El pasado jueves, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso dio un importante paso adelante en la protección del derecho a la vivienda digna al aprobar en comisión la Ley de Vivienda con el apoyo del PSOE, Podemos, ERC y Bildu, y la abstención del PNV. Esta ley, que contempla una serie de medidas para garantizar el acceso a una vivienda asequible, segura y adecuada, incluye la creación de parques públicos de vivienda, la prohibición de que la vivienda pública sea adquirida por fondos de inversión y la regulación del alquiler.
A pesar de la crítica por parte de algunos grupos políticos, la Ley de Vivienda es un importante paso adelante para garantizar el derecho a la vivienda. Por ejemplo, el diputado del PDeCAT, Ferran Bel, dijo que la ley supone una «invasión competencial», sin embargo, esta opinión no se comparte con otros grupos políticos como ERC y Bildu, quienes defienden que la normativa sitúa a la vivienda como una derecho y no como un patrimonio, otorgando herramientas necesarias a las comunidades autónomas y ayuntamientos para actuar en materia de vivienda.
En el texto final de la ley, se han introducido cuatro enmiendas transaccionales de PDeCAT y Junts para intentar solucionar el problema competencial. Asimismo, tanto ERC como EH Bildu han retirado todas sus enmiendas lo que indica un consenso entre los grupos políticos para sacar adelante la ley.
A pesar de ello, algunos partidos políticos como PP, Vox, Ciudadanos y Coalición Canaria se han mostrado en contra de la ley, argumentando que esta consolidará la okupación y que invadiría competencias. Sin embargo, los argumentos no parecen ser del todo sólidos, ya que la ley contempla medidas para combatir la okupación y no hay una invasión de competencia, tal como aseguran algunos diputados.
