Era una reivindicación de las distintas asociaciones de consumidores en la que venían luchando desde hace años y que han visto cumplida el pasado lunes; los establecimientos hosteleros en España tienen la obligación de facilitar agua del grifo de forma totalmente gratuita a sus clientes.
Esta medida se enmarca dentro de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que establece que “Los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento»
Asimismo, la citada ley insta a las distintas administraciones públicas, principalmente a las corporaciones locales, a fomentar el consumo de agua potable en espacios públicos mediante la instalación de fuentes de agua y a promover el uso de envases reutilizables.
Una ley ambiciosa
Si bien el primer borrador del anteproyecto de ley promovido en junio de 2020 por el Ministerio de Transición Ecológica incluía esta obligación para el sector hostelero, no es hasta casi dos años más tarde cuando finalmente ha salido adelante, en parte, por la pretendida ambición de la ley que alcanzaba además a sectores de la industria del plástico, la distribución y la alimentación.
Con el nuevo marco legislativo aprobado hace días también queda prohibida la venta de algunos plásticos de un solo uso, como envases de comida para consumo inmediato, bastoncillos, vasos y cubiertos.
Asimismo, la nueva ley obliga a los establecimientos de más de 400 metros cuadrados, en su mayoría supermercados, a dedicar al menos el 20% de su espacio a productos sin embalaje, con venta a granel o a través de envases reutilizables.
En conclusión, el agua de grifo gratis en bares y restaurantes, la prohibición de venta de envases no reutilizables y la oferta a granel de productos en grandes superficies reflejan el espíritu de la nueva ley; concienciar a los consumidores del daño que provoca el plástico al medio ambiente.
Otras medidas a favor del medio ambiente
En la misma línea, la ley no se olvida de los ayuntamientos y de la responsabilidad de los dirigentes políticos al frente de ellos; la recogida separada de, al menos, papel, metales, plástico y vidrio, así como de los biorresiduos orgánicos no es opcional, sino una obligación. A tal fin para los consistorios de más de 5000 habitantes les otorga un plazo de “adaptación” hasta el próximo 30 de junio. Para el resto, el periodo de “ajuste” se extiende al 31 de diciembre de 2023.
Por último, aunque en muchos ayuntamientos existen por iniciativa propia los denominados “Puntos Limpios”, la nueva ley no deja lugar a dudas; las corporaciones locales deben garantizar antes del 31 de diciembre de 2024 la recogida diferenciada deresiduos domésticos peligrosos, del aceite de cocina usado, de muebles, enseres y bienes textiles
