La encuesta encargada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha revelado datos preocupantes sobre la magnitud de los abusos sexuales en la Iglesia en España. Según esta investigación, el 0,6% de la población española mayor de 18 años, aproximadamente 236.000 personas, ha sido víctima de abuso sexual por algún sacerdote o religioso.
Este estudio fue solicitado al Defensor del Pueblo hace un año y medio por el Congreso de los Diputados. Gabilondo entregó los resultados de la encuesta a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, este viernes. Los datos indican que el 1,13% de los encuestados afirma haber experimentado agresión en un contexto religioso, lo que aumenta el total a 445.000 personas.
La metodología del estudio comprende una muestra significativa de la población española, 8.013 personas en total, basada en datos anonimizados proporcionados por la Unidad de Atención a las Víctimas. Uno de los datos más sorprendentes es que el 11,7% de los entrevistados afirmaron haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años. De este porcentaje, el 3,36% manifestó que el abuso ocurrió dentro del núcleo familiar.
La percepción pública del abuso sexual infantil en España es claramente negativa, con un 72% de los encuestados que lo ven como un problema social muy grave y otro 24,4% que lo considera bastante grave. Sin embargo, muchos sienten que no se están tomando suficientes medidas para abordar y reducir este problema.
487 víctimas, en su mayoría hombres, han reportado abusos sexuales dentro de la Iglesia a la unidad de atención a víctimas
Gabilondo mencionó que 487 víctimas, en su mayoría hombres (87%), han reportado abusos sexuales dentro de la Iglesia a la unidad de atención a víctimas. El informe sugiere que la Iglesia Católica ha tendido a negar o minimizar el problema durante mucho tiempo. Algunas víctimas incluso enfrentaron la negación, ocultamiento y presiones por parte de representantes de la Iglesia, siendo culpabilizadas por los abusos sufridos.
A pesar de estas críticas, el informe también destaca las buenas prácticas dentro de la Iglesia y aplaude el coraje de quienes han asumido la responsabilidad que corresponde a la institución.
Una crítica adicional se dirige hacia los poderes públicos por no contar con procedimientos adecuados para prevenir, detectar y responder a los abusos sexuales de menores en centros escolares de la Iglesia en el pasado. Sólo en 2021 se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para todos los centros educativos, ya sean públicos o privados.
Finalmente, el informe ofrece varias recomendaciones, destacando la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica para las víctimas, abordando décadas de desatención. También propone la creación de un fondo estatal dedicado a compensar económicamente a las víctimas.
Hay varias cosas que no entiendo. La primera, que se haga única responsable a la Iglesia. No es que no lo sea, es que no entiendo que la Justicia no intervenga de oficio, no podemos esperar de la Iglesia que actúe en su contra, como otras organizaciones mafiosas: es el Estado el que está fallando. ¿Todos los casos han prescrito? ¿La Iglesia Católica Española no está sometida al mismo régimen de leyes que el resto de instituciones y ciudadanos? ¿O tiene un régimen privilegiado debido al concordato con la iglesia católica? ¿No debería anularse de inmediato ese concordato?