Dejar en libertad bajo fianza de sólo 50.000 euros a Karim Bouyakhrichan, peligroso delincuente, capo de la llamada Mocro Maffia, que cuenta con suficiente patrimonio como para huir del país, ha dejado perplejos a medios de comunicación tan prestigiosos como es la BBC británica. Y eso es lo que ha pasado en la Audiencia de Málaga. Los jueces consideraron que, con las medidas cautelares adoptadas, Bouyakhrichan se encontraría a disposición de la justicia en todo momento.
El colmo de la caradura del narcotraficante fue que, para justificar la primera ausencia ante el juzgado de Marbella, alegó encontrarse enfermo y que tenía que ir al fisioterapeuta. La segunda quincena ni se presentó. Ya había huido se supone que a Marruecos donde tiene una cobertura de tal magnitud que va a ser imposible ser localizado. Por lo tanto, no podrá ejecutarse la orden de detención emitida por las autoridades judiciales de los Países Bajos donde tiene su base de operaciones la mafia marroquí que no sólo introduce grandes cantidades de cocaína a través de los puertos de Amberes y Roterdam, sino que también lleva a cabo extorsiones, asesinatos y secuestros y ha amenazado de muerte a la princesa heredera, Amalia, y al primer ministro Mark Rutte. El máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, no ha tenido más remedio que abrir una investigación porque existen muchas dudas en torno a esta decisión judicial, y ya hay quien cuestiona la labor de los tribunales en lo que a los mafiosos afincados en España se refiere.
No es el primer caso de un “fallo judicial” en las actuaciones llevadas a cabo contra las diferentes mafias que operan en las costas de este país. La investigación contra una presunta red de blanqueo de capitales de la mafia rusa en la costa valenciana tuvo que ser archivada por la titular del juzgado número 1 de Benidorm, en noviembre de 2022, por defecto de forma. Se había tomado declaración a una veintena de investigados sin haber prolongado el plazo de la instrucción. Un embrollo judicial que echó por tierra la mayor investigación en una década contra el crimen organizado del este europeo en España, llevada a cabo en secreto durante siete años por el grupo de blanqueo de la Policía Nacional y la fiscalía anticorrupción, con la asistencia operativa de Europol. La instrucción se anuló porque el gobierno de Mariano Rajoy había introducido en la ley de enjuiciamiento criminal la limitación del plazo de instrucción a doce meses con la posibilidad de prorrogas de seis meses siempre que se justificasen con antelación. La jueza no lo hizo a tiempo y los posteriores recursos fueron desestimados por la Audiencia Provincial de Alicante y el Tribunal Supremo.
La investigación que acabó con la detención de Bouyakhrichan se había iniciado en 2022. Gracias a la confesión de dos testaferros en Ceuta se pudo dictar una orden de detención contra el capo y algunos de sus más directos colaboradores. Todos consiguieron huir en un primer momento hasta que el 9 de enero se logró su apresamiento. Se les acusaba de blanqueamiento de dinero procedente del narcotráfico.
Interior anunció que se le habían bloqueado 172 propiedades, entre ellas varias mansiones en Marbella valoradas en más de 50 millones de euros. Por eso extraña que los jueces de la Audiencia de Málaga le dejaran en libertad bajo fianza de sólo 50.000 euros. En el auto en el que se decretaba la puesta en libertad del mafioso narcotraficante, los jueces argumentaron que le habían retirado el pasaporte y obligado a comparecer en el juzgado cada quince días. Se consideraron suficientes las medidas cautelares dictadas. Mientras tanto, una euroorden emitida por las autoridades judiciales holandesas llegó al juzgado número de 2 la Audiencia Nacional. Inmediatamente comenzó el procedimiento de extradición. Pero hubo dos fallos: uno, que el fiscal tardó en presentar su dictamen porque no quería interferir en los plazos de prisión de Málaga para evitar traspasar el límite de tiempo en que un investigado puede permanecer en prisión provisional, y el otro, que, mientras se perdía tiempo, en Málaga se dictaba un auto dejando en libertad a los mafiosos marroquíes en contra del criterio del ministerio público de la zona. Hubo falta de coordinación, también, entre fiscales. Eso sí, luego los miembros conservadores de la carrera quieren que se profundice en la autonomía profesional. Está claro que la jerarquización es inevitable si no queremos asistir a espectáculos como el que ha sucedido.
Además, la sospecha de soborno se ha propagado porque nadie entiende la facilidad con que el narcotraficante quedó en libertad. Y no es la primera vez que se cuestiona el sistema judicial español. Los medios de comunicación europeos, sobre todo los belgas, holandeses y británicos, se peguntan cómo es posible que unos jueces hayan adoptado semejante decisión. Y no es la primera vez que ocurre cuando se trata de la lucha contra las mafias internacionales que operan en la costa española: los italianos ya se han encontrado con resoluciones judiciales que les han favorecido, de los rusos acabamos de poner un ejemplo, y ahora ha pasado con la mafia marroquí considerada como la más activa de Europa.
En las costas españolas viven numerosos delincuentes que actúan con impunidad. Nunca han sido procesados. Esas zonas son propicias para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Todavía está pendiente el juicio que se va a llevar a cabo en Suecia contra la mafia de narcotraficantes en la cual están implicados el marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella, el primero fallecido.
Desde hace años se sospecha que la impunidad con que estos delincuentes se mueven tiene un precio en forma de corrupción. Lo que nadie se atreve a aventurar es hasta donde llega. Y hay numerosos expertos que creen necesaria la creación de una unidad de asuntos internos dentro del Consejo General del Poder Judicial, semejante a las utilizadas por los cuerpos policiales, para investigar prácticas corruptas en el seno de la judicatura.
Los jueces se quejan de la falta de medios. Siempre se acude al mismo argumento cuando lo que, en realidad, hay que investigar, es si existe algún funcionario que está siendo sobornado. Porque fuera de España, este suceso ha puesto en entredicho el funcionamiento de la justicia de este país. Y a lo peor llevan razón. Para que no quepa lugar a dudas, lo mejor es abrir una investigación, y esa competencia la tiene el Consejo General del Poder Judicial que, en lugar de estar mareando la perdiz sobre aspectos políticos en los que su opinión no va a ser tenida en cuenta, debería ocuparse de mantener inmaculada la imagen de los jueces de este país. Algo que está en entredicho.
