y falta de tiempo para reflexionar es la causante, de acuerdo con el abogado Sáenz de Tejada, de los errores que la jueza Marta Vicente comete en su redacción. Tan garrafales son que pueden provocar la nulidad de la sentencia:
- No hace referencia alguna a la valoración de los medios de prueba que han servido a la juzgadora para tener por acreditada la supuesta falsedad de las denuncias formuladas por el acusado.
- El Fallo condena por dos delitos, pero se ha olvidado absolver por el tercero. Además se condena por el delito de calumnias contra autoridad cuando la querella se basaba inicialmente en el delito de calumnias contra particular, que contemplaría una pena muy inferior. Por eso se acompañaba el previo acto de conciliación. Por tal razón no se pronunció sobre las calumnias el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al considerarlo un delito privado.
- En la imposición de la pena, no se han tenido en cuenta las circunstancias personales del condenado tal y como obliga el artículo 66 del Código Penal.
- Se oculta en la sentencia el testimonio del querellante, porque sabe la juzgadora que lo dicho por él es mentira y puede ser constitutivo de delito.
- Se oculta también en la sentencia el recurso del fiscal de Madrid que, sin embargo, se admitió como prueba documental. En el referido recurso, el fiscal César Estirado pide a la Audiencia Provincial de Madrid que se investiguen hechos que son idénticos a los que se refieren este juicio por supuesta denuncia falsa y presuntas calumnias.
Todas estas circunstancias pueden provocar la nulidad de una sentencia que condena al juez Presencia a un total de 34 meses de cárcel, 16 por el delito de denuncia falsa, además de una multa de 19 meses a razón de 6 euros diarios, y 18 meses de cárcel por el delito de calumnias contra autoridad y con publicidad. Se impone también una responsabilidad civil de 30.000 euros.
Señala ACODAP, en un comunicado que acaba de hacerse público, que ha tenido conocimiento además de un hecho que podría suponer un giro inesperado y favorable en la situación procesal del magistrado Fernando Presencia. Testigos surgidos a última hora han permitido saber que la jueza del caso, Marta Vicente de Gregorio, estaría residiendo en Talavera en una de las casas que forman parte del patrimonio de la empresa mercantil GESPROTECO. Esto implicaría que el abogado Victoriano De La Cruz del Valle además de ser el letrado del fiscal querellante también sería el casero de la magistrada que acaba de estimar la querella de su cliente condenando al juez Presencia a 34 meses de prisión.
Magnifica descripción. Gracias a que van esta vez contra expertos del tema esto sale timidamente a la luz gracias a este medio independiente. Son millones los que suftren en silencio aberraciones como estas que logicamente van a quedar IMPUNES. No espereis nada de la UE, la forman los mismo de aquí enviados en premio allí a disfrutar de sueldos más inflados y libres de impuestos. Por las buenas no se va a lograr nada. Y a los valientes que ahora se enfrentan cara a cara con los cipayos bien pagados con lo que nos roban y entrenados y bien armados con nuestro dinero. No os sacrifiqueis para nada, ir al fondo de la cuestion. Ir a las casas de los supercorruptos de la secta inquisición de la suprema injusticia y a las de sus cipayos politicos, alli con sorpresa darles de su misma violenta medicina. No os sacrifiqueis tontamente, buscar resultados prácticos.