El Gobierno de coalición empieza a apretar el acelerador en la tramitación de su paquete de reformas sociales y estructurales para modernizar el país. El pasado viernes el Grupo Socialista en el Congreso dio luz verde a las que serán sus primeras iniciativas legislativas, concretamente cuatro proposiciones de ley con las que busca legalizar la eutanasia, ampliar la ley de memoria histórica, derogar el plazo máximo para la investigación de casos de corrupción y acabar con la posibilidad de que el Senado bloquee los Presupuestos vetando el techo de gasto.
Según informa Europa Press, son proposiciones de ley similares a las que el PSOE registró durante la pasada legislatura y que, sin tiempo para iniciar su tramitación, decayeron con la disolución de las Cortes y la repetición de las elecciones. La ruptura de las negociaciones entre socialistas y Unidas Podemos, ocurrida el pasado verano, llevó a que las iniciativas quedaran aparcadas. Sin embargo hoy, ya estable y a pleno rendimiento el Gobierno de coalición, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han decidido rescatarlas del cajón y hacerlas realidad. Estamos hablando de leyes de gran calado social y de profundo contenido ideológico que afectan a millones de personas y contra las que la ultraderecha española ya ha anunciado una guerra sin cuartel.
Este primer paquete de iniciativas parlamentarias se completa con tres proposiciones no de ley (PNL), sobre memoria democrática, garantías educativas frente al “veto parental” y cambio climático.
La proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia pretende dar una “respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda social, regulando el derecho de toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir”. Y pretende con ello hacer compatibles derechos y principios constitucionales como son el derecho a la vida y a la integridad física y moral, “con la dignidad, la libertad y la autonomía de la voluntad”.
En cuanto a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el PSOE busca que el veto del Senado a la senda del déficit no sea irreversible, sino que pueda levantarse en el Congreso. Según el PSOE, esta reforma se incluye dentro de los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea, que requieren que nuestro país cuente con un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que sea “ágil y adecuado”.
Con la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se pretende agilizar la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, así como evitar la prescripción encubierta de los delitos más complejos. Cabe recordar que la inclusión de un plazo máximo por encima del cual los jueces de instrucción ya no pueden seguir investigando casos de corrupción fue impulsada por Mariano Rajoy y su ministro de Justicia, Rafael Catalá, en plena vorágine de escándalos que afectaron de lleno al Partido Popular. La reforma, una de las más polémicas de los últimos años, según expertos juristas, fue sin duda un intento del partido conservador en el Gobierno por enterrar asuntos que le salpicaban gravemente.
Asimismo, la reforma de la Ley de Memoria Histórica y Democrática que preparan PSOE y Unidas Podemos busca “reconocer la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democracia y desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó, como símbolo más contundente de la negación de aquellos valores”.
En la misma dirección, la proposición no de ley pretende el “reconocimiento, reparación y dignificación de la memoria de las víctimas del franquismo y la puesta en marcha de medidas como exhumaciones de fosas comunes”. También pide la retirada de simbología franquista de lugares públicos; prohibir la exaltación y enaltecimiento del totalitarismo; la retirada de condecoraciones y prestaciones sociales de criminales no juzgados durante la dictadura; declarar nulas las condenas y sanciones dictadas durante la guerra civil o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género; y auditar y devolver bienes expoliados a los republicanos.
La PNL para reforzar el compromiso en la lucha contra el cambio climático insta al Gobierno a trabajar en la aplicación de la reciente Declaración de Emergencia Climática en España, la aprobación de una ley de Transición Energética, así como la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía.
Por último, el PSOE entra en la polémica del llamado “veto parental” que defiende Vox y ha registrado otra proposición no de ley sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución Española y la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado.
