El PP maniobra en el Senado para retrasar la Ley de Amnistía con reforma reglamentaria

En un movimiento político estratégico, el Partido Popular (PP) ha desplegado su mayoría absoluta en el Senado para impulsar una reforma del Reglamento de la cámara que podría retrasar significativamente la tramitación de la ley de amnistía. La propuesta ha sido aprobada en el Pleno con 145 votos a favor y 113 en contra, en un contexto de urgencia que ha suscitado controversia y críticas por parte de la oposición.

El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha presentado esta reforma con el fin de modificar la potestad de la Mesa del Senado, permitiéndole decidir sobre la aplicación del procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley, una potestad que podría influir directamente en la tramitación de la esperada ley de amnistía. La reforma se ha tramitado de manera ‘exprés’, con la Comisión evaluando las enmiendas el lunes y el Pleno votándolas el martes, un ritmo que ha levantado suspicacias entre otros grupos parlamentarios.

Además, esta maniobra legislativa incluye un nuevo apartado que obligaría al presidente del Gobierno o a los ministros a comparecer en el Senado a petición de los grupos parlamentarios, una medida que responde a la incomparecencia de varios ministros en el Pleno de esta semana.

El descontento de la oposición no se ha hecho esperar

Partidos como PSOE, ERC, Bildu, PNV, Junts y Sumar han expresado su desacuerdo, no solo con el fondo de la reforma, sino también con la forma en que se está llevando a cabo la tramitación, llegando a considerar la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por lo que ven como una «grave infracción reglamentaria».

El PSOE ha acusado al PP de faltar al respeto a las minorías parlamentarias y de actuar sin buscar el consenso necesario para una modificación reglamentaria de tal calado. La aceleración de este proceso se ha tildado de «mal parlamentarismo» y, según la oposición, la verdadera razón de esta reforma sería cumplir con un requerimiento del expresidente José María Aznar.

El PP, por su parte, defiende la reforma como una manera de inyectar «reflexión y rigor» al proceso legislativo, y como un paso hacia el fortalecimiento del Senado como una «cámara de segunda lectura de verdad». Argumentan que el gran número de reales decretos aprobados por el gobierno actual evidencia un «desprecio» hacia el Senado, una situación que esperan corregir con esta reforma.

Vox y UPN, ambos del grupo Mixto, han mostrado su apoyo a la reforma. Vox ve la modificación como «pertinente», aunque sugiere la posibilidad de extenderla para limitar el «uso abusivo» de los reales decretos. UPN, por su lado, ve con buenos ojos cualquier acción que retrase la ley de amnistía, que consideran problemática.