El drama de los miles de desaparecidos en México apunta no solo a las numerosas organizaciones criminales que pululan por todo el país (convertido ya en un narcoestado) sino también a la ineficacia y complicidad de buena parte del sistema policial y militar corrupto. Desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas “han sido un fenómeno extendido”, según un reciente informe de la oenegé Human Rights Watch (HRW).
Cabe recordar que en 2014 el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad “sistemática y endémica”. No obstante, no existe a fecha de hoy información fiable sobre la cantidad de ejecuciones extrajudiciales. La gran mayoría de los homicidios nunca son juzgados. Las autoridades gubernamentales solamente registran la cantidad de homicidios y no las circunstancias en las cuales se produjeron. En 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional dejó de registrar la cantidad de civiles muertos según la causa.
En octubre de 2018, el secretario de Gobernación anunció que aún se desconocía el paradero de más de 37.400 personas desaparecidas desde 2006. Según organizaciones que defienden los derechos humanos, al menos 3.900 cuerpos han sido hallados en más de 1.300 fosas clandestinas desde 2007.
“Habitualmente, agentes del Ministerio Público y policías no toman medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo les dicen a los familiares de personas cuyo paradero se desconoce que deben investigar por su cuenta”, asegura el demoledor informe de HRW. Desde 2013, la Procuraduría General de la República ha contado con una unidad especializada para la investigación y el procesamiento de desapariciones. Hasta agosto de 2018, había iniciado 1.255 investigaciones, “pero solamente había presentado cargos en 11 casos. No informó sobre ninguna condena”, recuerda esta oenegé.
En noviembre de 2017, el Congreso aprobó una ley sobre desapariciones que estableció una definición única a nivel nacional para el delito y dispuso la creación de entidades para facilitar la investigación y el procesamiento de los responsables de las desapariciones. Entre esas se incluyen la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), creada en marzo de 2018 para coordinar las iniciativas de rastreo en el terreno, y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB), establecido en octubre de 2018 para coordinar a las instituciones públicas que participan en la búsqueda de personas desaparecidas.
No obstante, cuando se redactó el informe de la citada oenegé, estas entidades todavía no funcionaban plenamente. En julio de 2018, el Consejo Nacional Ciudadano del SNB, un órgano asesor creado por la ley sobre desapariciones, informó que la CNB “no estaba recibiendo los recursos que necesita para desempeñar su función”. El consejo criticó además la falta de coordinación entre las instituciones, y manifestó su preocupación por el retraso de la mayoría de los estados en la implementación de la ley. Apenas 13 de los 32 Estados habían creado una agencia del Ministerio Público especializada y sólo nueve del total contaban con comisiones u oficinas locales de búsqueda, a pesar de que la ley exigía crear estas entidades para febrero y abril de 2018, respectivamente.
Camiones frigoríficos llenos de cadáveres
Numerosos familiares de víctimas han denunciado reiteradamente graves fallos en la identificación y el almacenamiento de los cuerpos. En una ocasión se informó en los medios de comunicación de que, en el Estado de Jalisco, varios vecinos se quejaron sobre el olor fétido causado por cuerpos en descomposición y sangre derramada, luego de que la Fiscalía General del Estado de Jalisco estacionara en su vecindario un tráiler refrigerado con cuerpos no identificados, debido a que no tenía capacidad en la morgue. El exdirector de servicios forenses manifestó que las autoridades habían usado camiones refrigerados, modelo tráiler, durante al menos dos años para almacenar más de 250 cuerpos. El fiscal de derechos humanos afirmó que las autoridades habían obtenido información y muestras pertinentes para permitir la identificación de apenas 60 cuerpos.
En mayo de 2018, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció una “ola de desapariciones” de por lo menos 23 personas en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, ocurridas entre febrero y mayo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) indicó que era probable que miembros de la Marina mexicana estuvieran implicados en las desapariciones. No obstante, los agentes del Ministerio Público realizaron búsquedas limitadas, y solo después de que una jueza federal −a instancias de un recurso presentado por las víctimas− les ordenara hacerlo. Cuando se redactó el informe de HRW, la jueza había aplicado 10 multas a la Marina por no haber respondido a sus requerimientos.
