La polémica de estos días sobre cómo acabar con el lawfare, ya se sabe la instrumentalización judicial para atacar al adversario político, no tiene recorrido. Por mucho que se propongan soluciones más o menos realistas, sólo hay una que acabará con este desajuste: la aplicación del delito de prevaricación. Porque hay muchos jueces que se creen que son intocables, pero deberían acordarse de lo sucedido con sus excompañeros Javier Gómez de Liaño, Baltasar Garzón, Coro García y Elpidio Silva. Cada uno con unas circunstancias personales diferentes, acabaron siendo condenados e inhabilitados porque las decisiones que tomaban eran injustas y contrarias a la ley y lo hicieron “a sabiendas”. Claro que aquellos eran otros tiempos. Los órganos de gobierno de los jueces eran radicalmente diferentes a los actuales y sólo por una razón. Estaban legalmente constituidos mientras que el actual se encuentra en funciones, tiene limitadas sus competencias y su desprestigio es de tal magnitud que ni siquiera se atreve a actuar contra los magistrados sospechosos de estar prevaricando. No vaya a ser que a ellos también se les aplique el mismo rasero.
El Consejo General del Poder Judicial es el encargado de adoptar medidas disciplinarias y abrir los correspondientes procedimientos judiciales. Para eso está la inspección disciplinaria. En el orden del día de la reunión de esa comisión que se va a celebró este martes figuraban tres propuestas de sanción. Una implica la suspensión de funciones durante 45 días a una juez por “falta grave” provocada por dilaciones indebidas y retrasos en las instrucciones. El segundo expediente se sanciona con multa de 2000 euros por una “falta grave” por no haber elaborado “el oportuno alarde” que no es más que un informe que se debe entregar periódicamente sobre la situación del juzgado, y el último punto del orden del día propone una multa de 600 euros al titular de un juzgado “por retrasos”.
Y eso es todo lo que hace, últimamente, la comisión disciplinaria. Nadie se encarga, por poner un ejemplo, de estudiar la querella que los dirigentes de Podemos ha presentado contra el titular del juzgado numero 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que piden su procesamiento por prevaricación por haberles investigado por una causa que sus superiores de la sala de Lo Penal llegaron a calificar como “prospectiva”. Tampoco se ha abierto un expediente disciplinario contra el titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por haber hecho públicos datos de investigaciones sobre la presunta influencia rusa en el procés de independencia de Catalunya en una televisión pública alemana o haber utilizado juicios de valor en los sumarios a su cargo. Por mucho menos, por haber aceptado una entrevista al periódico ABC, el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, acabó siendo expedientado, expulsado de la instancia judicial, y rebajado a un juzgado de Lo Social en Ciudad Real. La tradicional normativa, no escrita, sobre el pronunciamiento de los jueces acerca de las actuaciones que llevan a cabo, ordena que los magistrados “hablen en los autos, providencias y sentencias”, y nada más. Un criterio que cada vez se aplica menos, por cierto. Y si no que se lo digan a García Castellón que no ha recibido apercibimiento alguno cuando se manifestó contrario a la amnistía para los independentistas catalanes unos días antes de recuperar el Caso Tsunami Democràtic del cajón de su despacho buscando indicios para procesar a sus presuntos líderes de terrorismo.
Un juez nunca mide las repercusiones de sus decisiones. Si estudiase las denuncias y querellas antes de admitirlas a trámite evitaría lo que les ha pasado a muchos ciudadanos como a Mónica Oltra o a Alberto Rodríguez. Que sus casos han quedado en nada, pero mientras han durado las instrucciones han tenido tal repercusión que les ha afectado reputacionalmente. Porque ese es el objetivo que buscan los que están utilizando la judicatura, el lawfare: destrozar socialmente al adversario. De esa manera logran anularlo. Se lo quitan de en medio.
Lo grave no es la sanción por una hipotética infracción penal. Lo dramático de la apertura de una investigación judicial es que trasciende, nadie sabe cómo ni por qué, a la ciudadanía. Y ahí suelen intervenir los desgraciados factores mediáticos que, de un tiempo a esta parte, son incapaces de elaborar un texto informativo con objetividad. Se introducen calificativos. Incluso ya hay algún experto en materia de comunicación judicial que recomienda que no se utilice el término “presunto” para nombrar a un investigado “porque todos los organismos judiciales consideran que ese apelativo ha quedado desfasado y que el sospechoso ya goza de las garantías suficientes que le confiere la ley”, dice una de esas expertas en lenguaje jurídico.
A pesar de lo que diga esa experta, lo cierto es que el señalar a una persona como sospechosa de haber cometido un delito, y más si el mismo se refiere a la corrupción, la llena de mierda a los ojos de la ciudadanía: “si un juez está investigando es que algo habrá”. Y luego, cuando, al final, después de años de investigaciones e instrucciones sumariales, se llega a la conclusión de que esas sospechas eran infundadas ya es imposible que el inculpado/a recupere esa credibilidad perdida. El juicio paralelo, del que hablaremos en otro análisis, es tan frecuente en los medios de comunicación que el que caiga en manos de un aspirante a acusador o juez ya sabe lo que le espera.
Le pasó a Mónica Oltra. Le pasó a Alberto Rodríguez y a los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Les pasa a muchos ciudadanos con demasiada frecuencia. Por eso es conveniente que se les diga a esos jueces aperturistas de sumarios a la ligera que tengan cuidado. Porque habrá un momento en que sus órganos de gobierno recuperarán la credibilidad perdida por tanta utilización política de la institución a la que pertenecen y, por lo tanto, su autoridad. Y el día en que eso pase, volverán a llover sentencias en materia de prevaricación. Y vendrán las lamentaciones. Algo muy negativo para esos togados que se consideran intocables, pero algo positivo para una sociedad que quiere recuperar la confianza en la justicia.
Efectivamente, hay que acabar con la impunidad, pero para ello debemos darnos cuenta de que hay una estructura. ¿Por qué las víctimas del lawfare tienen un perfil determinado? ¿Quién marca los objetivos? ¿Quién otorga recompensa e impunidad? El razonamiento de que los jueces son del PP no lo explica todo.
En el caso del País Valenciano ha sido criminal. No solo han borrado políticamente a la Princesa Valenciana, sino que con ello han borrado el mejor gobierno que nunca ha tenido mi País Valenciano. No es justo. El juez que ha permitido todo esto todavía no está en el banquillo. Por ello exijo nuevas votaciones en mi País Valenciano. Si la ley no lo permite, que la cambien. La constitución no permite okupas en el CGPJ y ya llevan 5 años de ilegalidad. No, la justicia en este país no es ciega, es de extrema derecha.