Los agricultores de la localidad onubense de Almonte, representados por la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, que gestionan tres cuartas partes de la superficie agrícola regable de la zona de este enclave protegido han mostrado este martes su total oposición a los planes del Gobierno bipartito andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla, que con el apoyo de la ultraderecha de Vox pretende legalizar estos regadíos tras presentar una proposición de ley en el Parlamento de Andalucía para regular casi 1.500 hectáreas que utilizan agua de Doñana de manera ilegal para sus cultivos de frutos rojos principalmente.
Estos regantes, que controlan la mayor parte de la demarcación del río Guadalquivir dentro del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, y Rociana del Condado, que además se encuentran ubicados en la zona más cercana al Espacio Natural de Doñana, han acordado este martes por la noche abandonar la Plataforma en defensa de los Regadíos del Condado.
Los agricultores de Almonte consideran que esta plataforma, de la que han decidido desvincularse ahora, no defiende “desde hace tiempo” los intereses generales de todos los regantes, sino principalmente “los intereses particulares de una minoría”, según una nota de prensa.
El Ayuntamiento almonteño, propietario mayoritario de estos terrenos, ha apoyado la decisión de estos agricultores de abandonar esta plataforma ante las discrepancias evidenciadas tras el proyecto auspiciado por el ejecutivo andaluz de Moreno Bonilla.
Los agricultores de las 1.460 hectáreas afectadas por la modificación de la Junta son los que deben reclamar a la Conferencia del Guadalquivir el reconocimiento de los suelos como regables
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la entidad encargada de conceder los regadíos, ya se ha posicionado claramente contra los planes de Moreno Bonilla, que no se cansa de repetir que estos pozos se encuentran a 30 kilómetros del Parque Nacional, también conocido como el Pulmón de Europa. LA CHG estima, en cambio, que la legalización de estas casi 1.500 hectáreas de cultivos de la Corona Norte de Doñana regados ilegalmente con las aguas de Doñana, carece de seguridad jurídica y al mismo tiempo está generando “falsas expectativas” entre los agricultores de la zona, además de exponer mediáticamente a Doñana a nivel europeo.
La Confederación del Guadalquivir, clave
El proyecto de legalizar estos regadíos de aguas de Doñana no implica el aumento de los mismos, ya que es la CHG, dependiente del Gobierno central, quien decide sobre esta cuestión. Pero, en cambio, el proyecto de ley del Gobierno de Moreno Bonilla sí busca modificar la ley forestal actual y el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana aprobado hace casi una década, con lo que de este modo los agricultores de las 1.460 hectáreas afectadas son los que deben reclamar a la CHG el reconocimiento de estos suelos como regables. El ente dependiente del Gobierno ya se ha negado en rotundo al aumento de la superficie de regadío.
