El búnker judicial arrecia en su ofensiva para reventar la amnistía, procesar a Puigdemont y acabar con Sánchez

La Justicia española ha puesto el objetivo en el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Es la última víctima de la caza de brujas que se ha puesto en marcha para reprimir al sanchismo y a sus socios soberanistas. El búnker judicial se ha propuesto varias cosas: reventar la amnistía a toda costa, sentar en el banquillo de los acusados a Carles Puigdemont y acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez. A estas alturas a nadie se le escapa que hay un sector conservador de la Justicia que ya trabaja para PP y Vox al margen de consideraciones legales. Se elucubran autos disparatados, se le echa imaginación para calificar como terrorismo lo que no dejan de ser manifestaciones de protesta callejeras y se practica con descaro el lawfare o guerra sucia judicial. Ya se han caído las caretas y los jueces afines redactan diligencias que en principio deberían ser penales pero que acaban siendo auténticos tratados políticos tendentes a torpedear por tierra, mar y aire al Parlamento, sede de la soberanía nacional, y al Gobierno, el poder ejecutivo encargado de impulsar las leyes pertinentes con arreglo a las mayorías confeccionadas según el funcionamiento normal de la democracia.

Ejemplo de este lawfare sin pudor es la última decisión del juez García-Castellón, encargado de investigar a Tsunami Democràtic, el movimiento independentista ciudadano que en los peores días del procés organizó y perpetró graves disturbios en el aeropuerto de El Prat y en otros puntos de la geografía catalana. El citado magistrado, erigido ya como el juez de cabecera del Partido Popular, se ha empeñado en retorcer el Código Penal para imputar por el tipo legal de terrorismo, con calzador, a todo aquel que tomara parte en aquellas movilizaciones. Así, para el instructor, cortar el tráfico en una autopista fue terrorismo; bloquear una terminal aeroportuaria fue terrorismo; e instalar un escenario para llevar a cabo un mitin soberanista en jornada electoral fue también, sin duda, un grave delito de terrorismo. El juez llega a acusar a los manifestantes de la muerte de un turista que falleció de un infarto durante los altercados. El primer asesinado por el procés. Puro delirio.

El disparate de García-Castellón, en su intento de reventar la amnistía, le ha llevado al punto de pedir a la Guardia Civil que investigue a un hombre que supuestamente facilitaba información a los CDR para ejecutar algún tipo de acción contra la comitiva del rey Felipe VI. En ningún momento se habla de supuestos comandos terroristas organizados para atentar contra la vida del monarca y lo más probable es que se tratara de una acción de protesta más de las muchas que se desplegaron en las ciudades catalanas durante el procés. El político y analista Gaspar Llamazares ha llegado a calificar esta resolución judicial de esperpento, y con eso está dicho todo. Sin embargo, la creatividad del juez instructor a la hora de equiparar a Tsunami con ETA no tiene límites y ya cualquiera que tome parte en una movilización en este país puede ser acusado de peligroso terrorista (cualquiera que no sea de extrema derecha, claro está, ya que los cachorros del nuevo fascismo posmoderno pueden poner sitio a Ferraz lanzando proclamas amenazantes durante semanas y meses sin que se les acuse de nada).

Está claro que los autos de García-Castellón van evolucionando a medida que Moncloa va dando pasos para tratar de reconducir el conflicto catalán. Un caso flagrante de politización judicial. Es evidente que el sector conservador de la judicatura española ha decidido dar un paso adelante, ya sin complejos, para tratar de frenar las políticas que Sánchez va aprobando en el Parlamento, sede de la soberanía nacional. Una ofensiva ultra de la caverna judicial que no tiene precedentes. Tutelar la democracia desde los despachos de la Justicia es de las cosas más graves que han pasado en nuestra democracia. Y no parece que los duros de las togas vayan a parar en su intento de hacer política con el mazo. El último objetivo de esta caza de brujas al indepe es Pere Aragonés. Tras conocer que el CNI lo investiga por organizar y dirigir a los CDR (los grupos más radicales y activos del independentismo catalán), el presidente catalán aseguró que la noticia sería de chiste (de cómic de Mortadelo y Filemón) si no fuese un hecho tan grave. Y acto seguido le salió la vena más radical para anunciar que Cataluña jamás renunciará a la independencia. Esto es lo que están consiguiendo los jueces ultras: avivar el incendio independentista que estaba prácticamente sofocado tras las medidas de desinflamación del conflicto puestas en marcha por el Gobierno de coalición. En efecto, los indultos a los líderes condenados por el procés, la mesa de diálogo y los acuerdos de investidura con Esquerra y Junts, en los que figura la amnistía, habían ayudado a apagar el fuego catalán. El mundo indepe estaba más dividido y desarbolado que nunca, el procés empezaba a ser un mal recuerdo del pasado y se volvía a reconducir la vida institucional (hasta Junts se resignaba a volver a hacer política en las Cortes españolas, abandonando por un momento su espiral antisistema). Todo eso se puede ir al traste, con la amenaza de nueva ruptura de la convivencia, por el intenso lawfare de las últimas semanas, que empieza a reavivar otra vez los rescoldos de la revolución soberanista.   

En las últimas horas, la Comisión de Justicia del Congreso, con mayoría gubernamental, ha tratado de blindar la ley de amnistía introduciendo enmiendas como esa polémica coletilla que excluye el perdón de la medida de gracia a los condenados por delitos de terrorismo llevados a cabo en el marco del procés cuando estos hayan causado “violaciones graves de derechos humanos”. Las enmiendas han sido aprobadas con 20 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, PNV y Podemos frente a 17 en contra del PP y Vox. Se trata, sin duda, de una cláusula para defender la autonomía del Parlamento, sede de la soberanía nacional, de las injerencias politizantes del juez García-Castellón y de otros magistrados conservadores. La derecha ya se ha llevado las manos a la cabeza al acusar al Gobierno de diferenciar entre terrorismos, un buen terrorismo practicado por sus socios nacionalistas, y un terrorismo malo. Una vez más, la acusación de PP y Vox no tiene sentido. Lo que se trata de hacer con las enmiendas a la ley es evitar que gente que no es terrorista pueda ser acusada de serlo solo por motivaciones políticas. Un manifestante con una mochila a la espalda que quema un contenedor o un cajero no es Txapote ni Josu Ternera. Eso lo sabemos bien los españoles, que hemos sufrido el zarpazo del terrorismo de verdad, algo muy distinto a esta ensoñación de García-Castellón, que ya ve terroristas en todas partes.