Para algunos habrá quedado en el olvido aquel caso de corrupción en Cataluña denominado caso Pretoría. Un caso destapado en 2005, en pleno “Pujolismo” que por casualidad descubrió una de las primeras tramas de corrupción en Cataluña. Una hoja manuscrita hallada en noviembre de ese año durante el registro de un despacho del paseo de Gracia puso en alerta a la Guardia Civil, la Fiscalía y la Audiencia Nacional ante una presunta trama de corrupción urbanística destinada a ocultar las mordidas de típicas de la construcción en paraísos fiscales.
El documento se encontraba entre cientos de carpetas intervenidas por la Guardia Civil mientras buscaban pruebas de blanqueo de capitales a paraísos fiscales, a través de una filial del BBVA.
Dicho documento hallado y escrito a amano, incluía fechas de posibles recalificaciones y precios de compra-venta de terrenos en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. Dos fieles seguidores del pujolismo: Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, fueron señalados como receptores de presuntas comisiones millonarias ilegales que ocultaron a Hacienda, a cambio de precipitar la revalorización de sendos solares públicos en los municipios de Badalona y Llavaneres, y que adquirieron a través de sociedades y luego revendieron por un precio superior.
Ahora, después de 15 años, el Fiscal ha dado a conocer su escrito de acusación en el que pide una pena de seis años y diez meses de prisión, por un presunto delito de Trafico de Influencias y Blanqueo de Capitales para el exconseller de Economía desde 1990 hasta 1997 Macià Alavedra y el exsecretario de la Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990 Lluís Prenafeta. También contra los exdiputados del Partido Socialista de Cataluña, Bartolomé Muñoz y Luis Andrés García.
El ministerio público reclama también en su escrito de calificación multas que suman 13.7 millones de euros para Prenafeta; 10.3 millones, para Alavedra y 4.1 millones para Muñoz.
Los jueces trataran de esclarecer si los procesados encubrieron el cobro de presuntas comisiones a cambio de operaciones urbanísticas y se lucraron supuestamente con las ventas de solares públicos, según informa la Cadena SER.
El fiscal sostiene que ambos mantenían «una estrecha relación personal» con el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y que ambos sabedores de la facilidad con la que se movía otro de los acusados, Luis Andrés García, ‘Luigi’ en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con él para influir en los tiempos del desarrollo urbanístico y las adjudicaciones de terrenos, recibiendo a cambio comisiones millonarias.
Esas comisiones fueron ocultadas en paraísos fiscales con la colaboración de sus respectivas esposas. En ésas y otras intermediaciones, Alavedra ingresó presuntamente unos seis millones de euros y Prenafeta, 14,9 millones. Ambos exdirigentes pasaron algo más de un mes en la cárcel en 2009, y salieron en libertad tras abonar cada uno una fianza de un millón de euros.
Aquel año también se desveló el ‘caso Palau que hoy juzga la Audiencia de Barcelona con Felix Millet y Jordi Montull como protagonistas y responsables de la supuesta financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgara el caso Pretoria desde hoy 13 de marzo hasta el próximo 25 de septiembre; 26 jornadas durante seis meses.
