La reciente propuesta del Ministerio de Trabajo de elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.184 euros mensuales en 14 pagas ha generado un acalorado debate en el panorama laboral y político español. Esta subida del 4,4% respecto a los actuales 1.134 euros busca aproximarse al mandato de la Carta Social Europea, que insta a situar el SMI en el 60% del salario medio neto. Sin embargo, sindicatos como UGT y CCOO consideran insuficiente esta cifra y demandan un incremento hasta los 1.200 euros, acompañado de la exención del IRPF.
Un aumento que no satisface a los sindicatos
Para los sindicatos, el incremento propuesto no garantiza alcanzar el 60% del salario medio neto. CCOO insiste en que solo una subida entre el 5% y el 6% permitiría cumplir con este objetivo, mientras que UGT se niega a respaldar cualquier acuerdo que no contemple la exención fiscal del nuevo SMI. La fiscalidad se ha convertido en un punto crítico de las negociaciones, ya que la posible decisión de Hacienda de no actualizar el mínimo exento de tributación podría convertir esta subida en una carga para los trabajadores con menores ingresos.
La posibilidad de que los trabajadores con SMI deban pagar IRPF por primera vez ha generado gran preocupación. De no actualizarse el mínimo exento, actualmente en 15.876 euros, quienes perciban el nuevo SMI podrían perder hasta el 43% de la mejora retributiva. Esto significa que una subida destinada a mejorar las condiciones de vida podría traducirse en mayores cargas fiscales, reduciendo significativamente el impacto positivo esperado.
La postura del Gobierno y la patronal
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha manifestado la flexibilidad del Gobierno para negociar con los interlocutores sociales, aunque se enfrenta a la firme oposición de los empresarios a aceptar un aumento del 4,4%. Además, la patronal ha evitado posicionarse hasta consultar internamente. El 22 de enero se perfila como una fecha clave para intentar cerrar un acuerdo, pero las diferencias entre las partes dificultan un consenso.
La vicepresidenta y ministra de ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defiende que las sucesivas subidas del SMI desde 2018, que acumulan un incremento del 54%, han sido fundamentales para reducir la desigualdad salarial y mejorar la situación de colectivos vulnerables, especialmente las mujeres. Sin embargo, el aumento del SMI también ha generado un efecto de "agrupamiento salarial" (bunching), situando a un número creciente de trabajadores en la banda más baja de remuneraciones, lo que podría limitar las oportunidades de progreso para empleados con experiencia o cualificación media.
La presión de los sindicatos sobre Hacienda
Los sindicatos exigen al Gobierno que asegure la exención fiscal del SMI, argumentando que es una cuestión de justicia social. La secretaria de Acción Sindical de CC OO, Maricruz Vicente, ha sido contundente al reclamar que el Ministerio de Trabajo aclare con Hacienda esta condición antes de la próxima reunión. Por su parte, UGT subraya que no apoyará ninguna medida que no garantice que el incremento salarial llegue íntegro a los trabajadores.
La falta de acuerdo entre sindicatos, patronal y Gobierno refleja la fragilidad del diálogo social en España. Mientras el Ejecutivo busca equilibrar las demandas sindicales con las reticencias empresariales, la falta de consenso podría derivar en la imposición unilateral de la subida por parte del Gobierno, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Este escenario evidenciaría la dificultad de articular políticas laborales inclusivas que satisfagan a todas las partes.
Un avance a medias que necesita ajustes
La propuesta de subida del SMI a 1.184 euros representa un avance, pero insuficiente según los sindicatos y problemático si no se acompaña de medidas fiscales que protejan a los trabajadores. La clave de la negociación reside en la capacidad del Gobierno para consensuar con Hacienda la exención fiscal y alcanzar un acuerdo con sindicatos y patronal. Sin estos ajustes, el incremento del SMI corre el riesgo de convertirse en un arma de doble filo que, lejos de aliviar la situación de los trabajadores más vulnerables, podría agravarla mediante una mayor carga tributaria.
