En un acto de la Asociación Mundial de Juristas celebrado este lunes, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, volvió a desatar la vieja polémica sobre la forma de elegir a los vocales del máximo órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial.
El miembro de la CE volvió a avisar a España de que “es una prioridad la renovación del Consejo General del Poder Judicial e iniciar inmediatamente después un proceso con el fin de adaptar el nombramiento de sus miembros teniendo en cuenta los estándares europeos”.
Sobre la prioridad a la que se refiere Reynders ya se sabe las circunstancias que rodean al pacto entre el PSOE y el PP para dar por superada esta situación anómala. La novedad consiste en que Bruselas ya advierte de que si no hay cambio inmediato “se plantearán la posibilidad de sanciones”. Que se lo piense bien el Partido Popular porque las sanciones económicas las acaban por pagar los contribuyentes y eso puede repercutir electoralmente, sobre todo porque está claro que la derecha está actuando en este asunto al margen de la Constitución.
No obstante, la polémica no reside en esta advertencia sino en la segunda parte de las declaraciones de Reynders. A pesar de su ambigüedad a la hora de referirse a los “estándares europeos”, la derecha mediática interpreta que esos estándares se refieren a que deberán ser los jueces los que elijan a sus dirigentes evitando toda interferencia política en el proceso. Lo que pasa es que los juristas se encuentran divididos a la hora de posicionarse sobre la elección directa del CGPJ por parte de los jueces. ¿Es constitucional?
La redacción de la Carta Magna en algunos asuntos es ambigua, probablemente debido a la búsqueda del consenso. El artículo 122.3, referido al Consejo General del Poder Judicial, dice que “estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica, 4 a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado elegidos en ambos casos por la mayoría de tres quintos de sus miembros entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio de su profesión”. La Constitución se remite a la ley orgánica para decidir la forma en que deben ser elegidos los 12 magistrados “de todas las categorías judiciales”. Los expertos interpretan que la Carta Magna dice que los “doce vocales deben ser elegidos entre jueces, no por los jueces”.
Estas diferencias de pareceres han tenido sus consecuencias a la hora de redactar la ley orgánica del Poder Judicial donde se regula el nombramiento de los vocales del CGPJ. El artículo 12 de la ley orgánica 1/1980 del 10 de enero, estableció que la elección de los 12 miembros se llevaría a cabo mediante votación directa de los jueces y magistrados que se encuentran en activo:“ voto personal, igual, directo, secreto y admitiéndose el voto por correo. Deberá convocarse con tres meses de antelación a la terminación del mandato del Consejo. La circunscripción electoral será única para todo el territorio nacional”.
Este sistema de elección directa de los 12 magistrados no sujetos a la disciplina parlamentaria estuvo vigente hasta que se cambió por una nueva ley orgánica, la 6/1985 de 1 de junio, en la que todos los miembros del CGPJ pasaron a ser elegidos por el Congreso y el Senado. El PP presentó recurso de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional avaló la nueva fórmula de elección. Posteriormente, el gobierno de Aznar intentó modificar, de nuevo el sistema, pero, al final, retiró su proyecto. Y a pesar de que el PP en todos sus programas electorales se compromete a cambiar el sistema y de tener mayoría absoluta en algunas legislaturas, Rajoy no lo hizo.
Ahora los conservadores piden que se vuelva al sistema de 1980. Incluso van más lejos y exigen que sea la totalidad de los 20 vocales los que sean votados por jueces y magistrados anulando las competencias que, en esa materia, otorga la Constitución al Congreso y al Senado. Esto sí que podría ser inconstitucional.
El comisario Reynders habla de que se adapte la elección de los vocales del CGPJ “a los estándares europeos” sin especificar cuáles son esos “estándares”. Además, lo “recomienda”, no “lo exige”. La única exigencia que sí ha hecho, bajo amenaza además de sanciones, y con un plazo hasta el 1 de julio cuando España asume la presidencia de la UE, es la inmediata renovación con arreglo al sistema vigente. Y eso, hoy por hoy, es imposible dada la actitud de la derecha reaccionaria del país que es la que tiene la llave para desbloquear esta crisis judicial.
Por lo demás, si al final se decide que sean los jueces los que elijan directamente a sus dirigentes, siempre que se respete la elección de los ocho vocales por parte del Parlamento, ya que, si no se hace, habría que modificar la Constitución, las pretensiones de Bruselas pueden encajar en nuestra Carta Magna.
Aquí no sucederá lo que pasó en Polonia donde los tribunales advirtieron a la UE que su Constitución está por encima de las directivas y recomendaciones europeas generando una crisis institucional que todavía no se ha resuelto.
Pues yo deseo que el PP no dé su brazo a torcer incluso si nos sancionan. Nos estamos jugando algo más que las perras.
Hace no mucho tiempo Bruselas también presionaba para que el PP dejara de oponerse a la renovación del Tribunal Constitucional. El PP cedió y consensuó con el PSOE los jueces a nombrar. Y el resultado ha sido un desastre.
Poco después de ser renovado, el TC prevaricó. Lo 1ª que creo que sentenció fue que el aborto es constitucional, lo cual es más que discutible. Pero lo que es indiscutible es que el TC estaba contaminado pero el presidente del TC, Conde Pumpido, forzó la votación prohibiendo que 4 jueces que estaban contaminados se abstuvieran.
Después tengo entendido que el PP ha querido presentar varios recursos ante el TC pero su presidente ¡no ha querido ni siquiera aceptarlos a trámite!
Así que no es sólo el dinero ni sólo el aborto. Bruselas parece que quiere darle todo el poder judicial a un PSOE que ahora mismo está liderado por una persona, Pedro Sánchez, que nombra jueces prevaricadores. No sé Ud, pero prefiero ser sancionado por Bruselas a que nuestra justicia, que ya está bastante estropeada, se corrompa todavía más.