El Partido Popular (PP), que según afirman dándose golpes en el pecho, es el tradicional valedor de la Constitución Española, ha adoptado una modalidad de constitucionalismo a la carta, moldeando sus principios al ritmo de sus conveniencias políticas. Esta estrategia, lejos de ser un fiel reflejo de los valores que profesa sostener, emerge como una táctica oportunista que desdibuja la línea entre el respeto a las normas fundamentales del Estado y la manipulación reglamentaria para alcanzar objetivos partidistas.
Reformar el Reglamento del Senado
La propuesta del PP de reformar el Reglamento del Senado, con el fin de controlar la aplicación del procedimiento de urgencia en la tramitación de leyes —específicamente en lo que respecta a la ley de amnistía—, no es más que un eslabón en la cadena de sus recientes prácticas legislativas que provocan serias dudas sobre su compromiso con el constitucionalismo.
Este juego de interpretaciones selectivas y ajustes normativos a su medida choca frontalmente con el principio de rigidez constitucional, que no es otro que la dificultad de modificar la norma suprema para garantizar su estabilidad y supremacía. En este actuar, el PP se aleja de la imagen de garante de la Constitución y se asemeja más a un jugador que, cuando las reglas del juego no le favorecen, no duda en proponer cambios que sí lo hagan.
Sentencia del Tribunal Constitucional de 2002
El Tribunal Constitucional interpretó hace veinte años el artículo 90 de la Ley Fundamental en relación con el papel del Senado en el proceso legislativo. Esto ocurrió durante la sentencia 97/2002, que revisaba una ley de 1995 que designaba ciertas áreas de Ibiza y Formentera como reservas naturales, la cual había sido impugnada por el Gobierno y Parlamento de Baleares, controlados por el PP. La sentencia esclareció que, contrariamente a la opinión del PP, el artículo 90 se aplica tanto a proyectos como a proposiciones de ley.
En resumen, la decisión del Tribunal Constitucional estableció que el Senado tiene un rol significativo en la legislación, afectando por igual a proyectos y proposiciones de ley, desmintiendo así la interpretación previa del PP.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 2002, que el PP ignora o desafía con su propuesta, es un recordatorio ineludible de que las autonomías reglamentarias tienen un límite claro y definido en el texto constitucional. No obstante, los populares parecen dispuestos a estirar estos límites, incurriendo en lo que podría considerarse una suerte de ‘constitucionalismo elástico’ que se amolda a las necesidades del momento.
El PP, al perseguir una reforma que podría considerarse como un rodeo a la Constitución, no solo enfrenta el escrutinio del Tribunal Constitucional sino también el juicio de la opinión pública. Feijóo y sus acólitos defienden la Constitución con la palabra, pero con sus hechos promueven reformas que de salir adelante lo único que provocará será minar la Carta Magna.
El verdadero constitucionalismo no admite interpretaciones de conveniencia ni ajustes momentáneos
El verdadero constitucionalismo no admite interpretaciones de conveniencia ni ajustes momentáneos. Se fundamenta en la constancia y en la defensa intransigente de la ley fundamental, incluso cuando no es políticamente rentable. El PP debería reconciliar sus acciones con su discurso y demostrar que su compromiso con la Constitución trasciende el oportunismo político y se alinea con una verdadera convicción democrática. Ya está bien de «haz lo que digo, pero no lo que hago».
La situación plantea un desafío mayúsculo para la formación política: o bien reafirma su posición como partido de principios constitucionales sólidos, o bien se rinde a la tentación de moldear la Constitución a su antojo. Esta disyuntiva no solo definirá el futuro del PP sino que también marcará el nivel de respeto por la Constitución que prevalecerá en la política española. El constitucionalismo a la carta que parece practicar el Partido Popular pone en juego la credibilidad del partido y la integridad de la Constitución que tanto proclama defender.
