Hay miedo a la revancha. La amnistía a los que participaron en el procès significa borrar penalmente los delitos cometidos. Sobre el papel tales delitos no existieron y, por lo tanto, cabe la posibilidad de que los que fueron imputados y condenados en los tribunales se lancen a presentar querellas criminales por prevaricación a los jueces que les investigaron y condenaron. Y hay miedo en la judicatura, sobre todo en las altas esferas no sólo en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sino también en los juzgados catalanes y en el TSJC. Los jueces no tienen nada que temer porque esas hipotéticas querellas carecen de recorrido judicial. Serían archivadas inmediatamente por sus compañeros.
Otra cosa más preocupante es lo que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene abierto un procedimiento como consecuencia de la demanda presentada por dos de los condenados del procès. Y este es un tema que sí preocupa. Si no se retiran esas demandas, el proceso seguirá su curso y el representante de la administración deberá responder al cuestionario enviado por los jueces de Estrasburgo en el que, entre otras cosas, piden que diga si se pronuncia a favor de la interpretación que hizo el Supremo de los hechos vinculados al referendum del 1 de octubre de 2017 y su condena por sedición y malversación. Este lunes finalizó el plazo que tenía el abogado del Estado para remitir las contestaciones. Pero se ha pedido una nueva prórroga, la última ya que el plazo concluye el 12 de enero próximo. La Abogacía del Estado ha argumentado que, para poder valorar los hechos, necesita que los tribunales implicados le aporten «pruebas de apoyo» con las que aún no cuenta. Además, se refiere a la complejidad del caso a y la necesidad de culminar una serie de «búsquedas internas», aún en proceso. Pero en el fondo lo que subyace es que una contestación favorable a la sentencia de la sala de Lo Penal contaría con el rechazo de los independentistas y si ocurre lo contrario, que el pronunciamiento es desfavorable, los jueces se echarían encima. En el supuesto de que se acuerde la ley de amnistía, se sabe que en el preámbulo se habla de este hecho dejando bien sentado que la judicatura actuó conforme a derecho pero que nunca se debió dejar en manos de los magistrados el conflicto catalán que ahora se discutirá y resolverá por la vía política.
El tribunal requiere respuestas a varias cuestiones. Entre otras, si el Reino de España cree que el Tribunal Supremo hizo una interpretación imprevisible o expansiva de los delitos de sedición y malversación de fondos contraria al artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También quiere saber la opinión del Estado español sobre otras afirmaciones de los líderes independentistas. Estos alegan que se vulneró su derecho a libertad de expresión y de reunión. Ellos se limitaron a alentar a la población a participar en manifestaciones en defensa del proceso de independencia y en un referéndum. «¿Han sido condenados los solicitantes por un ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de asociación y de expresión, en violación del artículo 10 y el artículo 11 del Convenio?», preguntan los jueces de Estrasburgo. Unas preguntas que esconden una verdadera trampa dada la situación política actual.
En las negociaciones con ERC y Junts Per Catalunya se ha hablado de este asunto. Parece ser que hay un pacto no escrito para que ningún implicado en el procès que vaya a ser amnistiado recurra a los tribunales con el fin de ver reparados esos derechos que durante un tiempo perdieron. Si hay tabla rasa es para todos. Se pide que se retire la demanda de Jordi Turull y Jordi Sánchez en el TEDH, y se acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se archiven todos los procedimientos abiertos. Veremos si los jueces del TJUE asumen la petición o si por el contrario siguen adelante. Porque cualquier manifestación en torno al tema puede acabar por remover muchas conciencias de una cuestión muy delicada tal y como se está viendo estos días.
Los magistrados que han enjuiciado al independentismo catalán pueden estar tranquilos porque el pacto no escrito les blinda ante la posibilidad de presentación de demandas penales por prevaricación. Otra cosa muy diferente es la sensación que tienen de que van a quedar desautorizados. De ahí el malestar reinante, sobre todo en la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo. Los jueces deben ser conscientes de que este asunto nunca debió de ser llevado a los tribunales de justicia porque es un conflicto político que requiere de soluciones políticas. Y eso es lo que se pretende hacer ahora. Ellos cumplieron con su trabajo. Los líderes del procès desobedecieron las leyes vigentes y la Constitución. Eso debe de quedar bien claro. Ahora se les amnistía, pero no se olvida lo que hicieron por mucho que digan que lo que pretendían era alentar a la población a participar en manifestaciones en defensa del proceso de independencia de Catalunya y en el referendum del 1 de octubre, alegando el derecho a la libertad de expresión para llevar a cabo los actos de los que fueron acusados.
Por lo tanto, cualquier hipótesis de acusar a jueces y magistrados de prevaricación, es decir que “una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley” no tiene ningún sentido en este caso porque la magistratura se limitó a aplicar la ley vigente entonces.
No hay caso por lo que no debe haber miedo alguno.
