El PP ha empezado a mover sus peones en la Justicia para tratar de tumbar la amnistía más que probable que prepara el Gobierno tras el pacto que se avecina con los partidos independentistas catalanes. Perdidas las elecciones del 23J, fallida la investidura de Feijóo y fracasada la manifestación convocada por las derechas, al Partido Popular solo le queda seguir jugando al lawfare o guerra judicial. Tiene controlada buena parte de la Administración de Justicia y cree que con esa herramienta puede ser suficiente para detener lo que en Génova creen que es una traición a España.
La hoja de ruta del PP está clara. Primero tratar de frenar la promulgación de la ley de amnistía mediante informes en contra de altos magistrados del CGPJ. Moncloa ya tiene antídoto ante esa ofensiva: impulsar la medida gracia recurriendo a los mecanismos legislativos más rápidos y sin necesidad de informes vinculantes del Poder Judicial. La segunda fase de la batalla de los populares también parece clara: recurrir la ley de amnistía ante los tribunales y si es posible ante el Tribunal Constitucional (TC). Lo tienen difícil, ya que la mayoría de magistrados que componen este órgano jurisdiccional es de ideología progresista. Pero siempre puede quedar alguno que esté en desacuerdo con la medida y se sume a las tesis del sector conservador del TC.
De momento, ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para mostrar el rechazo del órgano de gobierno de los jueces a la ley de amnistía que beneficia a los promotores y partícipes en el ‘procés’, informa Europa Press.
Los consejeros solicitantes son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, nombrados a propuesta del Partido Popular.
«El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», señala el texto de la declaración.
En el escrito subrayan que el CGPJ «ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado».
El pasado mes de septiembre, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, declinó profundizar sobre la posible elaboración y promulgación en España de una ley de amnistía, y se limitó a afirmar: “Es muy difícil estar de acuerdo con ello”.
Fue en la Universidad de Valladolid (UVa), antes de pronunciar la lección magistral que dio la bienvenida a los alumnos en la Facultad de Derecho del curso 2023/2024. Como presidente del CGPJ, desde el pasado julio, Guilarte, a preguntas de los periodistas, consideró “prematuro” emitir una valoración sobre una posible ley de amnistía a los políticos condenados por el proceso independentista en Cataluña, entre ellos quienes con sus votos pueden resultar decisivos en la investidura presidencial de Pedro Sánchez (PSOE).
“Tiempo habrá de comentar esas cuestiones y de esperar a ver cómo se desarrolla para opinar. Es prematuro, no es el momento, ahora estamos en la Universidad”, dijo. Y añadió: “El derecho, en manos de desaprensivos, es un instrumento peligroso. Los ilusionistas del derecho han aparecido de nuevo para convencernos de la bondad de la amnistía, algo que lo más prudente es cuestionar”, reflexionó como docente universitario.
¿Que argumentos pueden usar para tumbar una ley de amnistia?
Desde luego que si alegan que es anticonstitucional no puede ser porque en la constitucion no aparece siquiera la palabra AMNISTIA.