El Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, acaba de presentar una demanda contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo «por desviar unos 40 millones de euros procedentes de las primas que ha recibido de las aseguradoras (UNESPA) durante los últimos cinco años». En su reclamación administrativa alega que el Gobierno regional estaría infringiendo la ley, «pues no estaría destinando este dinero, íntegra y exclusivamente, a inversiones para mejorar el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, sino a partidas desconocidas o a otros servicios de emergencias».
En este sentido, explica que todas las administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones…) que cuentan con servicio de bomberos perciben de las aseguradoras un 5% de las pólizas de seguros contra incendios contratadas en el correspondiente ámbito territorial y un 2,5% de las pólizas multirriesgo.
En la demanda, los bomberos de la Comunidad de Madrid exigen al Gobierno regional que estos fondos -cantidades abonadas por UNESPA y, en su caso, otras aseguradoras- «se destinen urgente y exclusivamente a inversiones reales».
Sin embargo, señalan, que en los últimos cinco años (2019-2023), «en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid el patrón se repite, pues figura para este cometido una partida que, posteriormente, desaparece del programa económico del Cuerpo de Bomberos».
El Sindicato de Bomberos advierte de que este «agujero» en la inversión va en detrimento de la calidad del servicio público, «que se evidencia en un aumento de los tiempos de respuesta a los ciudadanos, deficiencias en vehículos, infraestructuras, equipos de trabajo y Equipos de Protección Individual».
Además, temen que este proceder pueda llevar, en última instancia, «al desmantelamiento del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con el riesgo de que el servicio público para intervenir en casos de emergencia se privatice o quede directamente en manos de voluntarios sin la suficiente capacitación».
Antecedentes a escala nacional
Denuncian que esta situación ya se puso de manifiesto públicamente en la Asamblea de Madrid «cuando se evidenció la existencia de partidas de gasto sin ejecutar, de cifras récord en convalidaciones de gasto, encargos directos a la empresa pública Tragsa, contratos de emergencia o parques que tuvieron que cerrar por falta de medios».
Esta ilegalidad no es exclusiva de la Comunidad de Madrid sino que viene sucediendo, cada vez más con frecuencia, en otros territorios como San Sebastián, Vitoria, Cantabria, Oviedo o Gijón, donde los bomberos ya han puesto el asunto en manos de la justicia.
Precisamente el fallo del Tribunal Supremo fue ratificado el pasado 16 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, poniendo fin a un largo proceso judicial iniciado en 2015 y que condenó al Ayuntamiento de Gijón a destinar más de 1,5 millones de euros a inversiones reales que reviertan en un servicio más eficaz y seguro para los ciudadanos.
